Aerolíneas
EDITORIAL
Aerolíneas
El secretario de Transportes, Ricardo Jaime, trató de convencer al Congreso, la semana pasada, acerca de la conveniencia de solventar la quiebra de Aerolíneas Argentinas y Austral, ahora en manos de los españoles.
No convenció a nadie, ni siquiera a los propios oficialistas, tanto que Felipe Solá presentó una moción alternativa, de "expropiación, por causa de utilidad pública", (art. 17 CN) que no cambia la esencia del problema.
Hay que hacerse cargo de una deuda de 880 millones de dólares; Marsans, el grupo quebrado, quiere llevarse 150 millones de dólares como premio para no "revolver el avispero" (léase presentación ante el CIADI, el tribunal mundial de comercio, dónde ya existe una multitud de querellas contra el gobierno argentino) y se precisan 850 millones de dólares para restablecer el material de vuelo.
El Estado ya está pagando los sueldos y costeando los vuelos desde el mes de junio. En suma, un desembolso inicial de U$S 1.500 millones, apoyado en la necesidad --dice Jaime-- de mantener la comunicación con las regiones extremas del país, que ciertamente son las más vulnerables, más los gastos diarios de explotación, contra un ingreso anual teórico de $1.200 millones, dicen los españoles.
Marsans es un grupo aventurero, que se filtró aquí con la crisis de 2001, y está siendo juzgado en España por el desfalco de otros 800 millones, que le dieron allá para apoyarlo.
La pregunta es: si el Estado argentino sufrió penurias para pagar los 2.200 millones del Boden 2012 y sólo equilibró con el carísimo préstamo de Hugo Chávez al 15 por ciento, ¿se justifica poner 1.500 millones de dólares, de entrada, y luego respaldar toda su gestión operativa, sólo para que los españoles se marchen satisfechos y evitarle un problema al señor Zapatero?
