Además, los obispos católicos se quejaron porque, si bien en su momento fueron consultados para la elaboración de la ley, luego sus propuestas no fueron incluidas en el texto final del proyecto, tal como lo había anunciado el gobierno nacional.
La iglesia reclamó además "evitar ambigüedades que originan intranquilidad e innumerables conflictos" en el proceso educativo y cuestionó la "sorpresiva" inclusión como contenido curricular del CEDAW. Se trata de un protocolo que, al entender eclesiástico, facilita el aborto, o que se favorezca la no discriminación por género, principio al que evaluó como una "distorsión" en la educación sexual.
En ese sentido, los obispos instaron “vivamente a los padres de familia, a los docentes y directivos, a los alumnos, al personal de gestión y de apoyo, a los comunicadores sociales y a los distintos niveles de gobierno, a asumir el compromiso para un renovado y eficaz esfuerzo por la educación argentina”.
El Episcopado argentino difundió la reflexión "La Iglesia y la nueva ley de educación nacional", en el marco del XXI Congreso Interamericano de Educación Católica y del 44º Curso de Rectores, que hasta el sábado reúne a más de 2.000 personas en el predio de la Sociedad Rural, del barrio porteño de Palermo.
La Iglesia advirtió que "el fracaso" de las sucesivas reformas educativas no es por falta de recursos financieros, sino por la "discontinuidad de programas y proyectos, que se inicien y luego se suspenden o que cambian de rumbo en los sucesivos cambios de gobiernos o funcionarios".
"La falta de evaluación de las políticas públicas y de los reajustes necesarios, son factores que en gran medida originan la situación de emergencia que se presenta en nuestra sistema educativo", sostuvo en el texto la Comisión Episcopal de Educación Católica que preside monseñor Guillermo Garlatti (Bahía Blanca).
Ante un contexto que definieron "de sano pluralismo pero también de reaparición de algunos proyectos ideológicos de signo hegemónico", los obispos se comprometieron e invitaron a "una activa participación de las familias y de las instituciones de la sociedad civil para asegurar, tanto en la gestión estatal como en la gestión privada de cada jurisdicción, el mejor ejercicio posible de la vida educativa".
"Nuestros niños y jóvenes merecen los mejores esfuerzos para que puedan lograr un desarrollo integral de su personalidad. De esta manera seremos colaboradores del plan de Dios y de las potencialidades y de la libertad de los argentinos en un proyecto común de Nación", aseguraron en el documento de cuatro carillas.
Tras valorar puntos positivos de la ley, sobre todo que se priorice la educación como política de Estado y que se favorezca a los sectores más desprotegidos, la Iglesia expresó preocupación por la "excesiva centralización del sistema educativa, particularmente en lo relacionado con la formación docente".
Los obispos recordaron que "la educación es asunto público y debe, por tanto, involucrar a todos sus actores y concitar su participación responsable, tal como se señala en varios de los artículos de la presente Ley de Educación Nacional".
Sin embargo, precisaron que para que la participación funcione es "preciso definir y establecer tiempos y espacios, criterios y mecanismos concretos, como un dispositivo regular de los procesos educativos desde el nivel local hasta el nivel nacional, desde la escuela hasta las instancias ministeriales e intergubernamentales en que se define y decide la educación".
El Episcopado consignó en este sentido que "todos los actores comprometidos en el proceso educativo requieren un clima de permanente serenidad para llevar adelante en forma conveniente su misión", y sostuvo que "para ello toda la normativa jurídica y la gestión de las políticas deben evitar ambigüedades que originan intranquilidad e innumerables conflictos".
"Además de la capacidad, el realismo y la continuidad en la implementación y ejecución de las políticas educativas, se ha de tener muy en cuenta la honestidad y la transparencia en funcionarios, metodologías y asignación de recursos, justicia y equidad en salarios y jubilaciones, y una constante evaluación de las políticas públicas", puntualizó.
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