El problema no es la Ley de Medios sino la Korte

Por Nicolás Márquez

Por muchas razones, ya hemos dicho otras veces que el kirchnerismo es claramente un gobierno dictatorial, aunque dentro de los cánones y formatos atemperados de las dictaduras del llamado socialismo del Siglo XXI. En lo que a la independencia judicial concierne, la Argentina kirchnerista se encuentra en el puesto número 115 del “Ranking mundial de independencia judicial 2011”, detrás de Camerún, Bosnia y Nicaragua. Y si bien Cristina desde sus habituales arengas supo tildar con desdén al Poder Judicial calificándolo de “corporación ilegítima”, cabe señalar que entre su marido y ella no sólo designaron al 60% de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sino que nombraron al 42% del total de los jueces federales y nacionales que hoy ejercen sus cargos no sin descrédito.

Vale agregar además que el gobierno desobedeció deliberadamente sentencias judiciales (como si éstas fuesen sugerencias de consorcio) y reconocidos jueces “rebeldes” fueron destituidos (como el Dr. Alfredo Bisordi), cuando no intimidados con patrulleros policiales (como la jueza María José Sarmiento) o “escrachados” desde la insufrible y onerosa “Televisión Pública” (como los Dres. Ricardo Guarinoni y Graciela Medina), por citar los casos más sonoros. Entre las sentencias judiciales que el régimen ilegalmente desoyó, se encuentran nada menos que fallos de la mismísima Corte Suprema de Justicia (tal el caso de la sentencia que ordenó reponer al ex Procurador Eduardo Sosa en Santa cruz).

Ahora bien, con motivo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia avalando la disputada Ley de Medios (técnicamente denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522) , el máximo tribunal ha “sorprendido” a muchos sedicentes “opositores” que ven en la Corte una institución conformada por magistrados “notables” y de prestigio presunto.

En efecto, el grueso de los comunicadores y dirigentes “opositores” (sean éstos socialdemócratas, peronistas “disidentes” o empleados del PRO) no sólo avalaron a los miembros de esta Corte Suprema de Justicia nombrados oportunamente por Néstor Kirchner, sino que desde siempre reconocieron tal incorporación como uno de los “grandes logros” del kirchnerismo.

En sentido contrario, nosotros, desde nuestras modestas y poco influyentes líneas siempre consideramos exactamente lo contrario, es decir, que ese “logro” que la pusilanimidad opositora le atribuye al oficialismo fue uno de los desatinos mas aborrecibles cometidos por este régimen corrupto y corruptor que, con proverbial desfachatez, detenta el poder del Estado desde hace una fatídica década, no sin la insoportable complicidad de nuestras timoratas fuerzas disidentes.

Justamente, siempre hemos estado muchos pasos más allá de la “crítica constructiva” efectuada por “los contrincantes” del kirchnerismo y mucho lamentamos incurrir en la inelegante desprolijidad de la autorreferencia, pero lo cierto y confirmado es que junto con Agustín Laje, en el libro “Cuando el relato es una farsa” (que publicamos semanas antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ley de Medios), en la página 78 del mismo, hicimos expresa declaración del carácter ilegítimo e inmoral del grueso de los miembros del citado “máximo tribunal” en estos términos:

“El gran ataque de Néstor Kirchner a la división de poderes, se dio (además de la constante compra de diputados) con el desmantelamiento de la Corte Suprema –derrocando a cuatro miembros que no se subordinaban al Ejecutivo y colocando en su reemplazo a cuatro funcionarios afines– y la posterior reforma del Consejo de la Magistratura –a efectos de controlar también el nombramiento y ascenso del resto de los jueces del Poder Judicial–.

En efecto, Kirchner al asumir necesitaba obtener los votos favorables de la Corte Suprema de Justicia, pero los números no le favorecían. Entonces precisó cambiar a sus miembros a través de un derrocamiento virtual. En consecuencia, valiéndose de la Cadena Nacional y utilizando a sus domesticados legisladores, los jueces de la Corte díscolos fueron amedrentados bajo amenaza de que si no renunciaban a sus cargos, serían removidos a través de un ‘juicio político’ por el Congreso, y con esto, los magistrados ni siquiera podrían gozar de haberes previsionales. Se forzó así la renuncia de los jueces insumisos bajo el absurdo pretexto de querer erradicar ‘la Corte adicta’. ¿Adicta a quién, preguntamos? A Menem, según acusaba Kirchner en las barricadas. Pero Menem no gobernaba el país desde 1999, de modo que el vicio de ‘adicción’ ya no existía. Ocurre que la Corte no era adicta a Kirchner, y por ende éste necesitaba armar una nueva a su talla. Esta fue la primera maniobra fuerte para forjar su caciquismo (más adelante analizaremos otras medidas dirigidas al efecto). Una vez arrancadas las renuncias y producidas las vacantes, se impuso en la Corte al polémico abolicionista, evasor fiscal y locador de prostíbulos Eugenio Zaffaroni (resultó ser luego el magistrado más obsecuente de la Suprema Corte). Seguidamente se colocó a Carmen Argibay y, junto a otros juristas como la Dra. Elena Highton de Nolasco y el Dr. Ricardo Lorenzetti, Néstor armó su nuevo órgano satélite para llevar adelante sus propósitos revanchistas y políticos. El trueque para con los nuevos magistrados a cambio del nombramiento, habría consistido en que éstos avalaran dos medidas inconstitucionales: la pesificación de los ahorros y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a fin de comenzar con ‘efecto retroactivo’ y violación del principio de ‘cosa juzgada’ encarcelamientos indiscriminados a militares octogenarios que tres décadas atrás habían combatido victoriosamente contra los Montoneros, el ERP, y el resto de las guerrillas de los años ’70 (sic)”.

Como vemos, fuimos nosotros, los “fundamentalistas de la derecha”, quienes advertimos y denunciamos oportunamente y sin cortapisas las felonías institucionales perpetradas por el kirchnerismo y que la ralea opositora toleraba y/o aplaudía. Ahora, andando el tiempo, los sedicentes opositores y los socios del chavista Pino Solanas denuncian a los cuatro vientos “pactos oscuros” entre la Corte y el gobierno, como si esta Corte alguna vez hubiera sido independiente o como si sus Ministros hubiesen sido nombrados conforme a derecho y al genuino sentir republicano.

Finalmente, cabe aclarar que si una ley o una adecuación a la misma es inconstitucional, en un país normal esto sería un inconveniente menor porque una Corte de Justicia imparcial (y cuyos miembros hubiesen sido nombrados por sus méritos y conforme a derecho) tendría la última palabra y esto le brindaría tranquilidad plena al funcionamiento de la República y al Estado de derecho. Pero cuando la Corte no tiene estas características, todos los demás planteos caen en abstracto y ya no importan los argumentos jurídicos para dirimir conflictos, sino que la fuerza que prevalece en las disputas son los trueques, los arreglos, los “aprietes”, los entuertos y todos los sórdidos favores propios de la politiquería doméstica. Esto último es exactamente lo que ocurre en la Argentina.

Una vez más, lamentamos no tanto ya haber tenido razón en nuestra postura primigenia, sino que el régimen haga las cosas que hace justamente porque la “oposición” ha vivido convalidando las mismas perfidias que suele lamentar diez años después de aplaudirlas.

La Prensa Popular | Edición 247 | Miércoles 6 de Noviembre de 2013

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