Boudou, un pleito imparable para Cristina

• Eduardo van der Kooy

Mala suerte. El mismo día que Cristina Fernández ordenó a Jorge Capitanich terminar con cierta tibieza kirchnerista y proteger a Amado Boudou, el escándalo Ciccone dio otro salto hacia la plena desvergüenza.

El ex jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, testigo clave en esa causa, huyó del país por miedo a las recurrentes amenazas, según describió en una carta. Esos aprietes habían trascendido la semana pasada, cuando dos hombres lo encerraron con un auto y un familiar suyo sufrió una persecución callejera.

Capdevila no es cualquiera en la historia que embreta al vicepresidente. Como funcionario de carrera del Palacio de Hacienda se había ganado la confianza de Boudou. Fue quien le recomendó que no opinara sobre un pedido de moratoria de la ex Ciccone Calcográfica a la AFIP para intentar salvar su quiebra. El ministro hizo todo lo contrario y Ricardo Echegaray lo terminó estampando en público cuando exhibió la nota de Boudou avalando la solicitud empresaria. Esas serían, apenas, algunas de las innumerables pruebas que tiene en su poder el juez Ariel Lijo, que debe convocar al vice a una declaración indagatoria. Fuentes judiciales indican que la AFIP habría arrimado con discreción nuevas evidencias, en ese trámite, que trasuntarían el inocultable interés ministerial. Un par de notas en las cuales le demandaba a Echegaray mayor celeridad.

El caso de Capdevila no es el primero que envuelve con cuestiones tenebrosas (las amenazas) el avance de la investigación. Antes había sucedido con Guillermo Reinwick, el yerno de uno de los fundadores de Ciccone, que resultó intimidado y recién se animó a declarar cuando Lijo lo incorporó al Programa de Testigos Protegidos. Fue quien aseveró que Boudou estuvo “detrás de la quiebra de Ciccone”. Un interrogante nacería del sentido común: ¿Por qué Capdevila no recibió igual trato? ¿Por qué motivo la inacción de la Justicia cuando ya hacía días que había comunicado intentos de persecución?

Aquellas mismas fuentes indicaron que Lijo le daría la condición de testigo protegido en las próximas horas para que regrese y se presente a declarar.

La disciplina le jugó de nuevo al jefe de Gabinete una mala pasada. Repitió ayer por la mañana la convicción presidencial acerca de que el vicepresidente estaría sufriendo un “linchamiento mediático”.

Cristina no habría quedado conforme con la vaselina que por el conflicto ensayó Florencio Randazzo. Menos con la admisión del titular de Diputados y nuevo presidenciable, Julián Domínguez, de que “no es bueno para el Gobierno que el vicepresidente figure todos los días en las tapas de los diarios”.

Seguirá estando, porque las irregularidades en el origen y en el avance de la investigación por Ciccone siempre lo encuentran en el medio.

Habrá que observar la administración de los tiempos que hace Lijo antes de llamar a Boudou a la declaración indagatoria. El vice aseguró que su objetivo es que la causa progrese con rapidez para que se sepa todo.

Suena a un desafío bravucón o a un sincericidio: no podría ignorar que en el entrecruzamiento de llamados pedidos por el magistrado figuran los que hacía con el teléfono móvil de su secretario para dialogar con Alejandro Vandenbroele, su presunto testaferro, a quien afirma no haber conocido jamás.

Boudou está aislado en el Gobierno aunque reciba todavía alguna protección de parte de Cristina. Esa protección no sería por amor. Lo es por conveniencia: la Presidenta intenta ganar tiempo, valida todos los artilugios que ensaya el vicepresidente en la Justicia, intercambia opiniones con su amiga Alejandra Gils Carbó, la procuradora General. Supone con cándida esperanza que si Lijo demora la citación y los meses que quedan del año se consumen, quedaría condicionado para hacerlo en el 2015, pleno de elecciones cruciales. Gritarían a los cuatro vientos, como esgrimen Boudou y su defensa, que se trataría sólo de una causa con sustancia política. Lijo no piensa lo mismo cada vez que revisa la parva de expedientes.

Una reciente coartada a Cristina no le funcionó. El pedido de sobreseimiento realizado por Boudou fue rechazado (2 a 1) por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Era a priori un cuerpo fiable para los K pero una mayoría –ante el peso de las pruebas– optó por no inmolarse.

El único que careció de ese margen fue Ricardo Borinsky, un juez que llegó a la Justicia impulsado por el ex vicejefe de la SIDE en épocas de la Alianza, Darío Richarte.

Su buffet de abogados aporta ahora defensores a Boudou. La Presidenta y su vice transportaron las ilusiones a la Sala I de la Cámara Federal, que debe considerar la validez o no en la causa de los familiares de Ciccone. Si los tumba, con probabilidad Lijo sufrirá complicaciones.

Cristina parece empeñada en ensayar en todos los frentes una estrategia ultradefensiva, asimilable al viejo catenaccio del fútbol italiano que inventó Nereo Rocco. Al tiempo que busca prorrogarle la vida política a Boudou, para salvar su propia ropa y responsabilidad, explora una sanción ejemplar contra el fiscal José María Campagnoli, que osó indagar en un tramo de la ruta clandestina del dinero del empresario K, Lázaro Báez, y hurgó en vínculos oscuros del hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.

La hipotética lapidación de Campagnoli (su juicio político y destitución) no sería, bajo el cristal de una transición que tiende a complicarse, un episodio menor. Pretendería constituir un mensaje para todos los fiscales que sustancian denuncias sobre corrupción kirchnerista. Un aviso, además, a los dirigentes de la oposición que amagan con fundar en el 2015 una Conadep de la corrupción. Los únicos que insisten con hacerla, hacia adelante y hacia atrás de la década K, son los postulantes de la coalición del Frente Amplio con UNEN.

La suerte de Campagnoli, que ya fue suspendido, está en manos del Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales, cuya mayoría respondería a Gils Carbó. Uno de ellos, Rodolfo Ojea Quintana, pasó años en la Cancillería apañado por Jorge Taiana, con quien compartió épocas de cárcel. Ese pergamino lo catapultó como representante del Senado para enjuiciar a fiscales.

El plan para destituir a Campagnoli quedó al descubierto en la vidriosa reunión del Tribunal de Fiscales de ayer. Las primeras audiencias fueron fijadas para cuando arranque el Mundial de Fútbol. Faltan aún 20 días para esa fiesta. Coincidiría también con la ausencia del fiscal Guillermo Marijuán, en uso de licencia, y pieza clave en la posible defensa de Campagnoli. Aquella alusión al catenaccio italiano, adoptado ahora por Cristina para el resguardo judicial, no parecería una simple casualidad.