Plan Sistemático de Eliminación Física de Presos Políticos
MIS FELICITACIONES A QUIENES TIENEN LOS COJONES DE INFORMAR ESTAS COSAS AL PUEBLO POR EL ÚNICO MEDIO QUE TENEMOS, RAZÓN POR LA CUAL QUIEREN SUSPENDER INTERNET. CREO QUE FALTA MUY POCO PARA QUE TODOS , CON MILITARES INCLUSO,SALGAMOS A LA CALLE HACER FRENTE A ESTOS PERSONAJES QUE SIGUEN HABLANDO DE LA DICTADURA PERO LA PEOR DICTADURA ES LA QUE HOY SUFRIMOS
ARTURO B. BRUNNER
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Estimados amigos:
A partir de unos comentarios de dos conocidos periodistas de Radio 10, he pensado en comenzar a poner en evidencia el Plan Sistemático de Eliminación Física de Presos Políticos instrumentado por el gobierno nacional con la complicidad de sus aparatos legislativo (Poder Legislativo) y jurídico (Poder Judicial).
La idea es difundir las barbaridades, ya no sólo jurídicas que se perpetran en los juicios, sino los asesinatos que cometen permitiendo el agravamiento de enfermedades que padecen presos políticos.- El caso del Alcalde Leonardo Núñez, para mí fue la gota que derramó el vaso.
Luego de él se sucedieron los fallecimientos del Comisario Mussere y del doctor Ruiz Pozo.
Si tenemos en cuenta los crímenes cometidos con el Capitán de Navío Pazo y del Comisario de la Policía de San Luis David Becerra y el intento de homicidio de Luis Patti, creo que se materializa el Plan Sistemático del que les hablo.
Mañana le voy a acercar a Gonzalez Oro, la carpeta con el caso Becerra.
Si actuamos a tiempo, le podremos salvar la vida a varios.
Les envío a continuación una idea en crudo de lo que intento.
Escucho ofertas al respecto.
No me importan las respuestas abiertas para la SIDE porque es necesario que sepan que, cuando todo esto termine, vamos a ir por todos los responsables de estos delitos.
Emilio Guillermo Nani
Tcnl (R) - VG
Estimado
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Días pasados, ante lo que creí una genuina inquietud, respecto de los juicios que se sustancian contra quienes combatieron el terrorismo en la Argentina, les envié un correo electrónico, del que no tuve respuesta.
Como no sé si lo recibieron y si continúan con las mismas inquietudes, les adjunto un expediente presentado por familiares del Comisario de la Policía de San Luis, Víctor David Becerra, en el que pueden verificar hasta donde son capaces de llegar algunos jueces federales a la hora de llevar adelante el Plan Sistemático de Eliminación Física de Presos Políticos.
El plan ha sido elaborado con toda precisión por el CELS, presidido por el terrorista Horacio Verbitsky, con el apoyo de los demás organismos llamados de Derechos Humanos y del mismo Gobierno Nacional.
Este operativo se complementa con el Plan de Juicios Sucesivos por Delitos de Lesa Humanidad por el cual se busca que los juicios orales se sucedan en forma coordinada en el tiempo por varios años más, para lo cual las causas se dividen en lugar de unificarlas buscando que los imputados reciban condenas sucesivas a prisión perpetua o, a lo sumo, a 25 años de prisión. Los organizadores piensan en mantener estos juicios por lo menos por un lustro más, período en el que consideran que más del 70% de los afectados morirán en prisión.
Para ello funcionan diversos operadores de los cuales los principales son el Procurador General de la Nación, el terrorista Esteban Righi; el Auditor General de la Nación Javier Fernandez (que según Horacio Verbitsky es uno de los operadores del gobierno ante el Poder Judicial); los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel cuya misión es presionar a fiscales, jueces y camaristas; los abogados de la Secretaría de DDHH dirigida por el terrorista Eduardo Luis Duhalde (fundador del Movimiento Todos por la Patria que el 23 de Enero de 1989, atacó el cuartel de La Tablada provocando la muerte de 39 personas y cientos de heridos) encabezados por el Dr. Luis H. Alem y los diversos abogados de las querellas oficiales (Madres, Abuelas, Hijos, etc.), en algunos casos subvencionados por el Estado a través del Ministerio de Justicia (??) y Derechos Humanos (??) de la Nación, en un repugnante acto de desigualdad ante la ley. Estos buscan que a los condenados se les nieguen diversos beneficios procesales (libertad hasta sentencia firme, prisión domiciliara por edad, etc.) y que sean encarcelados en Unidad del SPF que controla el CELS.
Ya en esas Unidades, quedan a merced de un sistema de salud de pésima calidad, tanto profesional, como edilicia y técnica, que deberá ocuparse del cuidado de las dolencias de los detenidos, los que sistemáticamente hacen oídos sordos a los pedidos de ayuda médica o bien retardan el suministro de remedios a aquellos que los tienen expresamente recetados. Ha habido casos de presos a los cuales se les negó el traslado a Hospitales o a la Unidad de Ezeiza, pese a que debían hacerse tratamientos de quimioterapia y, en la Unidad donde estaba el detenido con cáncer, no se les brindaba el suministro de elementos para dicho tratamiento.
Los pedidos de los abogados de aquellos detenidos con enfermedades de gravedad son demorados en los Juzgados, normalmente, por dudosas vistas que se corren a los abogados de la querella, los que obviamente se niegan a considerarlos, alegando que son simples excusas para mejorar la situación carcelaria del peticionante.
De los más de 100 casos de fallecimientos de presos políticos detenidos en dichas Unidades Carcelarias, cifra al 15-8-2010-, pudo determinarse que muchos de ellos no habrían muerto o al menos habría tenido una mejor calidad de vida hasta su deceso, de haber recibido la atención médica normal que debe prestarse a todo enfermo grave. Hay casos que tenemos registrados realmente aberrantes que en su momento merecerían una denuncia penal no sólo al médico y responsable de la Unidad Penitenciaria, sino también a los Jueces y Fiscales que deliberadamente colaboraron en acelerar el fallecimiento del enfermo, en muchos casos afectados de cáncer terminal
Emilio Guillermo Nani
Teniente Coronel (R)
Veterano de Guerra
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Señores Oro y Feinmann:
Días pasados los escuché en la radio, alarmados, al haber comprobado que lo actuado por la justicia federal en los juicios denominados de derechos humanos, más que Justicia era venganza.
Después lo escuché a Feinmann en un diálogo con la esposa del Comisario Luis Patti, preocupado porque consideraba que los jueces de la Cámara Federal de San Martín lo que buscaban era matar a Patti.- De eso no les quepa la menor duda.
Les alcanzo, por si les interesa, las 31 ABERRACIONES JURÍDICAS que cometen los jueces prevaricadores para satisfacer las órdenes de EDUARDO LUIS DUHALDE, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, para privar de la libertad a quienes tuvieron la responsabilidad de liberar a la Nación Argentina del flagelo del terrorismo quienes, con sus aciertos y errores, demoraron más de 30 años la instalación del actual “modelo” del matrimonio Kirchner, caracterizado por el atraso, el odio, la revancha, la miseria y la corrupción y por el desinterés en todo lo que tenga que ver con la educación, la salud, la pobreza, la indigencia, el desempleo, las relaciones exteriores, la Defensa Nacional, la economía, la energía, la seguridad, la cultura y muchos etcéteras más.
1. Conversión de juzgados en remedos de tribunales revolucionarios
2. Anulación de los indultos que los beneficiaban, dejando vigentes --en una desvergonzada decisión propia de estados totalitarios-- los que protegían a los miembros de las organizaciones terroristas.
3. A anulación de las leyes llamadas de obediencia debida y punto final.
4. Condena por aplicaciones de prisiones preventivas permanentes y no ajustadas a sus fines cautelares.
5. Violación del principio constitucional de presunción de inocencia.
6. Violación del principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces que designaba la ley antes de los hechos de la causa.
7. Imputación de delitos de "lesa humanidad" y de la figura de "genocidio", categorías que no existen en el Código Penal ni en la Constitución Nacional.
8. Violación del principio de irretroactividad de la ley penal.
9. Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos (non bis in idem – no dos veces por lo mismo).
10. Vulnerar el derecho de defensa al rechazar testigos sin fundamento alguno.
11. Aceptación de querellantes a personas y organizaciones que no están procesalmente justificadas para ser consideradas como tales.
12. Violación del principio de aplicación de la ley más benigna.
13. Inobservancia de la garantía constitucional del derecho de defensa.
14. Aceptación de testimonios mendaces y testigos falsos.
15. Negación de excarcelaciones bajo fianza.
16. Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural.
17. Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados.
18. Violación del principio de igualdad ante la ley.
19. Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual.
20. Violación del principio de territorialidad.
21. Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas.
22. Violación del principio de doble instancia.
23. Rechazo de testigos de la defensa y aceptación como prueba de cargo de dudosos testigos de la acusación
24. Cercenamiento del derecho a repreguntar a testigos.
25. Inversión de la carga de la prueba.
26. Cercenamiento a los defensores del control de la producción de la prueba.
27. Negación de prisión domiciliaria a ancianos octogenarios enfermos.
28. Inobservancia de la garantía de intervención del juez dentro de su competencia.
29. Inobservancia de la garantía constitucional del juez imparcial.
30. Negación por negligencia criminal al acceso a un sistema de salud.
31. Introducción de la accesoria de la pena de muerte por abandono de persona.
Siendo las más repugnantes las dos últimas.- 117 muertos en cautiverio o como consecuencia del acoso judicial, constituyen un espantoso ejemplo de lo expresado.
Sepa la sociedad que, si continúa tolerando silenciosamente la existencia de una justicia “hecha a medida” para algunos de sus integrantes, el día de mañana, esta clase de jueces y funcionarios actuarán de la misma manera a la hora de impulsar juicios, con la finalidad de no enojar a sus mandantes.
Ausencia de seguridad jurídica no es solamente lo sucedido con Fibertel, ni con el campo; ni con los delitos cometidos por Guillermo Moreno; ni con las AFJP; ni con el cierre de exportaciones; ni con la ceguera de los jueces que nunca encuentran causa para juzgar los delitos de corrupción de los Kirchner y sus cómplices; etc., etc.
LO QUE HOY SE TOLERE, SE DEBERÁ PADECER.
Emilio Guillermo Nani
Teniente Coronel (R)
Veterano de Guerra
¡¡¡¡¡¡¡ ............ Vamos a tener que dar cuentas, no sólo de lo que hagamos, sino también de lo que dejemos de hacer ......!!!!!!!!!
