El Gobierno suma protección a las empresas de Lázaro Báez
Política
El Gobierno suma protección a las empresas de Lázaro Báez
Por Nicolás Wiñazki
Lo hace a través de la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera, entre otros entes. Impiden el acceso a información de las firmas y le permiten operar salteando normas.
28/04/14
El Gobierno de Cristina Kirchner profundizó la protección estatal a las empresas vinculadas a Lázaro Báez, socio comercial de la Presidenta e investigado por lavado
de dinero en la Argentina, Uruguay y Suiza. La Inspección General de
Justicia (IGJ) bloqueó de tal modo el acceso a la información pública de
Helvetic Services Group, una de las compañías involucradas en el caso
de “La Ruta del Dinero K”, que una abogada que solicitó esa
documentación durante los últimos diez meses, Silvina Martínez, acaba de interponer un amparo en la Justicia para conseguirla.
Ese “cepo” informativo en la IGJ jamás había ocurrido en democracia, y también favorece a empresas vinculadas al caso Ciccone.
A
esa protección oficial para Báez, se le suman otras, en las que están
involucradas la misma IGJ, pero también la Unidad de Información
Financiera (UIF), de José Sbatella; y la Secretaría de Energía, de
Daniel Cameron, entre otros organismos.
Clarín pudo saber que dos de las petroleras del socio de la Presidenta, Misahar y Epsur, incumplen con las reglas burocráticas
que los registros públicos le exigen tener a las sociedades
comerciales. Con aval de los Kirchner, esas dos empresas ganaron la
concesión para explorar pozos petroleros en Santa Cruz.
Aun así, o
a pesar de eso, una de las petroleras de Báez, Misahar, no cumple con
las normativas gubernamentales contra el lavado.
Según fuentes que conocen la trastienda de los registros oficiales como la IGJ, las autoridades de Misahar nunca respondieron de modo oficial
si son “personas expuestas políticamente”, una regla que la UIF le
exige declarar incluso a empleados de clase media o clientes promedio de
los bancos.
A esta irregularidad se le agrega otra. A pesar de
que funciona hace varios años, y de que explota pozos petroleros en el
Sur, Misahar recién hizo oficial un aumento de capital durante este año.
Hasta ahora, siempre según lo declarado por la firma al Estado, su capital inicial declarado era sólo de $ 260.
El
caso de la protección estatal a Misahar es llamativo por motivos
obvios: la familia Báez, propietaria de Misahar, está siendo investigada
por el delito de lavado de divisas en el país y el extranjero. En
Suiza, por caso, las cuentas de los Báez fueron bloqueadas por
las autoridades nacionales una vez que se comprobó la veracidad que
tenían las denuncias periodísticas sobre el caso de “La Ruta del Dinero
K”.
El caso de la petrolera Epsur, también de Báez, es similar:
presentó su documentación ante la IGJ salteando normas, como las
publicaciones correspondientes a distintos aspectos que antes debía
difundir en el Boletín Oficial.
Dentro del organismo, llamó la
atención que las dos empresas iniciaron sus trámites ante el ente en
días distintos, pero hoy sus expediente tienen números correlativos, así
como si alguna autoridad hubiese sugerido que esas carpetas transiten juntas los controles K.
Una
de las personas que padeció y conoce la protección oficial de la IGJ
sobre Báez es la abogada Silvina Martínez. Usando sus conocimientos
sobre el tema, debido a que se desempeñó como Directora del Registro de
Sociedades de ese organismo, presentó el 4 de julio de 2013 un pedido de
acceso a la información pública de la compañía Helvetic Services Group.
Esa firma investigada en la Argentina, Uruguay y Suiza como la posible
compañía mediante la cual la familia Báez lavó millones de euros a través triangulaciones financieras e inversiones de distinto tipo.
El
trámite, número 7052976, pasó por diferentes instancias legales dentro
de la IGJ. Entre otras cosas, el organismo intentó argumentar su rechazo
a la solicitud diciendo que una abogada no tenía “interés legítimo”
para acceder a documentos de Helvetic, a pesar de que las reglas que
regulan la información pública dicen lo contrario.
Durante toda la
democracia, el organismo accedió a brindar los datos de las sociedades a
abogados y periodistas, pero desde que estalló el caso Ciccone, que
compromete a Amado Boudou, el Gobierno K emitió una circular interna en
la IGJ con la que intenta revertir la jurisprudencia sobre el tema. Ese
documento, justamente, dice que el peticionante de la información que
resguarda el ente debe justificar su “interés legítimo”.
El
titular del organismo que impulsó ese tema fue Norberto Berner,
militante de La Cámpora. Lo reemplazó Rodolfo Tailhade, otro
“camporista”.
Hace pocas semanas, la abogada Martínez decidió recurrir a la Justicia para conseguir lo que la IGJ le niega.
Presentó un recurso de amparo ante el juzgado nacional en lo comercial 7, secretaría 13.
