Las filiales de la compañía Siemens en Venezuela y Argentina admitieron haber pagado sobornos millonarios a funcionarios en ambos países a cambio de tratos favorables en contratos pagados con dinero público, según documentos judiciales de la condena a la empresa alemana en Estados Unidos.
La compañía argentina admitió que entre septiembre de 1998 y el año 2007 hizo "significativos pagos" de forma "directa e indirecta" a "varios" funcionarios a cambio de un trato de favor en conexión con el proyecto del documento nacional de identidad, valorado en unos 1.000 millones de dólares.
Además, la empresa admitió que desde que Siemens comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York en marzo de 2001, pagó unos 31,263 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos. Esos pagos fueron registrados inadecuadamente en sus libros de cuentas como "gastos de consultoría" o "gastos legales".
Al mismo tiempo, Siemens Venezuela admitió que desde noviembre de 2001 y hasta mayo de 2007 pagó sobornos por valor de "al menos" 18,78 millones de dólares a funcionarios veenezolanos, a cambio de un trato favorable en la adjudicación de los proyectos para construir un tren suburbano en Valencia y otro en Maracaibo.
Cada una de las dos filiales tendrán que pagar una multa de 500.000 dólares. Según los documentos judiciales, ambas partes acordaron una cifra tan baja porque el cálculo de la multa sería muy complicado debido a la dificultad para ponderar la responsabilidad de la empresa matriz y de una filial. Por ello, la mayor parte de la carga en el caso fue adjudicada a la empresa matriz.
Siemens acordó pagar una cantidad de casi mil millones de euros (1.366 millones de dólares) en multas por el escándalo de pago de sobornos en el extranjero.
De esa cantidad el gigante tecnológico pagará una sanción económica de 600 millones de euros (casi 820 millones de dólares) en Estados Unidos, según decidió hoy la corte encargada del caso en Washington, mientras que otros 395 millones de euros (casi 540 millones de dólares) serán abonados en Alemania, de acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía de Múnich, encargada del caso.
De los más de 800 millones de dólares que se pagarán en Estados Unidos, 450 millones fueron impuestos por el Departamento de Justicia y otros 350 millones por la Comisión Nacional de Valores (SEC). |
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