Víctimas del Terrorismo en la Argentina reabren las causas.

Asociación de Víctimas del terrorismo en Argentina-Gacetilla de Prensa-N° 1/07 - 23 de marzo de 2007

".Es hora de que se hagan sentir los pasos de la Justicia". Estas palabras del Presidente de la Nación, expresadas hace pocos días ante los representantes del pueblo argentino, brindaron nueva esperanza -renovada y defraudada innumerables veces- al deseo de que en el país veamos hacer justicia con todos los trágicos hechos que nuestra sociedad sufrió en la década del 70, sin distinción de origen ni ideología.

Por eso no podemos dejar de expresar nuestro descontento e incomprensión por el hecho de que en los reiterados pedidos de "justicia sin impunidad para nadie" realizados por el presidente de todos los argentinos, haya omitido siempre referirse a los crímenes de los culpables de la existencia de esta Asociación de Víctimas del terrorismo en Argentina. Como si los crímenes no existieran; como si los culpables no existieran, como si las víctimas no existiéramos.

En alguna oportunidad esta Asociación pensó que pasar a una nueva hoja del ibro de nuestra historia era el mejor camino para comenzar a construir el futuro. Nuestra intención fue maliciosamente interpretada por las autoridades, que respondieron gritando "piden impunidad", cuando nuestro deseo era el de una paz definitiva para todos, sin importar bandos, ideas o posiciones políticas.

Nuestra voluntad de llegar a la imprescindible reconciliación sigue siendo la misma. Por eso aceptamos y nos unimos a ese pedido del primer mandatario, de que ".se hagan sentir los pasos de la Justicia", y asumimos nuestra responsabilidad en su consecución.

Queremos compartir así los destinos de nuestra historia reciente y futura.
Aquella, para que quede registrada en su totalidad; esta, para que sea una de justicia real, y no sólo pregonada. Se lo debemos a nuestros muertos, heridos y mutilados, a sus familiares y a sus descendientes. Se lo debemos a todos los argentinos.

La AVtA, representada por las recientemente electas autoridades para este año 2007, y en la persona de su presidente, el Lic. Arturo Larrabure -cuyo padre, el Coronel Argentino del Valle Larrabure fuera secuestrado, torturado y asesinado por el terrorismo durante un gobierno democrático- perseguirá este objetivo como entidad legal y moralmente autorizada -o indistintamente sus miembros como particulares damnificados- solicitando al poder judicial la inmediata apertura de todas las causas por terrorismo que en algún momento estuvieron bajo investigación desde 1960 a la fecha, en particular aquellas que tuvieron como participantes a los que formaron partes de las bandas terroristas que asolaron el país, y a los que hoy se reconoce con cargos oficiales, honores e indemnizaciones.

Alzándose contra la jurisprudencia internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos; Estatuto de Roma) ciertos jueces nacionales vienen, hasta hoy, excluyendo a los asesinatos, torturas y secuestros cometidos por la guerrilla, del concepto de crímenes de lesa humanidad, alegando que éste abarca solamente al terrorismo internacional (como si el que padecimos no lo fuera) y requiere la participación de un agente estatal (como si no estuviera probada la directa participación de otros estados en los crímenes cometidos en la Argentina por el terrorismo).

De tal forma someten a los deudos de las víctimas del terrorismo guerrillero a un tratamiento discriminatorio que viola los Art. 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto prescriben que todas las personas, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley y a ser oídas, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Confiamos que el Poder Judicial argentino honrará la responsabilidad institucional que pese sobre sus espaldas para juzgar con ecuanimidad e imparcialidad los hechos del pasado, evitando consentir con su silencio o pasividad las lógicas violentas que han vuelto a resonar en la patria.

Si lamentablemente así no ocurre, habremos de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha señalado que "si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción."

Arturo C. Larrabure
Presidente
Asociación de Víctimas del terrorismo en Argentina victimas_del_terrorismo@yahoo.com.ar
02983-15574483