MIEDO - PARTES I Y
II
MIEDO - PARTES I Y II
MIEDO
(PARTE I)
Como
en una tragedia griega, después de treinta años de democracia, el miedo ha
reaparecido en la Argentina. Las actitudes temerosas de la ciudadanía,
signo de las épocas más oscuras, han vuelto bajo nuevas formas y de la
mano de los graves abusos de poder.
Como en una tragedia griega, después
de treinta años de democracia, el miedo ha reaparecido en la Argentina. Es
un fantasma que silencia, reprime, somete y enturbia la vida de la
población. El ejemplo más reciente es que ni siquiera los integrantes de
la selección argentina de fútbol subcampeona del mundo hayan podido
festejar su logro junto con el pueblo en la emblemática Plaza de la
República por entender, con muy buen criterio tras los lamentables
episodios de violencia vividos en la noche del domingo último, que ni
ellos ni nadie tenían garantizada su seguridad.
No es la única clase de miedo que
sufren los argentinos. Las cosas se dicen en voz baja -cuando se dicen- y
cualquier opinión se ve obligada a recorrer el camino de la vigilancia
previa para evitar decir lo que se quiere donde se sabe que no será bien
recibido.
Empresarios que, por miedo, callan
en público y ponen condiciones extremas a la hora de relatar en privado,
cuestionan la fiabilidad de los teléfonos como meros transmisores de
mensajes y evitan los mails para que no quede constancia escrita de sus
ideas u opiniones.
Intelectuales y artistas se
autocensuran excluyéndose de la vida pública y soslayando encuentros
personales. Hasta hay amigos que ya no se frecuentan y familiares que
dejaron de verse porque prefieren evitar las discusiones, los roces y las
consecuencias que pueda provocar la simple divergencia de opiniones
políticas.
El hombre de la calle tiene miedo.
Está expuesto al delito callejero en sus distintas modalidades. Las
entraderas, las salideras, los arrebatos y los asaltos diurnos y
nocturnos. Los motochorros, los hombres araña, los sacarruedas, los
quemacoches, los lanzapiedras. Los secuestros reales y virtuales. Hay
miedo en los colectivos, en los trenes, en las paradas, en los estadios.
Los conductores están alertas en los semáforos y recelosos en las
autopistas, soslayan las colectoras y dudan ante operativos policiales.
Miedo ante bloqueos, piquetes y encapuchados. Atemorizan los reales y los
falsos "trapitos", limpiavidrios y cuidacoches.
Los chicos tienen miedo en la
escuela, en la plaza, en los boliches. Miedo a los patovicas, las facas,
el bullying y las violaciones. Las maestras tienen miedo a los alumnos y,
en algunos casos, terror a ciertas reacciones de sus padres. Las guardias
de hospitales temen la irrupción de delincuentes heridos. En barrios
olvidados o en villas de emergencia, las familias tienen miedo por sus
hijos y reclaman protección policial. Algunos policías tienen miedo de
actuar como tales. La mayoría lo hace y muchos mueren con el uniforme
puesto: pero otros son sumariados por hacerlo. Y, ante la inacción, surgen
los escraches y los linchamientos, regresión a épocas
cavernarias.
La "década ganada" ha descarriado la
función del Estado y éste, por exceso o por defecto, se ha convertido en
enano de jardín ante la expansión del delito y en un energúmeno para
consolidar la hegemonía kirchnerista. Se ha abandonado el imperio de la
ley, garantía de protección ante los delincuentes y resguardo frente al
poder desviado de los gobernantes.
Se padece la ausencia del Estado o
su reemplazo por otro Estado que confunde empleos genuinos con
clientelismo y trabajo subsidiado o militante, que no desarticula el
tráfico de drogas por sus vinculaciones con el poder y que no educa en
valores ni para la inserción en un sistema que se cuestiona, prefiriendo
El Eternauta a Domingo Faustino Sarmiento, el relato a la realidad, además
de los bombos a los libros, que no muerden.
El hombre común, expuesto a la
violencia civil, está cada vez más lejos de las esferas de poder, donde se
define el futuro de sus hijos. En esos círculos, la sumisión y el silencio
se logran con dinero o intimidación: la zanahoria o el
garrote.
El uso de recursos públicos para
domesticar voces críticas o crear nuevos grupos concentrados se
instrumenta mediante cargos en el Estado, subsidios a medios alineados, a
empresas de transporte, a cooperativas militantes y a ONG clientelistas.
Cooptación de artistas, periodistas, locutores y malabaristas. Pero la
utilización de fondos públicos es riesgosa, requiere resoluciones y
contratos, publicaciones en el Boletín Oficial y, a veces, se termina en
la Justicia, como el desvío de fondos en Fútbol para Todos. Por ello, el
secretismo se impone sobre los principios republicanos y la ley de acceso
a la información se cajonea año tras año.
Recurrir al miedo, puro y simple, ha
sido más práctico y generalizado. No requiere partidas presupuestarias ni
quedan constancias escritas. La extorsión verbal o la utilización desviada
de potestades públicas son formas eficaces para silenciar, reprimir y
someter. El propio Néstor Kirchner intimidó al empresario Alfredo Coto por
opinar sobre la inflación, y la propia presidenta de la Nación envió por
Facebook una carta a Ricardo Darín por haberse referido el actor al
patrimonio presidencial. La jefa del Estado aprovechó esa misiva pública
para recordarle al actor un antiguo proceso penal que lo había afectado,
aunque hubiera sido sobreseído.
El ex secretario de Comercio
Guillermo Moreno, mediante violentos procederes, amenazó a directivos de
empresas, invocando facultades no otorgadas por la ley de abastecimiento.
Rodeado de matones y con guantes de box, irrumpió en una empresa privada,
Papel Prensa, para hacer fracasar asambleas y, luego, repitió el show en
el Grupo Clarín, con gritos y camarógrafos llevados especialmente para
registrar las escenas de matonismo.
Fue Moreno quien echó a la titular
de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina
(Adecua), Sandra González, por hablar sin permiso y amenazó con quitar su
licencia a la despachante Paula De Conto por confrontarlo. Blandiendo el
garrote fiscal, presionó a empresarios en infinidad de oportunidades,
siempre con violencia y lenguaje soez. Amenazó y multó ilegalmente a
consultoras que medían el aumento del costo de vida de forma mucho más
seria que el alguna vez respetado mundialmente Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec). Y con su recordado "pongui y pongui", obligó
a empresarios a donar fondos para los inundados de La Plata, aunque el
dinero sigue dando vueltas sin llegar a sus verdaderos
destinatarios.
Miedo representa Luis D' Elía, niño
mimado de los Kirchner, ex secretario de Tierras y Hábitat Social, amigo
de Chávez, socio de Irán y negador del Holocausto, procesado por
intimidación pública tras tomar por la fuerza la Plaza de Mayo en la
denominada "marcha del campo" y por ocupar una comisaría, lo que causó
"lesiones, daño agravado, atentado a la autoridad calificado y privación
ilegítima de la libertad".
Por cierto, también producen temor,
además de desprecio, los agravios de Hebe de Bonafini lanzados a quienes
se le crucen en el camino, incluidos jueces y miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, o sus juicios populares contra periodistas
críticos del Gobierno. Y dan especial miedo porque tales episodios nunca
son ni refutados ni siquiera condenados por la Presidenta, que la invita a
todos sus actos públicos.
Hay temor también hacia la primera
mandataria cuando explícitamente pide que se le tenga "miedo a Dios" y, a
ella, "un poquito".
Han pasado treinta años desde la
recuperación democrática. El miedo, signo y símbolo de épocas oscuras, ha
reaparecido en nuestro país con nuevas formas, al extremo de poner en
riesgo la libertad de expresión. Alentado desde lo más alto de la
conducción política, esa modalidad de amedrentamiento está abriendo
grietas muy profundas, causando un daño que costará mucho
revertir.
MIEDO
(ÚLTIMA PARTE)
El
atril presidencial se ha usado para intimidar, y muchos organismos del
Estado han sido herramientas para atemorizar a opositores y críticos del
Gobierno.
La última década dio testimonio de
los graves y desvergonzados desvíos de poder que implica el empleo de los
organismos del Estado como herramientas para atemorizar a opositores o
escarmentar a librepensadores y críticos del Gobierno.
Como reflexionábamos en nuestro
editorial de ayer, la política del miedo ha ido socavando relaciones,
destruyendo lazos de confianza, espantando inversores y ahondando todavía
más el deterioro moral e institucional del país a lo largo de la mal
llamada "década ganada".
Las amenazas e intimidaciones
proclamadas desde el atril presidencial son uno de los peores ejemplos e
indicador tristemente gráfico sobre los abusos en que incurre el poder
gubernamental, corporizándose en la más alta investidura para defenestrar
a quienes se atreven a opinar distinto.
Por cadena nacional, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner no sólo cuestionó duramente a un corredor
inmobiliario por el simple hecho de haber hablado de la desaceleración de
su sector de actividad económica. La primera mandataria también citó
información sobre su situación personal ante el fisco, prescindiendo del
riguroso secreto fiscal que ampara a los ciudadanos, a punto tal que el
broker fue luego suspendido por el ente recaudador.
La política del miedo anida también
en la Unidad de Información Financiera (UIF), centro neurálgico de todos
los movimientos financieros del país, que recibe de bancos, escribanos,
aseguradoras y sociedades de bolsa los reportes de las operaciones que
puedan ser sospechosas.
Ha quedado demostrado que, para el
kirchnerismo, resulta demasiado tentador disponer de tan abundante
información confidencial sin ponerla al servicio de su destino hegemónico.
José Sbattella, quien dirige la UIF, es un economista sin formación
específica, pero militante K, que designó a parientes y amigos inexpertos
en puestos clave. No se trata de una cuestión técnica, sino estratégica:
se investiga a opositores y se congelan expedientes contra el oficialismo
como el de Lázaro Báez.
La Inspección General de Justicia
(IGJ), hoy en manos de La Cámpora, es otro instrumento de esta aberrante
política de coacción. Frena denuncias que afecten al poder y no da
información sin el visto bueno de sus operadores. Pidió datos
confidenciales a las mil empresas más importantes del país para
"apretarlas"; idéntico procedimiento siguió la Secretaría de Comercio. El
titular de la IGJ, Luis Tailhade, publicó en su cuenta de Facebook afiches
con las fotos de los empresarios a cargo de esas firmas, bajo la leyenda:
"Éstos son los que te roban el sueldo".
La prepotencia es uno de los sellos
de La Cámpora. Así lo sintió el periodista del noticiero de la TV Pública
Juan Miceli, desplazado después de preguntarle al diputado Andrés Larroque
acerca del uso de pecheras de esa agrupación en la trágica inundación en
La Plata. El vejatorio trato de Juan Cabandié hacia una agente de
tránsito, las persecuciones a empleados "no alineados" en la Cancillería,
las amenazas al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan
Carlos Maqueda, y el clima de temor impuesto en todos los organismos
ocupados por esa agrupación dan cuenta de graves abusos, muchos de los
cuales no trascienden pues quedan en ámbitos exclusivamente
privados.
En el inventario del miedo y la
extorsión no puede omitirse tampoco el coercitivo accionar de la
tristemente célebre Secretaría de Inteligencia del Estado (SI, ex SIDE),
otro ejemplo de graves desvíos de poder.
Junto con la prensa independiente,
uno de los huesos más duros de roer para el kirchnerismo ha sido el Poder
Judicial, última garantía del Estado de Derecho. Hasta allí también llega
la política del miedo.
El propio presidente de la Corte
Suprema, Ricardo Lorenzetti, sufrió una investigación de la agencia
recaudatoria luego de conocido el fallo adverso a las leyes kirchneristas
sobre reformas que pretendían acabar con la independencia del Poder
Judicial. Es impensable que esta orden no haya sido impartida desde lo más
alto del vértice de poder.
Con el miedo se pretende sustituir
el imperio de la ley. Se quiere instaurar un régimen que responda
exclusivamente a la voluntad del Poder Ejecutivo. Ello explica la
proliferación de jueces interinos o subrogantes, quienes pueden ser
removidos por el mismo órgano que los designó, así como la reciente
designación para la Corte Suprema de una gran cantidad de conjueces
cercanos al Gobierno.
Quienes no entiendan el significado
de la "democratización de la Justicia" deberán enfrentar el juicio
político, como les ocurrió, entre tantos otros, a dos miembros de la
Cámara Federal de la Seguridad Social que fallaron en favor de los
jubilados, conforme a lo que establece la ley y la jurisprudencia del más
alto tribunal, o bien arremetidas como la que sufre el fiscal José María
Campagnoli, enjuiciado por investigar a Lázaro Báez, suspendido en su
cargo y restituido en él la semana que acaba de
concluir.
Durante ese vidrioso proceso -aún no
concluido, pues el kirchnerismo procura retomar más adelante el jury de
enjuiciamiento contra Campagnoli- trascendió que el Gobierno habría
solicitado colaboración internacional para investigar a un grupo de
tuiteros que defendían al funcionario judicial suspendido. Como
consecuencia de ello, el juez Claudio Bonadio recibió una denuncia para
investigar si desde organismos del Estado funcionan "redes de espionaje y
persecución política".
En los inicios del caso Ciccone,
para defender al vicepresidente Amado Boudou, la Casa Rosada aplicó una
estrategia "ejemplificadora", desplazando tanto al juez federal Daniel
Rafecas como al fiscal Carlos Rívolo y al procurador general Esteban
Righi, diseñando un modelo de procedimiento que hoy se quiere profundizar
para aventar cualquier atisbo de independencia judicial.
La reemplazante de Righi, Alejandra
Gils Carbó, integrante de la agrupación Justicia Legítima, garantiza la
coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal, como
-a su juicio- lo requiere una Justicia auténticamente "democratizada",
eufemismo para disfrazar su total sometimiento al
Gobierno.
El Consejo de la Magistratura,
controlado por el oficialismo y entrenado en políticas intimidatorias por
integrantes de La Cámpora, intenta proteger el fin de ciclo del
kirchnerismo con jueces que garanticen su imprescindible impunidad a
futuro, ya sea impidiendo la remoción de los magistrados que debieran ser
expulsados, como Oyarbide, o para asegurarse la designación de "jueces
amigos".
El miedo también fue utilizado para
introducir socios afines al Gobierno en empresas o influenciar en el pase
de manos de empresas privatizadas que operaban en el país. Es antológico
el acceso del grupo Eskenazi, como "experto en industrias reguladas", en
la emblemática YPF. También manipuló el Gobierno los casos de Transener,
Edenor, TGN, Gas Natural BAN y las estatizaciones de Aguas Argentinas y
Aerolíneas Argentinas.
Con el lenguaje de la prepotencia y
operando la intervención de organismos competentes en distintas áreas
involucradas, La Cámpora quiso eliminar a LAN Argentina como competidora
de Aerolíneas, cancelando rutas, no otorgando nuevas y hasta intentando su
desalojo del hangar en el Aeroparque. Para no mencionar el caso de Shell,
cuando el ex presidente Kirchner arengó a boicotear sus estaciones de
servicio y Guillermo Moreno continuó con una persecución tan arbitraria
como discriminatoria.
El miedo habría sido determinante
para forzar ventas de medios de comunicación y para crear un conglomerado
mediático concentrado al servicio del relato oficial.
Por miedo y conveniencia, los
contratistas del Estado no impugnan licitaciones manifiestamente
"arregladas", ni se atreven a brindar testimonio en Tribunales acerca de
"retornos" a funcionarios con facturas apócrifas.
Lo mismo ocurre en muchas cámaras y
organizaciones que nuclean a distintos sectores del quehacer económico y
social de nuestro país que no se animan a hacer públicas las críticas que
hacen en privado.
El ex funcionario del Ministerio de
Economía José Capdevila, testigo en la causa Ciccone, quien se fue del
país acorralado por amenazas, es otro ejemplo más, al igual que Laura
Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, sindicado como "testaferro" de
Amado Boudou, quien optó por quedarse y decir valientemente su
verdad.
Cuando el Poder Ejecutivo sólo
persigue someter a la Justicia, dominar al Poder Legislativo,
convirtiéndolo en su mero apéndice, coartar la libertad de prensa y
neutralizar a los órganos de control de la República, la proclama del
"Vamos por todo" se convierte en otra consigna de miedo, reflejo del
apartamiento del Estado de Derecho y camino seguro hacia un inevitable
régimen totalitario.
