Justicia penal a Bush
Lunes 13 de Julio de 2009
El fiscal general Eric Holder está considerando la posibilidad de designar un fiscal penal para investigar las prácticas utilizadas por la CIA en los interrogatorios durante el gobierno de George W. Bush. Newsweek informa que Holder está cada vez más preocupado luego de revisar las políticas de interrogatorio de dicho gobierno. Según se informa, le dijo a un colega que lo que vio en los informes sobre el tratamiento dispensado a los prisioneros en las cárceles secretas de la CIA “le dio vuelta el estómago”. Se prevé que Holder tomará una decisión en las próximas semanas, puesto que ya manejó diversos nombres para ocupar el cargo de fiscal especial. Holder está evaluando la posibilidad de llevar a cabo una investigación, a pesar de la opinión en contrario del Presidente Barack Obama, quien se opuso a una iniciativa de los demócratas del Congreso para formar una “comisión de la verdad”. Obama afirmó que el país debería “mirar hacia adelante y no hacia atrás”. Holder declaró a Newsweek: “Espero que sea cual sea la decisión que tome, ésta no tenga un impacto negativo en los planes del Presidente. Pero eso no puede ser parte de mi decisión”.
La CIA también está siendo fuertemente criticada por no haber informado al Congreso de un programa altamente clasificado de asesinatos dirigidos que la agencia implementó después de los ataques del 11 de septiembre. Según el Wall Street Journal, dicho programa se centraba en el intento de la agencia de capturar o asesinar terroristas. El Journal informa que la CIA destinó dinero y planificación, y que posiblemente suministró entrenamiento. Lo que permitió la implementación del programa fue un pronunciamiento legal presidencial de 2001, conocido como “finding” (que puede traducirse como “fallo” o "decisión") que autorizó a la CIA a llevar a cabo tales iniciativas, a pesar de que el gobierno de Ford prohibió los asesinatos en la década de 1970. El Congreso se enteró de la existencia del programa recién el mes pasado, cuando Leon Panetta, director de la CIA designado por el Presidente Obama, le puso fin al plan. La senadora Dianne Feinstein estuvo en el programa televisivo Fox News Sunday. No describió el programa, pero confirmó que el vicepresidente Dick Cheney había ordenado a la CIA que ocultara su existencia al Congreso.
Dianne Feinstein dijo: “La respuesta es ‘sí’, el Congreso tendría que haber sido informado. Tendríamos que haber sido informados del inicio de este tipo de programa sensible. El director Panetta nos informó hace dos semanas, creo que el 24 de junio; dijo que recién se había enterado del programa, nos lo describió, nos dijo que lo había cancelado y, tal como se informó, nos dijo que le habían comunicado que el Vicepresidente [Cheney] había ordenado que no se pusiera en conocimiento del programa al Congreso”.
No es la primera vez que el gobierno de Bush es acusado de llevar a cabo asesinatos dirigidos. Este mismo año, el periodista de investigación Seymour Hersh reveló que dicho gobierno dirigió un “anillo ejecutivo de asesinatos” que estaba bajo las órdenes directas del ex Vicepresidente Dick Cheney.
Seymour Hersh expresó lo siguiente: “El Congreso no tiene supervisión sobre [el programa]. Se trata básicamente de un ala de asesinatos ejecutivos. Y ha continuado sin interrupciones. Justo hoy en el Times hay un artículo en el que se afirma que su líder, un almirante de tres estrellas llamado McRaven, ordenó detener ciertas actividades porque había demasiadas muertes colaterales. Bajo el mandato del presidente Bush, ingresaban en países, sin hablar con el embajador o el jefe de la CIA del lugar, buscaban personas que tenían en una lista, las ejecutaban y abandonaban el país”.
Según Hersh, el programa fue ejecutado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por su sigla en inglés). El ex director del JSOC, Stanley McChrystal, es en la actualidad el máximo comandante en Afganistán del gobierno de Obama.
En otras noticias de inteligencia, un informe gubernamental publicado el viernes afirma que los esfuerzos de vigilancia del gobierno de Bush con posterioridad a los ataques del 11 de septiembre fueron mucho más allá del programa ampliamente divulgado de escuchas telefónicas sin orden judicial. El informe sostiene que se trata de un programa de vigilancia “sin precedentes” y cuestiona su fundamento legal. El informe también plantea interrogantes sobre la eficacia de la operación de vigilancia. Algunos funcionarios de la CIA se quejaron de que gran parte de los datos del programa eran “vagos y estaban fuera de contexto”, razón por la cual se volcaron a otras fuentes de información. A pedido del Congreso, el informe fue realizado por cinco organismos de control gubernamentales: inspectores generales del Departamento de Justicia, Pentágono, CIA, Dirección de Inteligencia Nacional y Agencia de Seguridad Nacional. Más de 200 funcionarios de jerarquía y agentes de primera línea de organismos de defensa e inteligencia fueron entrevistados en el informe, pero varios altos funcionarios del gobierno de Bush se negaron a declarar, incluidos el ex fiscal general John Aschroft, el ex abogado del Departamento de Justicia John Yoo, el ex director de la CIA George Tenet, y David Addington, un ex asesor de importancia del Vicepresidente Cheney.
