Boudou, un pleito imparable para Cristina
Mala suerte. El mismo día que Cristina Fernández ordenó a Jorge Capitanich terminar con cierta tibieza kirchnerista y proteger a Amado Boudou, el escándalo Ciccone dio otro salto hacia la plena desvergüenza.
El ex jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, testigo clave en esa causa, huyó del país por miedo
a las recurrentes amenazas, según describió en una carta. Esos
aprietes habían trascendido la semana pasada, cuando dos hombres lo
encerraron con un auto y un familiar suyo sufrió una persecución
callejera.
Capdevila no es cualquiera en la historia que
embreta al vicepresidente. Como funcionario de carrera del Palacio de
Hacienda se había ganado la confianza de Boudou. Fue quien le recomendó
que no opinara sobre un pedido de moratoria de la ex Ciccone
Calcográfica a la AFIP para intentar salvar su quiebra. El ministro hizo
todo lo contrario y Ricardo Echegaray lo terminó estampando en
público cuando exhibió la nota de Boudou avalando la solicitud
empresaria. Esas serían, apenas, algunas de las innumerables
pruebas que tiene en su poder el juez Ariel Lijo, que debe convocar al
vice a una declaración indagatoria. Fuentes judiciales indican que la
AFIP habría arrimado con discreción nuevas evidencias, en ese trámite, que trasuntarían el inocultable interés ministerial. Un par de notas en las cuales le demandaba a Echegaray mayor celeridad.
El caso de Capdevila no es el primero que envuelve con cuestiones tenebrosas (las amenazas)
el avance de la investigación. Antes había sucedido con Guillermo
Reinwick, el yerno de uno de los fundadores de Ciccone, que resultó
intimidado y recién se animó a declarar cuando Lijo lo incorporó al
Programa de Testigos Protegidos. Fue quien aseveró que Boudou estuvo “detrás de la quiebra de Ciccone”. Un interrogante nacería del sentido común: ¿Por
qué Capdevila no recibió igual trato? ¿Por qué motivo la inacción de la
Justicia cuando ya hacía días que había comunicado intentos de
persecución?
Aquellas mismas fuentes indicaron que Lijo le
daría la condición de testigo protegido en las próximas horas para que
regrese y se presente a declarar.
La disciplina le jugó de nuevo
al jefe de Gabinete una mala pasada. Repitió ayer por la mañana la
convicción presidencial acerca de que el vicepresidente estaría
sufriendo un “linchamiento mediático”.
Cristina no habría
quedado conforme con la vaselina que por el conflicto ensayó Florencio
Randazzo. Menos con la admisión del titular de Diputados y nuevo
presidenciable, Julián Domínguez, de que “no es bueno para el Gobierno
que el vicepresidente figure todos los días en las tapas de los
diarios”.
Seguirá estando, porque las irregularidades en el origen y en el avance de la investigación por Ciccone siempre lo encuentran en el medio.
Habrá
que observar la administración de los tiempos que hace Lijo antes de
llamar a Boudou a la declaración indagatoria. El vice aseguró que su
objetivo es que la causa progrese con rapidez para que se sepa todo.
Suena a un desafío bravucón o a un sincericidio:
no podría ignorar que en el entrecruzamiento de llamados pedidos por el
magistrado figuran los que hacía con el teléfono móvil de su secretario
para dialogar con Alejandro Vandenbroele, su presunto testaferro, a quien afirma no haber conocido jamás.
Boudou
está aislado en el Gobierno aunque reciba todavía alguna protección de
parte de Cristina. Esa protección no sería por amor. Lo es por
conveniencia: la Presidenta intenta ganar tiempo, valida todos
los artilugios que ensaya el vicepresidente en la Justicia, intercambia
opiniones con su amiga Alejandra Gils Carbó, la procuradora General.
Supone con cándida esperanza que si Lijo demora la citación y los meses
que quedan del año se consumen, quedaría condicionado para
hacerlo en el 2015, pleno de elecciones cruciales. Gritarían a los
cuatro vientos, como esgrimen Boudou y su defensa, que se trataría sólo
de una causa con sustancia política. Lijo no piensa lo mismo cada vez que revisa la parva de expedientes.
Una
reciente coartada a Cristina no le funcionó. El pedido de
sobreseimiento realizado por Boudou fue rechazado (2 a 1) por la Sala IV
de la Cámara de Casación Penal. Era a priori un cuerpo fiable para los K
pero una mayoría –ante el peso de las pruebas– optó por no inmolarse.
El único que careció de ese margen fue Ricardo Borinsky, un juez que
llegó a la Justicia impulsado por el ex vicejefe de la SIDE en épocas de
la Alianza, Darío Richarte.
Su buffet de abogados aporta ahora defensores a Boudou.
La Presidenta y su vice transportaron las ilusiones a la Sala I de la
Cámara Federal, que debe considerar la validez o no en la causa de los
familiares de Ciccone. Si los tumba, con probabilidad Lijo sufrirá
complicaciones.
Cristina parece empeñada en ensayar en todos los frentes una estrategia ultradefensiva, asimilable al viejo catenaccio del fútbol italiano
que inventó Nereo Rocco. Al tiempo que busca prorrogarle la vida
política a Boudou, para salvar su propia ropa y responsabilidad, explora
una sanción ejemplar contra el fiscal José María Campagnoli, que osó
indagar en un tramo de la ruta clandestina del dinero del empresario K,
Lázaro Báez, y hurgó en vínculos oscuros del hermano de la ministra de
Seguridad, María Cecilia Rodríguez.
La hipotética lapidación de Campagnoli (su juicio político y destitución)
no sería, bajo el cristal de una transición que tiende a complicarse,
un episodio menor. Pretendería constituir un mensaje para todos los
fiscales que sustancian denuncias sobre corrupción kirchnerista.
Un aviso, además, a los dirigentes de la oposición que amagan con fundar
en el 2015 una Conadep de la corrupción. Los únicos que insisten con
hacerla, hacia adelante y hacia atrás de la década K, son los
postulantes de la coalición del Frente Amplio con UNEN.
La suerte
de Campagnoli, que ya fue suspendido, está en manos del Tribunal de
Enjuiciamiento de Fiscales, cuya mayoría respondería a Gils Carbó. Uno
de ellos, Rodolfo Ojea Quintana, pasó años en la Cancillería apañado por
Jorge Taiana, con quien compartió épocas de cárcel. Ese pergamino lo
catapultó como representante del Senado para enjuiciar a fiscales.
El
plan para destituir a Campagnoli quedó al descubierto en la vidriosa
reunión del Tribunal de Fiscales de ayer. Las primeras audiencias fueron
fijadas para cuando arranque el Mundial de Fútbol. Faltan aún 20
días para esa fiesta. Coincidiría también con la ausencia del fiscal
Guillermo Marijuán, en uso de licencia, y pieza clave en la posible
defensa de Campagnoli. Aquella alusión al catenaccio italiano, adoptado
ahora por Cristina para el resguardo judicial, no parecería una simple
casualidad.