| Seccion: Política Una jueza de Santa Cruz   investigará las tierras de Kirchner en El Calafate   Denunciado por entregar "ilícitamente"   terrenos fiscales     La Cámara Federal determinó que una causa contra el   ex presidente Néstor Kirchner por   la presunta cesión de tierras fiscales en la localidad santacruceña del   Calafate, sea investigada por la Justicia federal de esa provincia, y no por   la porteña.
 Así lo determinó la Sala II de la Cámara al resolver una cuestión de   competencia entre la magistrado federal de Río   Gallegos, la subrogante Ana Cecilia   Álvarez, y el juez Norberto   Oyarbide, de la ciudad de Buenos Aires. El titular es Gerardo Daniel Caamaño, denunciado en 2007 por Aníbal Fernández por tomar   decisiones borracho durante una protesta de maestros patagónicos en la casa   de los Kirchner.
 
 Álvarez fue la jueza que frenó en Santa Cruz el aumento de gas dispuesto por   el Gobierno nacional en octubre pasado por considerarla inconstitucional   . En su fallo, dispuso que se deje sin efecto el aumento y que se   devuelva el dinero cobrado a todos los usuarios. Pero también fue la magistrado que avaló en mayo de 2009 la candidatura   testimonial del kirchnerista Fernando   Cotillo. El intendente de Caleta Olivia encabezó la lista del   Frente para la Victoria en Santa Cruz junto a Blanca Blanco, la esposa del gobernador Daniel Peralta.
 
 La causa contra Kirchner se originó a raíz de una denuncia que impulsó Edgardo Carranza, representante de una   empresa dedicada a la construcción, y quien según dijo había presentado un   proyecto de urbanización en la zona del viejo aeródromo de El Calafate.
 
 Carranza denunció que el ex presidente   habría cedido "ilegítimamente" los terrenos fiscales de El Calafate   al intendente local, para luego apoderarse de los mejores lotes.
 
 En la causa, el juez Oyarbide declinó hacerse cargo del caso por cuestiones   de competencia territorial, y remitió las actuaciones a la justicia federal   de Río Gallegos, pero allí también negaron tramitar la investigación.
 
 Ahora, la Sala II de la Cámara, en coincidencia con el fiscal general Germán   Moldes, sostuvo que "los hechos   denunciados deben ser investigados por el juzgado federal de Río   Gallegos".
 
 En su resolución, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo   Farah invocaron el artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación, el   cual establece que para investigar una denuncia, "será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde   se ha cometido el delito".
 
 En la justicia federal de Río Gallegos -recordaron los jueces- "tramita   una pesquisa con objeto análogo, que tiende, al igual que ésta, a determinar si en la Municipalidad de El Calafate se adjudicaron   terrenos en un modo diferenciado, en beneficio de Néstor y otras personas que   estarían vinculadas a él".
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