La AFIP kirchnerista le mintió a la Justicia para proteger a Lázaro Báez

La actual conducción reveló que hubo datos adulterados; sólo en Austral Construcciones, estiman una evasión de más de $ 70 millones en dos años

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Hugo Alconada MonLA NACION

Sábado 15 de abril de 2017

Báez en Comodoro Py. Foto: Archivo

La AFIP alertó a la Justicia que un organismo del Estado le mintió para llevarlo a proteger a las empresas de Lázaro Báez y, en última instancia, encubrir a la entonces familia presidencial Kirchner, en uno de los rubros más sensibles: la operatoria hotelera. ¿A qué organismo acusó la agencia? A la propia AFIP .
El alerta llegó a manos del juez en lo Penal Económico Javier Biscayart, mediante un informe reservado que uno de los más altos funcionarios de la actual AFIP, Jaime Mecikovsky, le entregó junto con una docena de anexos de 500 páginas elaborados por el área de auditoría interna del organismo, según reconstruyó LA NACION.
Ese informe y los anexos expusieron cómo técnicos y funcionarios de la AFIP de la gestión de Ricardo Echegaray le mintieron a López Biscayart, entre 2014 y 2015, sobre la situación tributaria de las empresas de Báez. Los engaños llevaron al magistrado a ordenar el cierre de la causa por evasión más sensible que afrontaba el presunto testaferro de los Kirchner.
Ahora, la auditoría interna de la AFIP expuso esas mentiras. Determinó, por ejemplo, que mientras que la gestión de Echegaray le informó a la Justicia que ninguna de las empresas de Báez jamás superó el umbral de los $ 400.000 anuales que impone la ley para iniciar una causa penal por evasión, la verdadera cifra evadida es multimillonaria. Y detalló que si se hubieran aplicado los mismos parámetros que se toman con cualquier contribuyente, sólo Austral Construcciones habría evadido más de $ 70 millones entre 2010 y 2011.
A eso deberían sumarse otros $ 152,1 millones de intereses resarcitorios acumulados. Es decir, un total de $ 222,1 millones.
"Las acciones llevadas a cabo (por la gestión Echegaray) fueron cuanto menos incorrectas y parciales, llevando información falaz al Juzgado, en la que se basó el dictado de la resolución de sobreseimiento", le informó Mecikovsky, quien también fue más allá de sus funciones técnicas y planteó que podría estarse incluso ante una presunta asociación ilícita fiscal.
Consultado por LA NACION, Echegaray rechazó el informe, deslindó responsabilidades en la línea técnica de la DGI y acusó a la actual gestión de la AFIP de actuar con fines políticos. "Ningún juez me preguntó nada de eso y la determinación del monto de los impuestos es resorte exclusivo de la línea operativa de la DGI, no de la AFIP", planteó, a través de un colaborador.

Se encontraron datos adulterados de Báez en la AFIP. Foto: Archivo

Echegaray también vinculó el nuevo informe de la AFIP con un fallo reciente de la Cámara Federal de Casación Penal que lo favoreció a fines de marzo en la causa por supuestas maniobras de encubrimiento que el entonces titular del organismo habría dispuesto en Buenos Aires y Bahía Blanca para proteger a Báez. En esa causa, Echegaray fue sobreseído por el entonces juez federal Norberto Oyarbide, fallo que no apeló el fiscal federal Guillermo Marijuán. "Si el informe (presentado ante López Biscayart) es así, tiene un alto contenido político", afirmó el ex funcionario.
Con el informe y los anexos por más de 500 páginas ya en sus manos, López Biscayart deberá evaluar los pasos a seguir. ¿Podría declarar que los sobreseimientos del presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y de su contador, César Andrés, que dictó en mayo de 2015 fueron fruto de un engaño y, por tanto, dictar la cosa juzgada fraudulenta? ¿Investigar por conexidad lo ocurrido, como lo habilita el Código Procesal Penal nacional cuando "un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad"?
A López Biscayart, sin embargo, el informe de la AFIP no lo tomó por sorpresa. Tras la asunción de Mauricio Macri, y el hallazgo de los primeros indicios de la actuación engañosa de la AFIP, accedió a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial, y en junio de 2016 reabrió la causa con dos objetivos: investigar la posible evasión tributaria de las empresas de Báez pero también determinar qué agentes de la AFIP le aportaron información sesgada a la Justicia.
Con su informe y las 500 páginas de anexos, el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, Mecikovsky le aportó ahora a López Biscayart indicios para avanzar por esa senda. Le informó que "se probó en las reinspecciones de AFIP DGI y las contraverificaciones de Auditoría Interna de AFIP, (que) quienes anteriormente intervinieron por AFIP no realizaron sus tareas siguiendo las pautas operacionales correspondientes".

La AFIP kirchnerista le mintió a la Justicia para proteger a Lázaro Báez.

¿Qué significa eso? Que al tratarse de las empresas del presunto testaferro de Kirchner, los sabuesos de la AFIP que aportaron el primer y falaz informe llegaron a conclusiones "sobre la base de investigaciones apresuradas y sin seguir los lineamientos de auditoría más básicos", lo que implicó, por ejemplo, que ni siquiera verificaron lo que aparecía en los papeles "más allá de lo formal" y avanzaron "sin apego a la normativo".
"Esa falta de apego a la normativa para llevar a cabo los procedimientos de fiscalización tuvieron decisiva incidencia", informó Mecikovsky, "a punto tal que los resultados informados en su momento a SS (por el juez López Biscayart) nada tienen que ver con lo que va surgiendo de acciones llevadas a cabo conforme derecho, quedando demostrada la falacia de los informes arrimados a la Justicia originariamente".
Así, ejemplificó, "ya desde el primer ejercicio fiscal concluido surge un ajuste entre IVA e Impuesto a las Ganancias de Austral Construcciones superior a los $ 70.000.000 por un solo año cuando en su momento se había aseverado y aportado elementos de análisis tendientes de demostrar la falta de existencia de ajustes que superaran la condición objetiva de punibilidad", es decir, el umbral mínimo de $ 400.000 de evasión anual que impone la ley.
Aunque Mecikovsky dijo que no sabe si se iniciaron sumarios dentro la AFIP para determinar responsabilidades administrativas, en su informe a la Justicia sí apuntó directo a la cúpula anterior, liderada por Echegaray y Rubén Ángel Toninelli. "Queda claro también, con un mínimo de sentido común y de conocimiento de la estructura interna de la AFIP que la interacción entre personal de dos Direcciones Regionales dependientes de dos Subdirecciones Generales Operativas diferentes de la DGI y que involucró incluso la disolución de una Dirección Regional, para lo cual debieron al menos intervenir dos Subdirecciones Generales de AFIP remarcó, de ninguna manera pudo ser orquestada solamente por dos áreas de inspección".