Morín y sus ginecólogos troceaban con el bisturí los fetos vivos de más de

Morín y sus ginecólogos troceaban con el bisturí los fetos vivos de más de
12 semanas

J. G. BARCELONA.

El sumario del caso Morín, a lo largo de sus más de 4.000 páginas,
desvela día a día nuevos detalles escalofriantes. Ayer, Europa Press facilitaba
nuevos elementos incluidos en el sumario, que dibujan una auténtica casa de los
horrores. En sus declaraciones ante la juez del caso, Elisabeth Castelló, el
ginecólogo y propietario del próspero y enorme entramado empresarial en que se
había convertido su actividad abortista, reconocía, entre otras cuestiones,
haber practicado abortos en niñas de 13 años.

A las trituradoras encontradas, a la larga suma de irregularidades
detectadas a la hora de deshacerse de los fetos, a las interrrupciones
practicadas en mujeres con más de siete meses de embarazo, a los falsos informes
psiquiátricos... a todos estos escándalos se van añadiendo informaciones que
ponen los pelos de punta.

En su declaración, Morín reconocía «haber atendido» en sus clínicas
a «una gran población de menores», incluso a niñas («adolescentes», para él) «de
13 años». Sobre esta cuestión, los investigadores no descartan que se hubieran
podido haber producido algunas interrupciones incluso por debajo de esa edad, lo
que hubiera supuesto la posible ocultación de un delito de violación, que es
como se considera penalmente la relación sexual con una menor de 13 años,
independientemente de si es consentida o no.

Abortos de hasta 33 semanas

En cuanto a la edad de los fetos eliminados, Morín, ante la juez,
sólo aceptó haber practicado abortos a embarazadas de siete meses y medio (29
semanas). Sin embargo, en los informes sobre escuchas telefónicas de médicos
colaboradores de Morín figuran casos de abortos a mujeres encintas de más de 30
semanas y hasta de 33 semanas. Es decir, por encima de los ocho meses. Como se
sabe, un bebé prematuro es viable, con un un altísimo porcentaje de éxito, a
partir de los seis meses y a veces con menos.

Asimismo, el sumario confirma que el 97% de los casos de
interrupción del embarazo de las clínicas de Morín se practicaron a partir del
supuesto de grave perjuicio físico o psíquico para la madre que la ley del
aborto permite más allá de la semana 22 de la gestación. Otro 2% de los abortos
de estos centros se acogían al supuesto de malformación del feto y un 1% a casos
de violación, de acuerdo a la declaración del ginecólogo.

Respecto al método utilizado para deshacerse de los fetos después
de la intervención, la investigación revela que las clínicas no utilizaban los
sistemas reglamentarios a los que obliga la ley para desprenderse de los restos
humanos y fetos, sino que los tiraban en los contenedores de residuos sanitarios
como si se tratara de material sanitario y biológico.

En este sentido, la normativa distingue entre residuos generales,
biosanitarios asimilables a urbanos, biosanitarios especiales y restos humanos
de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones
quirúrgicas. La normativa obliga a un transporte especial para deshacerse de
este material orgánico.

La investigación pone de manifiesto que la empresa que realizaba el
transporte de residuos de Morín no estaba autorizada para la destrucción de
restos humanos y fetos y que a estos contenedores iban los restos de fetos de
«más de 20 semanas», admitió Morín.

Métodos truculentos

Al respecto, también se mantiene abierta la investigación sobre las
famosas trituradoras industriales localizadas en algunas de las clínicas y que
se supone que, conectadas a las desagües, hicieron desaparecer toneladas de
restos de los fetos de mayor tamaño.

Especialmente truculentos resultan los relatos del propio Morín
sobre los sistemas utilizados para acabar con la vida de los fetos. Para
realizar los abortos, los ginecólogos de las clínicas investigadas, del grupo
TCB-Ginemedex, todas ellas situadas en la parte alta de Barcelona, utilizaban el
sistema de la aspiración para los casos de menos de 12 semanas de embarazo,
mientras que para los casos más avanzados, de la semana 13 a la 20, practicaban
la dilatación y morcelación. Esto significa que se abría el canal del parto,
según narra Morín, con un dilatador, «hasta el diámetro 20», precisó. Y luego se
procedía a fragmentar, más bien a trocear, el feto o bien con un bisturí o con
unas pinzas para luego extraer los restos de la carnicería. Morín señaló a la
juez que toda esta «operación se completa con el feto vivo».

Más allá de las 20 semanas, aseguró que inyectaban en el corazón de
las criaturas una sobredosis de digoxina, un fármaco que se utiliza para tratar
insuficiencia cardíaca. De acuerdo con su declaración esta inyección paralizaba
el corazón del bebé «para evitar el sufrimiento fetal». Sin embargo, otras
fuentes médicas explicaron que con ese tiempo de gestación «se mata al feto para
que no se mueva durante el parto», que en estos casos avanzados se provoca
artificialmente.

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