Ligadura de Trompas y Vasectomía

Miércoles 28 de junio de 2006

Comunicado de Prensa:
La Iglesia ante el proyecto de
Ligadura de Trompas y Vasectomía

Al ser de público conocimiento que en la Cámara de Diputados de la Nación tiene avanzado estado parlamentario un proyecto de ley que propone la legalización de la ligadura de trompas y la vasectomía, queremos fijar, con claridad, cuál es el pensamiento de la Iglesia respecto de un tema que causa un daño irreparable, ya que se trata de una verdadera mutilación, altamente irreversible, particularmente para la gente de bajos recursos.

En efecto, estas intervenciones son una mutilación, que privan a la persona de las funciones de un órgano sano. Por esto mismo no son terapéuticas (pues no curan una enfermedad, sino que anulan el normal funcionamiento del cuerpo) y su legalización constituye una violación al derecho humano a la integridad corporal cayendo así en una insalvable inconstitucionalidad (Pacto de San José de Costa Rica, art. 5). De convertirse en ley, el referido proyecto podría aplicarse ante la solicitud de cualquier persona, sin necesidad de que medie indicación médica alguna, ni consentimiento del cónyuge, ni autorización judicial.

En el debate generado por estas iniciativas se dice que este proyecto busca responder a supuestas necesidades de los sectores más carenciados. Sin embargo cuando se analiza esta visión, se advierte que constituye una forma de discriminación hacia los más pobres, dado que la esterilización no soluciona la pobreza, limitándose a impedir nuevos nacimientos. Los problemas económico-sociales requieren soluciones económicas y sociales, no médicas. Lamentablemente el referido proyecto repite las soluciones del liberalismo salvaje de la década pasada, ya utilizada en otros países de la región, como lo demuestra la dolorosa experiencia internacional, logrando que dentro del marco de planificadas estrategias sanitarias, las personas más pobres se vean forzadas o condicionadas en su libertad a realizarse prácticas que las limiten de por vida y de las que, en los hechos, no podrán arrepentirse.

La responsabilidad social del legislador ante esta decisión es muy grande, pues nos encontramos frente a una ley con efectos permanentes y duraderos. Como ciudadanos de esta nación y Pastores del Pueblo de Dios llamamos a cada uno de ellos y a la ciudadanía en general, a buscar soluciones no mutiladoras sino caminos de solidaridad y de promoción humana, que sean instrumentos útiles para trabajar por el bien común y el desarrollo de las personas y las familias, respetando la dignidad e integridad del ser humano.

Buenos Aires, 28 de junio de 2006

Oficina de Prensa
Conferencia Episcopal Argentina