Garré y Verbitsky en crisis
octubre 3, 2012
By Carlos Tórtora 
La presidente se compromete cada día más a que el 7-D se le aplicará a Clarín el artículo 161 de la Ley de Medios, o sea, la desinversión compulsiva y el llamado a licitación de las licencias en infracción. Pero el talón de Aquiles de la operación está en el Juzgado Federal N° 1 en lo Civil y Comercial, que tramita la causa iniciada por el Grupo Clarín, en la que demandó la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley de Medios: el 161, que desconoce retroactivamente licencias vigentes, obligando a desprenderse de ellas en un año, y el 45, que establece un régimen irrazonable y discriminatorio para ser titular de licencias.
Este juzgado, de concretarse el intento oficial para aplicar el artículo 161, podría en diciembre hacer lugar a una medida de no innovar y resolver que el plazo de un año para la desinversión recién empieza a correr el 7-D, lo que importaría una enorme derrota para el cristinismo.
Esa causa estuvo originalmente a cargo del juez Edmundo Carbone, quien a su vez dictó la medida cautelar que mantiene suspendido para el Grupo Clarín el artículo 161, y que fue ratificada por la Cámara y la Corte Suprema. El 11 de septiembre pasado, como presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Ricardo Recondo designó al juez Raúl Tettamanti como subrogante permanente. A toda velocidad, el gobierno montó entonces una nueva operación, en este caso para dejar sin efecto la designación de aquél, considerado pro Clarín. La ofensiva comenzó en la reunión del lunes pasado con la presentación realizada por una de las postulantes al concurso 258, María Lorena Gagliardi. En ella denuncia “irregularidades en la selección de jueces subrogantes “al tiempo que solicitaba que el consejero-juez Ricardo Recondo, “deba ser recusado por los hechos”, puesto que su firma presuntamente figura en uno de los sorteos realizados.
Gagliardi, que ocupa el sexto lugar en el orden de mérito del concurso aprobado en la Comisión de Selección, sostuvo además en su escrito que el tribunal de superintendencia del fuero realiza “subrogancias rotativas” en los juzgados N° 1 y 7, y “nombra a dedo a jueces subrogantes”, lo que es un “claro caso de ‘forum shopping’”. Es por ello que pidió la “exclusión en el tratamiento del concurso 258” de Ricardo Recondo, fundado en la “irregular actuación de éste”. La maniobra cerraría con la recusación de Recondo y, al modificarse así la mayoría, el Consejo podría designar entonces a Gagliardi en el lugar de Tettamanti. Gagliardi es desde hace cuatro años directora del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su padre, Josué Gagliardi, médico de Choele Choel, fue elegido por la lista del FPV como diputado nacional suplente en 2011 y tendría una relación estrecha con el jefe de los senadores K, Miguel Pichetto, quien tarde o temprano debería decidir sobre el pliego. Antes de iniciar esta maniobra, el gobierno se ocupó de sondear la opinión de la Corte Suprema sobre este asunto. Varios operadores del gobierno, entre ellos Horacio Verbitsky, a través de Eugenio Raúl Zaffaroni, trabajaron rápidamente para detectar si el alto tribunal facilitaría la operación cristinista y no se opondría al reemplazo de Tettamanti por Gagliardi. Según trascendió, la evaluación que Verbitsky habría transmitido en Olivos sería positiva. Pero los hechos demostraron lo contrario. La Corte se movió en la dirección contraria a la prevista por Verbitsky y otros consejeros presidenciales: La Secretaría General y de Gestión del tribunal rechazó por improcedente la aprobación de jueces subrogantes pedida por la Cámara Civil y Comercial. En otras palabras y a través de un área de superintendencia, la Corte declaró “inoficioso” pronunciarse sobre un pedido que le formuló la Cámara del fuero sobre la designación de un subrogante en ese juzgado, con lo que tácitamente avaló la designación de Tettamanti. En Olivos esto cayó como un baldazo de agua fría y los operadores que apostaron a la complacencia de la Corte, Verbitsky en primer término, quedaron seriamente descolocados ante una presidente más irritada que de costumbre y con motivos. Todavía está sufriendo los efectos de la malograda “operación Harvard”, adonde concurrió a lucirse y terminó protagonizando un papelón.
El sindicato de los prefectos
En otro campo, la socia política de Verbitsky, la Ministra de Seguridad Nilda Garré, acaba de ingresar a un tembladeral, porque la movilización sindical masiva de los efectivos de la Prefectura Naval la sorprendió a ella y a todo su equipo, incluido el CELS de Verbitsky, que hacen alarde de controlar al detalle lo que ocurre en las fuerzas de seguridad. El decreto 1307 de este año, que dispuso reducciones significativas en los sueldos, “fue la gota que rebasó el vaso”, aunque en el problema salarial viene desde hace años. El Decreto en cuestión, firmado por Cristina Kirchner y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, establece la revisión de “algunos suplementos particulares y compensaciones que percibe el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional y con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina”. La proporción de estos suplementos es tan importante que algunos efectivos cobraron el último mes hasta el 40 por ciento menos que el anterior. Por otra parte, las distorsiones son tan grandes que un gendarme -o prefecto- que consiguió una medida judicial a favor cobra, por ejemplo, 6000 pesos y el que no, 3000. Anoche en el acuartelamiento de Prefectura ante el edificio Guardacostas se registraron escenas impensadas, como, por ejemplo, que varios prefectos generales fueran insultados, escupidos y recibieran el impacto de los objetos que les arrojaban sus subordinados. El asombro de los funcionarios de Garré fue mayor cuando se supo que la Gendarmería, paradigma de la obediencia ciega, estaba a punto de acuartelarse por el mismo motivo que la Prefectura. La Gendarmería fue presentada por el gobierno como la fuerza modelo para contraponerla a la castigada Policía Federal, a la cual Garré se dedicó a purgar permanentemente. Así las cosas, la Gendarmería y la Prefectura son hoy la garantía del mantenimiento del orden público. Su sindicalización y los hechos de ayer llevan a la pregunta de si el gobierno no está al borde de quedarse sin recursos en caso de que se produzcan hechos de violencia social. Hay que recordar que el cristinismo ha repudiado sistemáticamente cualquier intervención militar en la seguridad interior. Con este panorama, ayer Garré era el centro de todas las críticas internas, tanto por haber impulsado una medida insensata como el decreto 1307 como por ignorar que se estaba gestando una protesta sindical de características inéditas. Como era previsible, ayer el Secretario de Seguridad Sergio Berni apareció en escena como mediador con los prefectos y en esas conversaciones no habría tenido reparos en admitir que la posición de Garré sería insostenible. La rivalidad entre ambos, que viene desde que Berni fue designado, acaba de entrar en un nuevo nivel, porque la ministra, por primera vez, parece estar al borde del colapso y Verbitsky no se encuentra precisamente en condiciones de correr en su auxilio.
