Dos ex ministros de                                  Salud, uno de la administración menemista y otro                                  del gobierno aliancista, junto con a una ex                                  secretaria de Industria durante la presidencia                                  de De la Rúa y tres funcionarios aduaneros,                                  fueron denunciados por contrabando y estafa a la                                  administración pública, entre otros delitos, por                                  la Dirección General de Aduanas. 
Las maniobras                                  denunciadas se habrían perpetrado sobre                                  importaciones efectuadas entre 1998 y el 2000                                  por el Ministerio de Salud, por un monto total                                  de 74 millones de dólares.
 La                                  denuncia fue formulada luego de detectarse                                  numerosas irregularidades en la documentación de                                  los bienes ingresados, el destino dado a éstos y                                  en las diferencias entre los bienes declarados e                                  ingresados, pese a que las compras se efectuaron                                  a partir de una licitación que señalaba                                  fehacientemente qué se iba a comprar y cuál                                  sería su destino. Los ex funcionarios de alto                                  rango denunciados por su responsabilidad en los                                  hechos son los ex ministros Alberto Maza y                                  Héctor Lombardo y la ex secretaria de Industria                                  Débora Giorgi.
El trámite                                  licitatorio para la compra de equipamiento                                  médico, libre de gravámenes, había sido iniciado                                  en 1997. En general, el ingreso de la mercadería                                  se realizaba por la Aduana de Buenos Aires                                  –entrando por Ezeiza– y se derivaba en tránsito                                  a la Zona Franca de La Plata, desde donde se                                  producía su nacionalización y liberalización al                                  mercado interno. En este tránsito se verificaron                                  las primeras irregularidades documentales, al                                  utilizarse documentación provisoria a la que se                                  le dio carácter de declaración definitiva. De                                  tal forma, se eludió la obligación del ingreso                                  de la mercadería por canal rojo –control                                  integral–, ya que dichas operaciones de tránsito                                  “nunca fueron registradas en el sistema                                  informático” aduanero, el Sistema María. Dicho                                  trámite se complementaba efectuando la salida de                                  la mercadería de la Zona Primaria Aduanera “en                                  forma manual”.
El Departamento de                                  Auditoría de la Dirección de Aduanas realizó una                                  labor de verificación del destino de la                                  mercadería importada, comprobando en ese                                  análisis diversas irregularidades, como                                  diferencias de marca y origen con respecto a los                                  consignados en la documentación aduanera.
La denuncia                                  formulada ante el fuero penal económico por el                                  director general de Aduanas, José Sbatella,                                  describe la verificación efectuada por un agente                                  de la Aduana de Puerto Deseado en el Hospital                                  Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.                                  Allí se verifica “la existencia de una                                  computadora marca Siemens modelo Scenic Pro de                                  origen alemán”, cuyo monitor era, en cambio, de                                  origen chino. El certificado de instalación y                                  puesta en funcionamiento expresaba que el modelo                                  de la computadora sería 650 Scenic. Pero una                                  nota previa emitida por la filial argentina del                                  proveedor adjudicatario, Nissho Iwai, del 8 de                                  marzo de 2000, informaba a la Dirección de                                  Compras y Suministros del Ministerio de Salud                                  que, “según información proporcionada por la                                  empresa Siemens, las 500 cumputadoras marca                                  Siemens modelo Scenic Pro incluidas en el                                  pliego, serán reemplazadas por el modelo Scenic                                  650 PII 400, las cuales superan ampliamente la                                  tecnología solicitada en el pliego de la                                  licitación”. Es decir, que el equipo instalado                                  en el Hospital Caleta Olivia no sólo sería de                                  tecnología inferior a la señalada en la nota del                                  proveedor, sino que además el monitor habría                                  sido reemplazado por otro de origen chino.
Además de las                                  mencionadas irregularidades por diferencias de                                  marcas, modelos y orígenes en la mercadería, la                                  verificación en lugar de destino efectuada por                                  la Aduana arrojó otros resultados                                  sorprendentes:
u                                  Instituciones que no han recibido el                                  equipamiento asignado.
u                                  Existencia de bultos cerrados sin verificar su                                  contenido.
u                                  Existencia de contenedores con equipamiento                                  médico en predios fuera del destino asignado, a                                  la intemperie, sin precintos y sin                                  vigilancia.
La denuncia de la                                  Dirección General de Aduanas involucró, por lo                                  tanto, a los ministros de Salud responsables de                                  la importación de los equipos, a la Secretaría                                  de Industria y Comercio que habría permitido                                  determinados procedimientos irregulares y a los                                  funcionarios de Aduana que con su firma                                  convalidaron algunos de los mismos.
El detalle :
 Giorgi                                  trabajaba en el estudio de González Fraga, el                                  más importante de la city de ese momento -en el                                  que también estaban Pedro Lacoste y Alfonso De                                  Prat-Gay-. Era el estudio preferido de Juan                                  Vital Sourrouille, ministro de Economía de Raúl                                  Alfonsín.
Dicho estudio                                  funcionaba en la calle Lavalle, frente a Plaza                                  Roma, arriba de un restaurante que en ese tiempo                                  tenía mejor gastronomía que ahora. En diagonal                                  al estudio, se encontraba el diario La Nación,                                  donde en ese tiempo escribía la persona que hizo                                  famosa a Giorgi. ¿Cómo? La hizo parecer                                  inteligente y bella. 
Se trata de Juan                                  Carlos Casas, quien tenía una columna en el                                  suplemento económico del diario llamado                                  'Dialoguitos en la City', que firmaba con                                  seudónimo David Hume. En dicha columna, los                                  personajes más interesantes eran todos los del                                  estudio de Fraga (obviamente, con nombres                                  supuestos). Débora Giorgi era el personaje                                  denominado 'La Turca', y eso fue lo que la hizo                                  trascender: todos creyeron que era muy bonita y                                  muy inteligente...
Además, en esos                                  tiempos competía con otra economista, María                                  Beatriz Nofal. Tanto Giorgi como Nofal                                  adhirieron a la Alianza y luego, de ahí, se                                  hicieron kirhcneristas. Ambas competían por                                  quién era la más linda e inteligente del                                  afonsinismo, competencia que parece aún no haber                                  cesado ya que Nofal era otro de los nombres que                                  sonaba con fuerza para ocupar la titularidad del                                  nuevo ministerio de Producción. 
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