[condor-nacional] La protección mediática a Bonafini

La protección mediática a Bonafini

Por Guillermo Cherashny para el Informador Público

Resulta curioso que, casi sin excepciones, las crónicas periodísticas de estos días sobre el escándalo Schoklender dejan siempre a salvo la honestidad de Hebe de Bonafini y de la comisión directiva de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Esto ocurre tanto en los medios ultraoficialistas como en los independientes, que durante estos ocho últimos años vienen soslayando la conversión política y económica de las Madres. En lo político, se integraron al kirchnerismo como militantes, cuando es sabido que una ONG no debe adoptar posturas partidarias (la misma ley que las regula se lo prohíbe). Lo que empezó como episodios aislados se convirtió luego en costumbre y así es que Bonafini y Estela Carlotto aparecen sistemáticamente flanqueando a Cristina Fernández en muchos de sus actos. Y actúan además como un subpartido dentro del kirchnerismo, colocando candidatos expectantes en las listas del Frente para la Victoria. En el caso de Carlotto, su hijo “Kibo” (Remo Carlotto) le disputa la intendencia de La Plata a Pablo Bruera, de alta imagen positiva. En cuanto a la desviación económica, la Fundación se fue convirtiendo en un pool de la construcción, alejándose cada vez más de su actividad específica.

Interrogantes que no se hacen

Pero volviendo al tratamiento de los medios de comunicación, prácticamente no se pone en tela de juicio la honestidad de Bonafini y ni siquiera se le endilga responsabilidad personal por confiar tanto tiempo en el parricida que la llevaba a viajar por el interior en el Cessna Citation de Meldorek. Tampoco aparecen interrogantes acerca de cómo las madres podían no sospechar del fastuoso nivel de gastos de su apoderado, lo que resulta sencillamente increíble. Al respecto, algunas fuentes señalan que Schoklender, en su raid delictivo, apartó dos millones de dólares para la hija de Bonafini. La caja creada era inmensa, porque se sobrefacturaba por el doble de su valor a las viviendas populares, que en su mayor parte ni siquiera fueron terminadas. Pero se cobró más del 80% de los planes comprometidos, lo que demuestra que sobran muchos millones para tentar a varias con meter la mano en la lata. Es curioso que el periodismo tampoco se pregunte cómo es posible que, ante semejante desmanejo, la Inspección General de Justicia, que depende del ministro Julio Alak, no dicte una medida elemental en estos casos, como es la designación de un interventor en la Fundación de las Madres.

Una investigación que lleve al fondo de la cuestión debería determinar si la comisión directiva de las madres aprobaba el dispendio del parricida. La presunción, obvia hasta ahora, es que sí lo hacía porque, en caso contrario, Bonafini y sus socias habrían pecado de ingenuas. Una condición que nadie les reconoce.