El escándalo del virtual “ministro de economía” Julio de Vido, salpica directamente al Presidente Kirchner, ya que “sería una especie de socios” ... Mas allá del tema netamente de funcionarios:
“El Pacha Velazco mas que complicado”:
Facturas truchas y coimas fuera de control en una de las obras públicas más grandes de la era K
Foto Pagina 12
Una de las obras más importantes del kirchnerismo podría convertirse en un escándalo de corrupción por el delito de cohecho o “coimas”. Esa es la hipótesis que maneja la justicia penal tributaria que investiga una red de facturas truchas que ocultaba maniobras de evasión impositiva y pagos ilícitos y que involucra a la compañía Skanska de origen sueco, principal constructora de puentes a nivel mundial y que factura 200 millones de dólares al año en la Argentina. Pese a la importancia de la inversión extranjera, sobre todo en obra pública, esta empresa no realizará más proyectos en la Argentina. La gran responsabilidad recae sobre la administración K y más precisamente sobre Julio De Vido…
Esta empresa construyó la ampliación del Gasoducto Norte, controlado por el ministerio que conduce el kirchenerista y ministro de Planificación, Julio De Vido. Gran parte de las maniobras se habrían realizado al abrigo de los Fondos Fiduciarios para Obra.
La supervisión de todo está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y al Enargas (Ente Nacional de Regulación del Gas), áreas que dependen directamente de De Vido. Esto incluye la fiscalización técnico-contable de las ampliaciones de la capacidad de transporte del Gasoducto Norte. Este es el punto donde se produjeron las mayores irregularidades.
Del expediente de la causa surge que existe una estructura económica ilegal montada como las organizaciones guerrilleras basada en células que no tienen contactos entre sí, pero en el caso de necesitar comunicarse lo hacen a través de una sola persona. Del expediente surge también que un cerebro, por arriba de estas células, ideó toda esta enorme red con el objetivo de lograr financiamiento y riqueza utilizando, entre otros mecanismos, la obra pública…
Para completar el cuadro de pinguinos, al frente de Obras Públicas está José López, otro de los funcionarios K más cuestionados, mientras que el Enargas está presidido por Fulvio Madaro, funcionario designado a dedo por un decreto presidencial cuando en realidad debe ser nombrado por concurso según la establece la ley.
Otro de los responsables del control y supervisión es la pareja de la ministra de Economía, Felisa Miceli. Se trata de Ricardo “Pacha” Velasco, quien trabaja en el Enargas como vocal. Según la ONG Asociación por la Igualdad y la Justicia, Velasco no tiene la idoneidad que establece la reglamentación del propio Enargas. Por eso, presentó una medida cautelar ante la Justicia, que se concedió pero fue apelada por el Ejecutivo.
La causa 1705/2005, a cargo del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart acumula 12.000 fojas, reveló que la constructora sueca le pagó a una empresa fantasma de “existencia espectral”, según el juzgado (Infiniti Group), $ 1.256.120 sin recibir contraprestación legítima. Su apoderado es Adrián López y está preso en el penal de Marcos Paz. Según sus declaraciones, Skanska buscaba facturas y comprobantes falsos que le sirvieran para evadir impuestos u ocultar pagos ilegítimos.
Este caso recuerda cómo comenzó el proceso judicial del escándalo IBM-Banco Nación: una investigación impositiva por facturas falsas y empresas fantasmas con el objetivo encubierto de evadir impuestos. Sin embargo, el caso de la empresa sueca va más allá y sus maniobras ilegales financiarían organizaciones políticas. Tampoco se descarta que algunos políticos de la administración K se estén enriqueciendo personalmente.
La prueba de esta última afirmación la revela el mismo curso de las investigaciones judiciales. Según pudo confirmarse, López habría depositado los cheques emitidos por Skanska en una cuenta del Banco Supervielle, de la que luego el mismo López se habría encargado de emitir cheques a favor de este contador de apellido Greco.
En base a escuchas telefónicas –un mecanismo que traza toda la causa– el dinero habría ido a parar a una mesa de dinero de Florida 165, que fue allanada el 20 de octubre. El juez cree que en ese lugar se habría lavado el dinero, cuyo destino final es todavía una incógnita. Pero según los sabuesos, reconocería una matriz singular: la existencia de una organización empresarial que serviría para financiar políticos o estructuras políticas que sobrevivirían a los vaivenes del poder.
Los pagos de Skanska a Infiniti Group se produjeron –así lo reconoce la propia empresa y consta en la investigación judicial– en una obra concreta en el marco del Gasoducto Norte: la Planta Impulsora de la localidad cordobesa de Deán Funes.
El jefe de la asociación ilícita
Adrián López está preso desde el 15 de marzo y se lo considera jefe de una asociación ilícita (artículo 15 de la Ley 24769). Fue el creador de la empresa fantasma Infiniti Group SA. Se asoció con otra persona que también está detenida por esta causa, llamada Miguel Hernández, que manejaba otra firma “trucha”: Calibán SA.
Con la misma clave de identificación tributaria (CUIT) Calibán-Infiniti Group podía dedicarse a la construcción, a la fabricación de automóviles o elaboración de alimentos, negocios de Internet y hasta la gastronomía. Obviamente podía venderle facturas a quien las necesitara. Desde el punto de vista legal, el objeto societario nunca puede ser tan variado porque además de ser ilegal levanta rápidamente sospechas de negocios fraudulentos.
La multinacional sueca Skanska fue una de las firmas que hizo uso de la opción. La compañía lo hizo a través de sus órdenes de compra Nº 53847 y 53882, en el marco de la obra que la empresa numeró internamente como 2885058 y que corresponde –según el expediente– a la Planta Compresora de Deán Funes.
El 15 de marzo pasado, Skanska sufrió en su casa central de la porteña Diagonal Roque Sáenz Peña 555 un allanamiento por parte de la DGI, en el marco de esta investigación. Ese hecho terminó con un escándalo en la empresa, que tomó medidas de cirugía mayor: impulsada por su casa matriz, echó a siete gerentes de la representación argentina y, como consecuencia de ello, renunció el CEO de Latinoamérica, el argentino Gustavo Vago, un hombre con dos décadas en la empresa y que había asumido el cargo el 1º de enero de 2006. Duró sólo cuatro meses en el puesto.
Skanska– se presentó ante el juzgado en lo Penal Tributario que investiga y reconoció sus operaciones ilegales. Se mostró dispuesta a pagar por el “error” más de $ 13 millones entre impuestos evadidos y punitorios por maniobras que consideró “ilegítimas”. Y comenzó a dar los nombres de las empresas fantasma con las que operó: en su primera presentación admitió pagos a 6 firmas truchas, las que luego fueron 18 y finalmente llegaron a 23.
Skanska quizás acunaba la secreta esperanza de que esos actos la redimirían de una investigación que podría convertirse en un incendio.
La empresa sueca echó a su plana mayor y sufrió la renuncia de su CEO por haber vulnerado sus códigos de ética corporativos. No realizó ninguna denuncia contra ellos y esa reacción es extraña. En su presentación ante el juzgado, Skanska reconoce “daños en su patrimonio” –y por lo tanto en el de sus accionistas– a partir de la actitud de su personal, pero inesperadamente no hace nada para restañar el daño.
Existe sin embargo un mensaje contundente de parte de la multinacional de la construcción: a partir de este escándalo, tomó la decisión de no participar de ninguna obra pública o semipública (es el caso del Gasoducto Norte) hasta que esa participación le permita cumplir con su código de ética.
En síntesis: tras más de medio siglo afincada en la Argentina y con decenas de obras vinculadas a los servicios públicos, Skanska considera que construir obras vinculadas con el Estado argentino no le permiten respetar sus normas y procedimientos basadas en las directivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estructura supranacional de la que forman parte los Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia y la mayoría de los miembros de la Unión Europea.
En el expediente figura que Skanska le habría girado dinero por supuestas obras realizadas en la planta compresora de Dean Funes a otras siete empresas, además de a Calibán-Infiniti. En total habrían sido unos $ 6 millones. Para la investigación judicial, esos siete emprendimientos reconocen características similares a las de Calibán-Infiniti.
En la indagatoria, Adrián López reveló que llegó a Skanska a través de un contador llamado Alfredo Greco. Cuando el directivo Bernardo Hopital fue consultado sobre la presunta relación entre Skanska y Greco, negó contacto alguno: “La verdad, es la primera vez que escucho ese nombre”.
En los allanamientos realizados por la AFIP habrían encontrado papelería de la firma sueca en la que aparecería Greco. Para los investigadores este es el hombre clave para descubrir la pista del dinero, ya que tiene un protagonismo trascendente en todas las operaciones sospechosas vinculadas con la planta de Deán Funes.
Intentan quemar el expediente
Los hechos que rodean a la causa, que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción, registró un suceso por demás llamativo: el pasado viernes 20 de octubre se produjo un incendio en el tercer piso de la oficina de la central de la AFIP de Hipólito Yrigoyen y Defensa, en plena Ciudad de Buenos Aires. Las llamas afectaron a la oficina 3817, que es en donde se encuentra parte de la investigación que involucra a Skanska y a otras empresas. Toda la pesquisa del hecho recayó en el Juzgado federal Nro. 3, pero el peritaje de los bomberos concluyó que el incendio había sido intencional.
Por el hecho se labró un sumario que incluyó a una decena de agentes de la AFIP. Sin embargo, el vocero del organismo, Jorge Speraggi, sostuvo que el incendio no tenía sentido, ya que toda la documentación de la DGI tiene un respaldo digital. Pero existe otro antecedente sospechoso: dos meses antes, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, a cargo de la investigación, le habría exigido a Gendarmería Nacional que pusiera custodia en esas oficinas.
El director de la fuerza se habría negado a cumplir con la orden, el juez habría insistido y, como consecuencia de ello, habría sido el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien refrendó la respuesta negativa, con el argumento de que sus funciones como garante de la seguridad del Estado eran más importantes que custodiar causas judiciales.
José Francisco “Tito” López y Mario Fulvio Madaro: Dos “pingüinos” designados a dedo
José Francisco López y Mario Fulvio Madaro son los dos funcionarios K de mayor confianza del pingüino mayor y presidente Néstor Kirchner. También son dos estrechos colaboradores de Julio De Vido, el ministro de Planificación. López y Madaro compraron tierras en El Calafate.
López ocupa un lugar clave como secretario de Obras Públicas desde que K desembarcó en la Casa Rosada y es la mano derecha de De Vido. Su secretaría administra fondos millonarios que se reparten entre gobernadores e intendentes amigos. Este funcionario administra recursos para obras públicas y en Santa Cruz fue director del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) durante nueve años, mientras Kirchner era gobernador de la provincia. Madaro, desde el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), controla el precio del GNC y se dedica a la creación y ampliación de los gasoductos. Trabaja para el faraónico proyecto del gasoducto sudamericano, que uniría Venezuela, Brasil y la Argentina, con un costo de más de US$ 20 mil millones.
Asumió por decreto cuando su designación debería haberse realizado por concurso público.
MEMORANDO QUE COMPLICA AL GOBIERNO:
Todo habría surgido de un memorando –el 011/2007- de la gerente de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), María Elisabeth Rodríguez Greno, enviado al síndico General. Allí, según publicara Ámbito Financiero, se analiza el expediente de los Greco por pedido de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía, para investigar las responsabilidades internas que llevaron a la autorización del pago de 587 millones de pesos y su paso al Congreso para conseguir aprobación.
Al parecer, en dicho memorando se hace mención a otro, el memorando 59/06 del 10 de Octubre de 2006, firmado por el director de la Administración de Deuda Pública “con el conforme del director nacional de Crédito Público y del subsecretario de Financiamiento”, en el cual se advierte al Ministerio de Economía, conducido por Felisa Miceli, que no realice el pago hasta no chequear la liquidación. El memo se envió casi un mes después del envío al Congreso del proyecto de ley para emitir deuda pública con el objetivo de pagarle a los Greco.
GUIA PARACTICA PARA ENTENDER EL CASO GRECO
“PACHA VELASCO MUY COMPLICADO”
( Entrevista realizada por el diario Río Negro a Monner Sans)
¿ Cómo se entiende el caso Greco?
- Corresponde reconocer que fueron apretados por la dictadura militar. (...) Fueron obligados a traspasar algunas de sus empresas al gobierno militar, y que algunas de estas suscitaron en el gobierno de Raúl Alfonsín el reconocimiento a un derecho indemnizatorio.
- ¿Por qué no les pago el gobierno radical?
- Con la honestidad intelectual que me caracteriza, reconozco que no sé. Dicen que hartos de esperar decidieron la vía judicial. Así es que sale una sentencia en 2005 que llama a las partes a definir cual es el verdadero monto a pagar, dado que el Estado también tenía reclamos de deuda.
-¿En qué concepto el Grupo Greco le debe al estado?
- Es por pagos que a cuenta del grupo Greco el Estado tuvo que efectivizar por la quiebra del Banco de los Andes. Se estableció que tiene mayor deuda el estado hacia ellos, que los Greco hacia el Estado. Tras esta sentencia, durante tres años no se mueve el expediente y se produce una presentación conjunta, y es a partir de allí que se va fijando primero la suma de 300 millones de pesos, hasta llegar a la actual de casi 600 millones de pesos , por aquello del cambio del valor de los títulos de la deuda publica.
- ¿Seiscientos millones de pesos es una cifra inflada?
- Sí, a mi juicio es exorbitante, pero quisiera desligar de la responsabilidad al Grupo Greco, y decir que la responsabilidad central es del estado. Los que están en el poder son los que deben defender nuestros intereses.
- ¿Cómo es la conexión de los Greco con el actual gobierno?
- A partir del 2006, los técnicos del ministerio de Economía comienzan a tramitar vía el Congreso la legitimidad de la deuda. El poder kirchnerista se comporta respaldando el pago de 600 millones hasta que dos senadores radicales (antes citados) advierten la irregularidad. En Diputados levantaron todos las manos y el mismo día pasa al Senado donde se destapa la bomba. Indudablemente el oficialismo tuvo un principal interés que esto se aprobara.
- ¿Alguien intentó quedarse con plata?
- Tal cual , es mi gran sospecha. Sobre todo si uno tiene en cuenta que el Procurador del Tesoro, Guglielmino, emitió dos dictámenes, uno a favor del pago y otro en contra (el declarante muestra la documentación que no tiene la firma del titular del Tesoro, pero que responde al formato de un documento público). No le puedo dar el nombre de alguien muy importante, que al ver este primer documento lo había firmado.
- ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de Miceli?
- Debería renunciar para que ningún juez le tenga temor por ser ministra. Si da un paso al costado, facilitaría la investigación. Miceli actúa más bien como una secretaria del verdadero poder.
- ¿Lavagna también está salpicado?
-Hay un tramo del expediente que corresponde a la gestión de Lavagna, pero me llamo la atención que se mostró muy tranquilo por su responsabilidad en el caso.
