SEPRIN:17-XI-08
FORMULA DENUNCIA PENAL.-
SEÑOR FISCAL: Elisa Maria Avelina Carrio, Adrián Perez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sanchez y Juan Carlos Morán, constituyendo el domicilio procesal en la calle Rivadavia 1829 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. se presenta y respetuosamente dice: I.- OBJETO: Que venimos a interponer formal denuncia penal a los fines que se investigue la conducta de los Sres. Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal Lopez y Lázaro Báez por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal y/u otros posibles actos de corrupción por los hechos que seguidamente se exponen. II.- HECHOS:
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| Que la investigación que se solicita, por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, respectivamente, y/o por el tipo penal que surja de la investigación que se peticiona el elevado criterio de V.S. esta relacionado con los hechos que pasamos a describir: A modo de introducción de la presente es posible afirmar que así como en la década del 90 la corrupción se gestionó a través de los bancos y el sistema financiero, en la era de Néstor Kirchner se basa en los oscuros negocios que él y su entorno hacen de la obra pública. Desde fines del 2003 hasta la fecha, comenzamos a describir una nueva matriz de negocios implementados desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo que cuenta con tres características básicas: - concentración empresaria en distintos sectores de la economía; - adquisición de empresas estratégicas por medio de empresarios, hasta ese momento desconocidos, cercanos al presidente Kirchner; y - presentación ante la opinión pública de que dichas operatorias responden a un gobierno que defiende al Estado. Así, el comportamiento de saqueo puede advertirse mediante la cooptación del aparato Estatal por parte de los especuladores y grupos económicos concentrados, muchos de ellos, sin antecedentes comerciales o con crecimientos patrimoniales notorios a partir del 2003 con la llegada del Kirchnerismo al gobierno, circunstancias que se prueban en la presente mediante el acompañamiento de los informes comerciales de las empresas de referencia. Es así que este conjunto de patrones vigentes no consagrados jurídicamente se establecen, según Weber, en un nuevo esquema de dominación llamado patrimonialismo. Este esquema “impide la economía racional por la peculiaridad de su administración” ya que “dificulta la existencia de disposiciones legales racionales, en cuya duración pueda confiarse, por la ausencia típica de un cuadro administrativo profesional formal, por el amplio ámbito del arbitrio material y de los actos discrecionales puramente personales del soberano y del cuadro administrativo. Mas aun, cuando impera el arriendo de cargos, el funcionario se encuentra inmediatamente obligado para la gestión beneficiosa de su capital, a emplear cualquier medio de exacción, aun los mas irracionales en sus efectos”. Dicho de otro modo, quienes detentan posiciones de poder ascienden a ocupar roles de gobierno apropiándose de los derechos y bienes del Estado, transformándolos en propios. Por eso durante la gestión kirchnerista se produjo la denominada “patrimonialización del Estado” que supone ese conjunto de patrones vigentes o practicas políticas, que borran o confunden convenientemente, como regla general, la diferencia de lo publico y lo privado, permitiendo la disposición de lo primero con total omisión a las reglas y leyes establecidas para el manejo de “cosa publica”. En diciembre de 2003, denunciamos en el informe de investigación “La distribución de la Obra Publica-clientelismo o política de estado” como la gestión de Néstor Kirchner y Julio de Vido beneficiaba a empresas amigas con total desapego de las buenas practicas de la administración publica, el manejo eficiente del erario publico y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado. En ese orden, se ha evidenciado, como siempre, que son las mismas empresas que funcionando como holding, se presentan imponiendo el precio, subiendo considerablemente los costos de la inversión publica ante una total pasividad del Estado contratante. |
