Doble vara con los violentos de un sector mapuche

Casi toda la gente que conozco que defiende a los grupos violentos de mapuches, vive en Barrio Norte. Hippies con OSDE. Es en vano intentar discutir el tema: la violencia mapuche “es una mentira de los medios monopólicos” o, caso contrario, “los mapuches fueron torturados y vejados hace doscientos años y debemos sentirnos culpables”. Ellos son, por su lado, los verdaderos dueños de la tierra (siguiendo esa lógica, los mapuches usurparon a los dinosaurios). Su adhesión snob le otorga a los mapuches una categoría particular, les aceptan conductas que condenan en los no-mapuches. A las feministas, por ejemplo, no les importa que la mujer mapuche esté obligada a ser ama de casa o bruja (machi). A los demócratas no les molesta que el Lonco no surja de una votación, sino del privilegio de la sangre. A los laicos tampoco les molesta que la religión ocupe, en los mapuches, la misma o mayor importancia que los valores civiles.
Cuando sucede en los “blancos” la misma conducta es condenada: los llaman fanáticos, fascistas, intolerantes. Observan la mayor parte de los problemas sociales que los mapuches sufren (discriminación, desempleo) como problemas especiales, olvidando que eso le sucede a todos los pobres del país; su origen los convierte en pobres con privilegios de reclamo. Si un grupo de habitantes humildes de Neuquen quema una camión o cobra “peaje” en la ruta es un delito, pero si lo hace un mapuche es una reivindicación.
El gobierno K (en este caso ya no vecinos de Barrio Norte sino de Puerto Madero) tuvo un sueño incompleto: entregarle a los pueblos indígenas los parques nacionales. El sistema de parques nacionales –son treinta y tres- está destinado a proteger el patrimonio natural y cultural del país y pertenece a toda la comunidad. El proyecto tuvo una especie de plan piloto en el Parque Lanin, 413.000 hectáreas en Neuquen, en el marco del denominado “comanejo” por el que se formó un directorio donde las autoridades mapuches y las del Parque tienen igual representacion. Hoy mismo puede verse em la puerta de entrada del Parque Lanin un panfleto en el que Facundo Jones Huala pide la renuncia de la ministra de Seguridad. El único arraigo de esas comunidades en el Parque es político, y no ancestral.
Otro proyecto en marcha con el mismo sentido es el llamado Barrio Intercultural de San Martín de los Andes, donde se instala una comunidad mitad mapuche mitad “huincs” (los huincas vendríamos a ser nosotros) manejada por el inefable Juan Grabois, el amigo del Papa que extorsiona al Gobierno pidiéndole subsidios a cambio de disminuir el numero de cortes y piquetes. El concepto es curioso: como si los barrios que reúnen descendientes de italianos, españoles y árabes no fueran multiculturales. Respecto a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) es difícil decir cuántos son: veinte personas, cincuenta o mil. En cualquier caso son una minoría ruidosa y no representativa. En los últimos días, se han transformado en un ente mitológico: todos hablan como si nunca hubieran existido, y los atentados fueran un invento de los medios.
Gobiernos progresistas como el de Michelle Bachelet, en Chile, no dudaron en calificar como terrorista a su grupo hermano, la CAM. Aquí esa palabra representa un problema: está mal visto llamar terroristas a quienes usan el terror para conseguir resultados políticos. La experiencia de la última dictadura militar, que asesinó por “terroristas” a miles que no lo eran, solo por pensar distinto, dejó una mella aún no superada. ¿Cómo llamar a quienes incendian propiedades? ¿Cómo extorsionan en la rutas cobrando peajes? Lo curioso es que mientras el obispo de Bariloche, Juan Jose Chaparro, dice que “nunca los vio” y fomenta la negociación de igual a igual con quienes ocupan ilegalmente un bien del Estado, los mismos miembros de la RAM reconocen en público sus actividades y las reivindican; explican que esto es sólo el comienzo y reparten folletos a los adherentes enseñandoles cómo planificar actividades futuras.
Un reciente comunicado de la RAM reivindicó lo que llama “acciones de resistencia a través de la conformación táctica de Unidades Ancestrales de Liberación Territorial UAL”, y las describe: -Paraje Mallin Ahogado, sabotaje mediante dos quemas de retroexcavadoras que prestaban servicio al imperialista británico Joe Lewis, mayor accionista de energía eléctrica del país.
-El Hoyo: sabotaje quema de cabañas del mafioso Sindicato de Petroleros Privados del Chubut.
-Sector rural El Hoyo: quema de dos máquinas pertenecientes a Minas Magri, quienes destruyeron el mallin por la extracción de turbas.
-Quema de puesto La Escondida, perteneciente a Benetton.
-Emboscada con armas de fuego en Ruta Nacional 40 sector rural Epuyen: un móvil dañado y un oficial con impacto de bala en el chaleco antibalas.
-Sabotaje a la empresa Plantas del Sur que exporta frutillas a Europa. Se destruyeron tres tractores, dos campings, dos arados y una casilla.
La investigación liderada por el fiscal general José Gerez señala también el caso del homicidio del sargento Jose Aigo en 2012 y ataques a concesionarias y pozos petroleros en la zona del Alto Valle. En distintos allanamientos se encontraron armas de guerra, rifles Winchester, pistolas y varios kilos de marihuana. Quienes siguen el tema no descartan que parte de la actividad de estos grupos sea el narcotráfico en un sitio donde la frontera es de fácil acceso y no tiene control alguno.
En http://we un.org/ bajo el titulo “Kutralwe” puede encontrarse el “Manual mapuche de sabotaje y confusión”, que explica “el arte de golpear sin ser golpeados, hacer acciones de sabotaje sin represalia o investigaciones posibles dejando pruebas falsas que confundan a los persecutores y lo hagan perder el tiempo buscando un seudo responsable que no existe o es imposible de perseguir bajo sus mismas leyes y normas impuestas”. Kutralwe le enseña al militante que conducta tener ante las detenciones, cual es la nueva ley de control de armas y explosivos, etc.
El Gobierno ahora toma como una sorpresa algo que lleva años sucediendo. Y tampoco tiene un plan al respecto. Las declaraciones de Patricia Bullrich y Gabriela Michetti luego de la muerte de Rafael Nahuel, ocupante del Parque Nahuel Huapi a manos de la Prefectura, no fueron oportunas. Ambas sostuvieron que “el beneficio de la duda lo tiene que tener siempre la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza”. El jurista Roberto Gargarella escribio en su blog: “Es el Estado el que debe probar que actuó bien, el que debe hacer un esfuerzo extraordinario para justificar cada paso que quiera dar usando su fuerza y el que debe someterse a estrictos controles cuando se mueve en dicho terreno. Por eso lo rodeamos de organismos de control”.
Si el Estado remedia las injusticias del terrorismo con nuevas injusticias, lo único que hace es atizar el fuego.Los jueces, por su lado, favorecen que las pruebas desaparezcan: no se animan a allanar, respetando territorios sagrados u ocupaciones armadas. Como decíamos arriba, la RAM debe estar compuesta por un grupo de decenas o cientos de personas. No son muchos, pero saben lo que quieren. Nosotros, no.