La única «consecuencia» debe ser perseguir a ETA
La única «consecuencia» debe ser perseguir a ETA
EL anuncio hecho por el presidente del Gobierno de que el robo de pistolas cometido por ETA «tendrá consecuencias» es, a estas alturas del proceso de negociación política con los terroristas, una vana manifestación de firmeza. No sólo la inconcreción de las consecuencias que se anuncian, sino también la ausencia de las mismas tras episodios anteriores de terrorismo, no menos notorios que el robo masivo de armamento, hacen que esta declaración de Zapatero sea insuficiente para serenar a una opinión pública perpleja e indignada por el curso de los acontecimientos. Desde luego, la retórica solemne, vacía de actos concretos, no es la respuesta que merece ETA a su larga serie de provocaciones dialécticas y delitos terroristas. Ahora le pasa factura al Gobierno -en forma de descrédito- su empecinamiento en proteger el diálogo con ETA mediante la negación de la realidad y la tergiversación de los hechos. A un concejal de UPN los proetarras le quemaron su negocio en Barañain, y el Gobierno dijo que ETA no tenía que nada que ver. Los empresarios siguieron recibiendo cartas de extorsión, y el Gobierno y el PSOE las despacharon como flecos anteriores a la tregua o incluso dudaron de la autoría etarra. El terrorismo urbano ha golpeado incesantemente en las ciudades del País Vasco -ayer, en Vitoria, los proetarras volaron una oficina bancaria-, pero el Gobierno prefería interpretarlo como algaradas de incontrolados o protestas por la huelga de hambre de De Juana Chaos. Los etarras exhibieron y dispararon sus fusiles en un monte de Oyartzun, y el Gobierno lo redujo a un acto de cara a la galería. Por eso, cuando el presidente del Gobierno anuncia que el robo de 350 pistolas «tendrá consecuencias» no debería extrañarse de que casi nadie confíe en que tales consecuencias se produzcan, ni en que, si se producen, tengan el contenido que el Estado de Derecho y la dignidad nacional exigen frente a los terroristas. Hasta el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha pedido al Gobierno que verifique nuevamente el alto el fuego con una actitud más firme que la del propio Ejecutivo.
El robo en Nimes no debe tener consecuencias «en su momento», sino ahora, porque ya han pasado más de siete meses desde que ETA anunció un «alto el fuego permanente» que ha sido roto por los terroristas tantas veces como han querido. No se trata de que el presidente del Gobierno castigue a ETA retrasando el proceso o dilatando sus acuerdos, como la mesa de partidos. Estas no son las consecuencias que merecen los terroristas. El problema radica en el mantenimiento mismo de un proceso de negociación política que arremete a diario contra el sentido común y la lógica de un Estado de Derecho que se resiste a ser subordinado a las necesidades tácticas del diálogo con los terroristas. Si las recientes decisiones del Tribunal Supremo (la liquidación patrimonial de Batasuna) y de la Audiencia Nacional (la confirmación del procesamiento de Otegi y otros dirigentes batasunos como miembros de ETA) son afirmaciones inequívocas de los límites que impone el principio de legalidad al Gobierno socialista, la renuncia de un fiscal a sostener contra el etarra De Juana Chaos una petición de condena inferior a la que merece pone de manifiesto el arbitrario papel que está jugando el fiscal general del Estado para aminorar la presión judicial contra ETA y Batasuna, cuyas amenazas de ayer revelan su envalentonamiento frente a un Ejecutivo sin capacidad de respuesta. El Gobierno, que se ha comportado como si los tribunales fueran un negociado del Ministerio de Justicia y los fiscales peones a su antojo, se ha topado con todo el significado de un Estado de Derecho, de la misma manera que en Estrasburgo se ha encontrado de bruces con la fuerza política del PP y en España, a diario, con el sentimiento de una opinión pública, reconocida en las víctimas, que no halla razones para que la derrota incondicional de ETA deje de ser el único camino lícito para poner fin al terrorismo.
Cuando el Estado de Derecho activa sus defensas frente al oportunismo político, cuando la sociedad desconfía de mensajes vanos sobre una paz tutelada por cientos de pistolas y cuando los terroristas aprovechan la tregua para «acumular fuerzas», la única «consecuencia» aplicable es volcar contra ETA todos los recursos legales, policiales y judiciales.
