Corrupción: revelan que Cristina amparó todo
La ex presidenta desoyó los avisos de la Auditoría General de la Nación, que reveló la mecánica de la corrupción K.
Cadena de la felicidad. Cristina Kirchner el 30 de septiembre de 2015. DYN/PRESIDENCIA
Cristina Kirchner recibió por escrito al
menos diez advertencias concretas de que existían adjudicaciones
irregulares y sobreprecios en la obra pública de su gobierno.Clarín confirmó que las denuncias internas ocurrieron durante sus dos mandatos, pero aumentaron en intensidad a partir de 2010.
Cristina desoyó las alertas y tomó una decisión política cada vez que recibió los documentos: no corrigió nada, ocultó los planteos y siguió adelante con las obras cuestionadas.
La actitud de la ex presidenta confirmaría una convicción que existe en la Auditoría General de la Nación (AGN): que durante su gobierno llevó adelante un plan sistemático para hacer “caja y dinero” en forma ilegal con inversiones del Estado.
La AGN fue el organismo que emitió esos diez dictámenes en “tiempo real”, cuando Cristina adoptó decisiones que ahora bañan de corrupción a Tribunales. Esa decena de informes de la Auditoría permitieron abrir otras tantas causas judiciales que investigan maniobras de la era cristinista y del ex ministro Julio de Vido.
Alejandro Nievas, el decano de los auditores, lo reconoció esta semana: “Acá hubo un plan sistemático para el robo con la obra pública.” Nievas es un conocido auditor radical. Pero Clarín confirmó que las advertencias que se le enviaron a Cristina en su momento fueron –en todos los casos– aprobadas por unanimidad. Tuvieron el aval de la oposición y de los propios directores designados por el FPV-peronismo.
En otras palabras: las irregularidades eran tan serias que hasta diciembre los propios auditores del oficialismo decidieron acompañar las advertencias para no quedar pegados con los negociados de obra pública. Entre ellos, Javier Fernández y Oscar Lamberto.
Ahora se explica por qué la ex presidenta impulsó a Ricardo Echegaray para “tapar” lo que conocía la AGN. Cristina –en la última semana de mandato– convocó a los gobernadores e intentó primero imponer a Aníbal Fernández como jefe de la Auditoría.
Los gobernadores no lo aceptaron. Aníbal fue el mariscal de la derrota bonaerense y juzgaron impropia esa sugerencia de la ex presidenta. Aceptaron la segunda propuesta: entronizar a Echegaray. El ex jefe de la AFIP prometió tapar los informes comprometedores e iniciar una acción de hostigamiento a Macri. Para eso lo espió ilegalmente durante varios meses, el año pasado. Pero no soportó su propio prontuario y la cantidad de denuncias en su contra. Ahora el PJ no termina por reemplazar al insostenible el ex titular de la AFIP. Lamberto es el candidato para presidir la AGN y desbancar a Echegaray.
La Auditoría le entregó en tiempo real y le advirtió a la ex presidenta sobre la corrupción en dos informes lapidarios del Plan Federal de Viviendas: cuatro sobre las maniobras que existían en Vialidad Nacional; dos por los manejos en los planes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y uno vinculado a las obras de Milagro Sala.
El primero de todos incluía serias objeciones sobre las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Tiene fecha de 2010 y denuncia el direccionamiento que se quería hacer de las licitaciones en favor de empresas de la “burguesía kirchnerista”, y también eventuales sobrecostos.
Según la Auditoría, en todos los programas se detectó: – Adjudicación de las obras con sobreprecios por un mínimo del 25%.
– Adelantos financieros que no se correspondían con la ejecución de tareas.
– Pagos a los contratistas sin que se concretara el programa comprometido.
– Ampliación de adjudicaciones sin licitación publica.
Cristina obvió esos informes contundentes y los omitió en su nuevo relato: en un complaciente reportaje, el domingo pidió una auditoría sobre la obra pública, cuando durante su mandato eludió y escondió los diez informes lapidarios de la AGN.
Lo hace porque quiere sembrar dudas sobre las empresas constructoras vinculadas a Mauricio Macri. La cuestión genera turbulencias en el mercado del sector. La Auditoría General no exceptúa a nadie. En cambio, el ministro de Transporte centra todo en solo una decena de compañías vinculadas al poder “K”. Para Guillermo Dietrich, “la cadena de la felicidad” está formada por diez firmas con llegada directa a Cristina. Pero la propia denuncia penal que presentó Vialidad habla de complicidades dentro del mercado.
Javier Iguacel –jefe de Vialidad– se presentó en el juzgado de Julián Ercolini por una licitación de Lázaro Báez a través de la firma Adelmo Bancalari. Báez ganó el 100% de la obra y trasfirió en forma inmediata el 70% a la firma Cemento. Vialidad sostiene que esa maniobra encubrió “un sobreprecio del 30%”.
Es un tema que debe ser aclarado, porque ahora el Gobierno aceleró la obra pública para tratar de reanimar la economía recesiva. La meta es gastar 8.000 millones de pesos por mes y aún el programa está subejecutado: se usaron 6.000 millones.
La Casa Rosada tiene expectativa en eso y también con el resultado del blanqueo. Alfonso Prat-Gay recibió informes de bancos de que aseguran que podría llegar a 60.000 millones de dólares. Son bancos internacionales que apoyaron a Axel Kicillof y que ahora quieren hacer negocios con el nuevo gobierno. Entre ellos, JP Morgan y HSBC, cuyo jefe, Gabriel Martino, fue amigo del ex ministro pero luego separado de sus funciones.
Pronto saldrá la reglamentación del blanqueo. Igual Prat-Gay es cauto y su apuesta es que el dinero que blanqueado se canalice a través de un beneficioso bono, para asegurarse financiación pública hasta las elecciones del 2017.
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