El “blanco” nunca cierra
La eterna pregunta de la calle durante los doce años K era, básicamente, comparativa: “¿Quién afanó más? ¿Los Kirchner o Menem?
Siempre pensé en la inutilidad de la comparación; lo terrible era la naturalización del delito, y no su monto.Después, el saber popular lo resumió mejor: “Al lado de estos, los menemistas eran motochorros”.
La pregunta anónima de los últimos meses es distinta:la gente se desvela por saber cuál es la causa judicial que más complica a Cristina. La respuesta es simple: la más lineal, la probada en público, la que lleva su firma en las declaraciones juradas: enriquecimiento ilícito. A menos que el matrimonio Kirchner hubiera creado y desarrollado la empresa Windows en Sillicon Valley, su fortuna no pudo haber aumentado más de un mil por ciento en diez años. Lo que esos números dicen es una verdad de Perogrullo: a los políticos casi nunca les cierra “el blanco”. En dos, en cinco o en diez años, un ministro no puede comprarse una casa de dos millones de dólares, o un piso de un millón. Pero su situación es incómoda: los gastos y el estilo de vida lo llevan a tener que declarar alguna cosa: esa declaración, aunque mínima en comparación con su realidad cotidiana, no cierra. El último sueldo bruto que percibió Cristina fue de $ 100.624, un neto de $ 60.784. Los ministros cobraban entonces $ 115.842, y los subsecretarios $ 94.432. La denuncia de la diputada del GEN Margarita Stolbizer contra Cristina Kirchner, por no haber declarado por lo menos diez plazos fijos de un total de 19 que heredó de su esposo, vuelve a poner el tema en su zona cero. En 2015, “Mamá” declaró ingresos por $ 6.239.289, por “trabajo, alquileres y otras rentas”, y el Nene $ 2.600.000 en el mismo concepto. El problema es la Nena, que apareció ayer con US$ 4.664.000 en una caja de seguridad. Son 69.960.000 pesos con el dólar a $ 15. La Nena llegó con una panadería bajo el brazo, porque su cash supera por lejos al de toda su familia, sin haber tenido nunca un trabajo conocido y sin haber cerrado los trámites de la herencia de su padre, que tampoco justificarían –en plata en efectivo– una suma de esa entidad.
También sucede, claro, que los jueces que ahora la juzgan ya la absolvieron por cargos similares: la primera causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner estuvo a cargo de Julián Ercolini, quien cerró la investigación de los bienes entre 1995 y 2004, oportunidad en la que el fiscal Eduardo Taiano no apeló; ese mismo día su hijo sufrió un secuestro exprés. Ayer Ercolini fue quien ordenó abrir las cajas. La segunda denuncia se tramitó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que dictó el sobreseimiento del matrimonio en 2008, y la tercera fue clausurada en diciembre de 2009 por el juez Norberto Oyarbide, luego de una rápida investigación que determinó que todo fue legal entre 2008 y 2009.
Ahora, el Gobierno y parte de la sociedad esperan que –con excepción de Oyarbide, en pleno consagrado a la danza– sean los mismos jueces quienes condenen a los Kirchner. La utilidad propia de la declaración jurada, en un país donde los datos casi no se cruzan y se mantiene un cuarenta por ciento de la economía en negro, es casi pueril. Pero no hay, a la vez, nada más incriminatorio: lleva la firma de quien la falsea. Lo que falta ahora es que Florencia diga que los cuatro millones y medio de dólares son “políticos” y “forman parte de una persecusión”. Pero todo es posible en un país donde las monjas no son monjas y el Vaticano sostiene que un monasterio no depende de ellos sino de Mc Donalds.
