Hay cosas que nunca nadie pensó que podrían escucharse por boca de un guardia civil. Pero el pasado martes uno de ellos, Joan Miquel Perpinyá, declaraba a D7: «Que nadie tema porque un guardia civil deje de cumplir su misión porque seguirá siendo el primero en llegar al lugar de la emergencia. Pero es que ni siquiera hacen falta medidas de ese tipo, que nunca apoyaremos, porque para el Gobierno ya es un problema serio de disciplina que tres mil guardias civiles salgan a la calle de uniforme a reclamar sus derechos —como ocurrió el sábado día 20 cuando una marea negra de tricornios desbordó la Plaza Mayor de Madrid—. Ahora mando yo más que un general de la Guardia Civil, dicho sea con toda reserva, porque no hay ninguno que pueda juntar siquiera a 200 guardias pagándose ellos el viaje, asumiendo un grave riesgo personal y en su día libre. Por eso el Gobierno tiene un problema muy serio que se llama Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Así de sencillo».
Y así de amenazante: «No daremos pasos atrás —añadía a renglón seguido a ABC el secretario general de AUGC—. O se sientan a negociar o habrá más movilizaciones en la calle. El día 5 de diciembre dije que había recibido presiones y amenazas por los 192 guardias que fuimos de uniforme a presentar nuestras quejas ante el Defensor del Pueblo y entonces les avisé de que no debían preocuparse por ellos sino por los 4.000 uniformados que iba a plantar en el corazón de Madrid, y ahora digo que no se preocupen por los 3.000 de la Plaza Mayor sino por los 9.000 de uniforme que sacaré por las calles de la capital como no cumplan sus promesas. Y esa es la dinámica. Nada nos parará». Porque Perpinyá sabe, de la misma forma que Emeterio Saro, de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, o el sargento José Antonio Teyssiere, de la Unión Federal de Guardias Civiles, o su hermano Manuel, presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, y tantos y tantos otros —unos 29.000 afiliados a 10 asociaciones de un Cuerpo de 72.000 hombres y mujeres en activo y casi 8.000 en la reserva— que ya no hay marcha atrás. O sí, si como apunta Saro, «el ministro corta la cabeza a 80 hombres de los que todos sabemos sus nombres y sus apellidos y ya nadie se mueve. Y como los sabemos nosotros, lo sabe él».
Otra cosa es que se atrevan a eso o a sancionar a los 3.000 guardias después de que el Sindicato Unificado de Policía (30.000 afiliados) anunciara el jueves que, si se castiga a los manifestantes, ellos movilizarán a sus funcionarios y al resto de sindicatos policiales para que, también uniformados, protesten en la calle contra el Gobierno. El pulso a Zapatero y a sus ministros del Interior y Defensa estaba echado al boquear la semana y casi, presentían todos, ganado hasta que el viernes, al cierre de estas páginas, llegaba la notificación de apertura de expedientes informativos por parte de la Dirección General de la Guardia Civil a Perpinyá y al secretario de comunicación de la AUGC, Juan Antonio Delgado, «por falta muy grave», y una suspensión cautelar de funciones de 90 días. La contraofensiva oficial, alentada por el malestar del generalato, se había producido y una avalancha de llamadas, correos y SMS azuzaba a los guardias a no amilanarse. «Todos —fue el lema— hasta el final».
Tres pares de zapatos en 15 años, un solo jersey que se lava cuando se libra —y pueden pasar muchos días—, pantalones remendados, el mismo uniforme para invierno y verano —el color verde reglamentario pasa con los años por todas las tonalidades—, medios de seguridad que brillan por su ausencia —en un puesto principal de Madrid 35 guardias acaban de comprarse con su dinero chalecos de protección—, lo mismo que guantes anti cortes y pinchazos que salen de su propio bolsillo, o linternas si necesitan que iluminen…; muchos de los vehículos que conducen arañan los 400.000 kilómetros, y en los acuartelamientos la vida se parece más a la de los guardias de los años cincuenta del siglo pasado que a la de una moderna policía del siglo XXI, sin calefacción en muchos de ellos —en el del pueblo de Guadarrama o en el de Cenicientos se calientan con estufas de carbón—, dentro de edificios ruinosos y abandonados —parcheados por los propios guardias y esa obstinación autogestionaria del Cuerpo— donde no es raro encontrar entre grietas y humedades ratas que ya han pegado buenos sustos, y algún que otro mordisco, a los guardias y a sus resignadas familias. La cadencia de suicidios es de un intento o consumación cada diez días y una media anual de bajas psicológicas de 300 hombres, que se ceba con los más jóvenes.
La amenaza continua de la cárcel
Porque «no puede ser —apunta Manuel Teyssiere, representante de 400 oficiales— que un guardia llegue a su casa de un pueblo de Castilla, derrengado tras una jornada interminable, haber detenido a cuatro delincuentes, y que se quite la guerrera y se siente a comer en una mesa donde le esperan su mujer y sus hijos para los que es un héroe, y que horas después le metan en la cárcel por discutir con el cabo. ¿Qué secuelas dejará en esa familia tan tremenda acción? Nosotros luchamos por la supervivencia de la Guardia Civil siendo lo que es, pero comprendemos que es necesaria una reforma de las normas que encorsetan un Cuerpo en que duele pertenecer. El tema de la privación de libertad debería estar resuelto hace años».
«Porque nos forman en el “Todo por la patria” y ahí queremos seguir, pero se están haciendo las cosas muy mal. Necesitamos una modernización, pero no una desaparición. No se puede mirar para otro lado, porque ahí están 3.000 guardias de uniforme y en un Cuerpo en el que se mete a la gente en la cárcel por muy poco, y que se produzca una cosa como la del sábado revela cómo está la gente de fastidiada. Yo estoy destinado en el servicio marítimo —explica a D7 Teyssiere— y mis guardias civiles están mañana, tarde y noche navegando por ahí, codo con codo con funcionarios de vigilancia aduanera que cobran el doble que ellos y con una jornada menos sacrificada. Y todos dependemos de la misma Administración que nos trata de forma tan diferente. ¿Nos pasa esto por ser militares? Pues no lo sé, pero creo que si se nos mimara un poco no habría estos problemas. Porque ¡claro que la Guardia Civil tiene futuro! Otra trampa sería que nos redujeran a diez mil personas, nos metieran en los cuarteles y nos enviaran a una frontera por ahí, con lo cual, amén de la extinción, estaríamos ante casi un fraude de ley. El modelo policial se debe decidir en las Cortes Generales y nosotros cumplirlo, tanto si se decide un carácter civil o militar, pero no puede ser que si se elige un modelo policial mixto, como en Francia, Portugal o Italia, eso conlleve una nefasta política de cuarteles, de normativas internas, de enseñanza que no está acorde con los tiempos o arrastrando una división de escalas hecha a la sombra de la corrupción del director Roldán y que aún hoy arrastramos».
Sin duda, el estado de descomposición al que se ha llegado no es fruto de una decisión de última hora, ni de la desidia de unos meses, sino de la falta de voluntad política de años. El 21 de octubre de 2002, cuando Rodríguez Zapatero aún era oposición, reprochó al entonces Gobierno del PP el estado de las instalaciones que padecía el Instituto Armado —el mismo que hoy— e invitaba al entonces presidente Aznar a hacer «un repaso de cómo tenemos los cuarteles de la Guardia Civil». Pero hete aquí que cuando Rodríguez se vio alzado al poder aquella llamada de atención opositora se estrelló de bruces con la realidad del gobernante y por boca del director que puso al frente de la Benemérita, Goméz Arruche, disculpó lo que habría de venir con un «nuestra capacidad económica es limitada».
Y no sólo se trata de dilucidar unas manitas de pintura. El mismo Joan Miquel Perpinyá, con la fuerza de los 24.700 guardias civiles que le arropan, escribió una carta al presidente Zapatero, con fecha de 9 de diciembre de 2006, que no era sino el recordatorio de otra misiva enviada a La Moncloa un año antes y que nunca fue contestada. «Después de casi tres años de legislatura, las expectativas que teníamos respecto a la democratización de la Guardia Civil, el reconocimiento de derechos y la dignificación de las condiciones laborales, profesionales y sociales de los guardias civiles han sido profundamente defraudadas por el PSOE». Y no sólo porque les movieran esperanzas infundadas, sino porque como le recuerda Perpinyá al socialista, «nuestras peticiones figuran muy claramente en el programa electoral con el cual ustedes concurrieron a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Así en la página 50 de su programa electoral, que es —o debería ser— programa de gobierno, figuraban dos compromisos: La Ley Disciplinaria de la Guardia Civil suprimirá la sanción de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana, y en ese mismo ámbito atribuirá en exclusiva al Ministerio del Interior y mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitará la concurrencia con el Código Penal Militar; y se regulará el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros». Por eso el guardia le espeta al presidente que «que haga honor a la palabra dada y emprenda las reformas que la Guardia Civil necesita para modernizarse y convertirse en una fuerza de seguridad democrática al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas y propia del siglo XXI. De no hacerlo, se aboca a los agentes a una situación desesperada, nunca vivida en los 162 años de historia de la Institución, cuyo único responsable será su Gobierno, por el flagrante incumplimiento de su programa electoral y por el engaño que ello conlleva».
Cuando esto escribió, como hoy reconoce, bien sabía el portavoz de los guardias «que la legislatura ya estaba muerta y nada se puede hacer para que éstos disfruten lo que les prometieron y por lo que los eligieron. El anuncio del Gobierno de que va a aprobar el régimen disciplinario prometido es una maniobra burda de Pérez-Rubalcaba para desactivarnos porque él sabe perfectamente que no da tiempo a que se apruebe. Sí es verdad que ha habido mejora salarial de un 10,5% adicional al IPC, pero en todo caso por detrás de la Policía Nacional».
«Los quieren tontos»
Emeterio Saro, secretario general de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (APGC), también dice como Perpinyá que los 500 hombres a los que representa le tienen a él más ley que al propio mando. Un grupo creado a su imagen y semejanza después de que abandonara la AUGC «porque no se apoyaban las decisiones de la AVT». Esta semana se lo llevan los demonios después de escuchar en el Consejo Asesor de Personal del Instituto Armado, al que pertenece y del que se ha planteado dimitir «porque no vale para nada», que «ahora los que entran en la Guardia Civil tienen un coeficiente intelectual por debajo de la media, muchos de ellos procedentes del Ejército. Y me pregunto, ¿es que los quieren tontos para que no protesten?». Este guardia civil, que ha sido condecorado y felicitado por sus servicios operativos, le ha dicho dos veces a su director, Joan Mesquida, que «“la Guardia Civil va a dejar de trabajar como las cosas sigan así...”, y se miraban un general y él como si la cosa no fuera con ellos. No saben lo que tienen entre manos con la delincuencia tan terrible que está viniendo». Luego, como los demás, dice que después de lo del sábado no hay vuelta atrás. Y cuando la periodista le pregunta si sería posible una Guardia Civil desmilitarizada, duda: «No queremos el fin de la Guardia Civil, pero si se desmilitariza, desaparece. ¿Por qué iba un Estado a mantener dos policías civiles?».
Tras el modelo policial
Por eso Perpinyá apostilla que cuando se habla de desmilitarización se comete un error importante. «Nosotros no queremos la desaparición de la Guardia Civil, pero no tiene sentido dos cuerpos de la misma naturaleza en el mismo país. En España debería abordarse el modelo policial que queremos tener, pero los políticos no están a la altura. Así que la gente avanza por la política de hechos consumados. Reconocer derechos tampoco es desmilitarizar y ejércitos como el Alemán tienen sindicatos. Además, los derechos se pueden pactar en términos muy modestos, pero el PSOE no quiere avanzar. ¿Vamos a la desaparición de la Guardia Civil tal y como la entendemos ahora? La Guardia Civil sólo sobrevivirá conquistando el espacio intermedio entre la Policía civil y el Ejército en el control de las fronteras, misiones en el exterior, control marítimo… Yo no querría estar en la Institución para estas labores, pero otros sí. ¡Qué tiene de militar un guardia civil de tráfico como yo!». «¿Usted se iría a la Policía Nacional?», pregunto. Y antes de acabar la pregunta se oye «sí».
El pasado jueves y en torno a las migas con que el Jefe del Estado Mayor del Ejército invitaba en el Cuartel General, altos mandos recordaron para D7 a sus padres y abuelos guardias civiles —hubo quien llegó a exclamar un «¡menos mal que están muertos porque si vieran esto...!»— o cómo el que se hace guardia sabe a lo que se mete, que a nadie se le escapa lo que son las Fuerzas Armadas y la renuncia a derechos que supone, el amor y la vocación que implica, así como la gravedad de manifestarse de uniforme y gritar embustero al presidente. Los hubo que vieron en ello la mano siniestra que busca acabar con la Benemérita y quien apuntó la necesidad expresada por la UE de crear una gendarmería europea donde nuestra Guardia Civil ocuparía la primera línea de la excelencia. Y todos coincidieron como un solo hombre que entre el honor, la lealtad y el sacrificio que allí se respiran tampoco cabe el incumplimiento de lo prometido. Difícil papeleta para el presidente.
