AHORA SE PODRÁN CONOCER TODOS LOS DETALLES QUE FALTAN

Tras trece años bajo el control de la española Repsol, se anunció, el gigante argentino que había sido privatizado en los 90 volvería a manos del pueblo. Pero no fue así. Para invertir en el país, Chevron pidió fuertes beneficios; LA NACION reveló varios de ellos

HUGO ALCONADA MON - LA NACION

El desembarco del Gobierno en la mayor petrolera privada del país, YPF, se anunció en abril de 2012 como la recuperación de la "soberanía energética". Tras trece años bajo el control de la española Repsol, se anunció, el gigante argentino que había sido privatizado en los 90 volvería a manos del pueblo. Pero no fue así.

¿Por qué? Porque el Gobierno no estatizó la petrolera. Optó por expropiar el 51 por ciento de las acciones, pero mantuvo a YPF como una compañía privada. Segundo, porque pronto -y en silencio- comenzó a negociar con grandes petroleras internacionales para atraerlas como socias "capitalistas" de YPF. Es decir, que aportaran fondos frescos para operar la compañía. En particular, sobre Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos más relevantes del planeta.

El problema, sin embargo, fue que esos potenciales socios exigieron una larga lista de condiciones para garantizarse que los capitales que trajeran al país no terminarían confiscados por el Gobierno, al que miraban con desconfianza por lo ocurrido con Repsol.

Tras meses de idas y venidas, en diciembre de 2012 las negociaciones fructificaron con Chevron, la multinacional de origen estadounidense que firmó una serie de cartas de intención, contratos y anexos que nunca vieron la luz.

Ni YPF aceptó difundir esos documentos ni tampoco Chevron. Y no aceptaron entregar copias al Congreso, ni ante las requisitorias de la justicia local de primera instancia. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.

Lo que se sabe hasta hoy

• Tras 10 meses de búsqueda, sin embargo, en noviembre de 2014, LA NACION accedió en exclusiva a varios de esos documentos -aunque no a todos-, que reflejaron cómo fueron las negociaciones y una larga serie de hallazgos. Entre otros:

• Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".

• Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.

• Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

• Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.

• El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina en default.

• YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos (Delaware) y el Atlántico Norte (islas Bermudas) para que los 1240 millones de dólares de la inversión para la formación Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador.

• Los documentos que obtuvo LA NACION, y que fueron publicados hace un año, sin embargo, fueron solamente algunos de todo el acuerdo confidencial que firmaron las petroleras. Ahora, tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación, la compañía presidida por Miguel Galuccio deberá entregar el material faltante.

1240 US$ millones

Fue la inversión inicial anunciada por Chevron para iniciar la explotación