| Por si fuera poco, también ordenó no dar entrevistas a^ciertos medios y por no cumplir esta última imposición echo a una funcionaria. La ministra de defensa Nilda Garré –gravemente cuestionada por su irregular declaración jurada- cometió su segundo error en el marco de las causas por la supuesta desaparición del militante kirchnerista Luis Gerez –ahora funcionario K- y del primer desaparecido en democracia Jorge Julio López.
El día 17 de enero, Garré ordenó el traslado de un detenido por causas de derechos humanos que está en manos del juez federal Sergio Torres, este magistrado es el “tutor” no solo de la causa sino también del procesado, el lugar de detención y sus garantías.
La ministra al ordenarle al Jefe de Estado Mayor de la Armada el traslado del Capitán de Fragata Adolfo Donda no sólo vulneró las garantías durante el proceso que le asisten al marino, sino que pasó por alto la autoridad del juez competente y avasalló a otro poder del estado como es la justicia federal al ordenar el cambio del lugar de detención, de esta forma también comprometió a Jorge Godoy, jefe de la armada quien cumplió con la orden de inmiscuirse en el poder judicial, en esta acción podría quedar comprometido el mismo juez que permitió la intromisión, por lo que podría quedar expuesto a un juicio político. Cabe recordar que el juez Torres debe velar por las condiciones de detención por el ordenadas y que el poder ejecutivo, representado en este caso por la ministra Garre no puede agravar la detención del marino sin estar violando los derechos humanos del mismo. Según nuestras fuentes Garre recibe información de la Side y en el organismo tiene orden de “encontrar” de cualquier manera información que vincule a miembros de las Fuerzas Armadas y el ex comisario Patti en el montaje político sobre el supuesto secuestro de los albañiles Luis Gerez y Jorge Julio López, el primer desaparecido de la democracia, según el propio gobernador Solá.
Gerez, quien fuera detenido en el año 1972 por una denuncia realizada por su ex esposa por la violación de su propia hija y que luego se definiera el mismo, como militante político kirchnerista comprometió con su dudoso secuestro, transformándolo en un sainete, por sus propias declaraciones y las de sus allegados, al propio presidente de la Nación quien hizo declaraciones por cadena nacional involucrando subliminalmente a miembros de las fuerzas armadas y policiales y que hasta la fecha, no sólo no se pudieron demostrar, sino que hasta los fiscales del caso ponen en tela de juicio al mismo denunciante. Anteriormente la ministra había ordenado a Carlos Aguilar Director de inteligencia estratégica militar y a varios oficiales del ejército realizar procedimientos en instalaciones de Campo de Mayo para determinar si el otro albañil desaparecido Jorge Julio López se encontraba sepultado en el mayor predio militar de nuestro país. Al ordenar Garré esas investigaciones técnica y jurídicamente violo e hizo violar la ley de inteligencia y seguridad interior que prohíbe explícitamente la inteligencia interna a miembros de las fuerzas armadas, dado que este pedido también lo realizó al margen de la instrucción de la causa que esta en manos hoy de la justicia federal, desde luego también avasalló nuevamente al poder judicial, pero con la excusa de “colaborar”. Es evidente que la ministra al margen de las intromisiones a la justicia, también tiene declarada una guerra contra la libertad de prensa, tal como quedó demostrado con la expulsión de su gabinete de Andrea Prodan, quien oficiaba de nexo entre el Ministerio de Defensa y el Congreso Nacional por haber concedido un reportaje a la revista Noticias, así como declaró la ex funcionaria a la propia Noticias cuando contó que la ministra -a través del vocero del ministerio Jorge Bernetti- había ordenado a todo su gabinete sólo conceder entrevistas a las revistas Veintitrés, Debate y al diario Pagina 12, seguramente por considerarlos “de confianza”. A partir del recorte de esta semana, tanto el reingreso como el egreso de personal militar retirado debe ser puesto a consideración de la cartera de Garré. De esa manera, eliminó la prerrogativa que otorgaba esa facultad al jefe de cada una de las fuerzas que ahora deben depender de la veña de la cartera de Defensa.
La reincorporación de retirados es hasta ahora una práctica muy usual, que permite a militares que se jubilan muy jóvenes, sumar otro sueldo a su jubilación de privilegio.
La decisión, adoptada mediante la resolución 216, determina "también que cada solicitud deberá ser acompañada por el legajo del agente, en el que se consignen los datos personal del candidato con indicación del grado alcanzado al momento del retiro, fecha y motivo del retiro e indicación del último destino". Además, la postulación “debe estar acompañada de un informe elaborado por el Jefe de la Fuerza en el que deberán consignarse los criterios profesionales y éticos en que se fundamenta la propuesta del candidato así como también la indicación expresa de los motivos por los cuales se considera necesario cubrir la vacante con una persona en situación de retiro". | 
