Opinión Jueves 9 de Noviembre de 2006

Editorial I

Solapada introducción del aborto

El Senado de la Nación dio hace una semana media sanción sobre tablas a un proyecto de ley por el cual la República Argentina adhiere al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta convención, que data de 1979, consagró una serie de garantías respecto de los derechos de las mujeres y dispuso la creación de un comité de seguimiento de la forma en que los firmantes cumplen con los compromisos que asumen, lo cual incluye aquellos cambios legislativos que realizan o los que omiten.

Por esto último es que la decisión del Senado argentino ha despertado un sinnúmero de quejas de aquellos que ven en esta convención -un aporte importante no sólo para la defensa de la dignidad de la mujer, sino para desterrar los prejuicios que aún hoy la relegan en muchos países a un inaceptable lugar subalterno- una manera de introducir en nuestra legislación una serie de mecanismos que pretenden imponer prácticas abortivas indiscriminadas, cuando está muy claro que la Argentina no las admite sino en circunstancias excepcionales.

Desde estas columnas se ha repetido muchas veces la conocida posición argentina sobre el derecho a la vida desde la concepción, protegido y tutelado por nuestras leyes civiles, y por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Para la Argentina el niño por nacer es una persona y no puede ser eliminado sin que ello constituya un delito contra la vida, el primero y principal de los derechos, sin el cual nada existe.

El tema es obviamente muy delicado y, como lo ha hecho notar el diputado nacional Jorge Reinaldo Vanossi, "exige un profundo debate en la sociedad argentina, tal como el que se planteó, durante 1986, sobre el divorcio vincular, en cuyo caso se dio un amplio plazo a todos los sectores para que expresaran sus opiniones".

Hay, además, otro punto importante por tener en cuenta y es que nuestro país firmó la convención con una reserva, según la cual el Estado argentino no se consideraba obligado por un mecanismo de solución de controversias, con recurso a la Corte Internacional de Justicia, a aquello que pudiera implicar un menoscabo a su soberanía para reglar y juzgar asuntos tan importantes como el derecho a decidir quiénes deben vivir y quiénes no.

Pero el protocolo que acaba de aprobar el Senado excluye, en su artículo 17, la posibilidad de efectuar reservas a su ratificación y crea una comisión de seguimiento, que, aunque es meramente asesora, permite, sin embargo, presentar denuncias a personas o a grupos de ellas cuando entiendan violados los derechos que tutela la convención, y es por esta vía que se introducirán esas prácticas abortivas ya mencionadas.

En la convención se establece la posibilidad de los Estados parte de no reconocer la competencia del comité creado por el Protocolo Facultativo respecto del emprendimiento de investigaciones, pero ello no constituye suficiente resguardo frente a interpretaciones de la convención y recomendaciones orientadas a la promoción de la despenalización del aborto.

También se habla en este documento de que "la salud reproductiva" y el derecho de la mujer "a disponer de su propio cuerpo" entran en la esfera de la protección de la salud. Estas expresiones no son otra cosa, lamentablemente, que eufemismos para permitir la introducción solapada del aborto indiscriminado en nuestro país.

Injerencias semejantes de un organismo internacional, que dicta políticas que no necesariamente coinciden con las nacionales, irían en desmedro del sagrado e irrenunciable compromiso de la República Argentina en lo atinente a la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción.

Nuestro país -y sus representantes en el Congreso- debe encarar su política de promoción del ser humano en todos sus aspectos, desde la concepción en el seno materno en adelante, permitiendo vivir, reproducirse y crecer a su población, no intentando disimular la pobreza con abortos y esterilizaciones.

La Argentina necesita una política poblacional seria, que parta de la vida hacia el desarrollo. Ocultar, detrás de la loable iniciativa de la no discriminación de la mujer, la eliminación de los hijos es inaceptable y mucho más aún sin un debate nacional donde todos los ciudadanos se expresen sobre el derecho a la vida del más inocente e indefenso de los seres humanos: la persona por nacer.

http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=856977

LA NACION | 09.11.2006 | Página 24 | Opinión