CARTA DEL GENERAL (R) SANTIAGO OMAR RIVEROS A LA SOCIEDAD ARGENTINA

Valiente carta del Grl Santiago Omar Riveros, último general con vida, preso y con 94 años de edad.
Un buen punto de partida para reconciliar  a los argentinos. No hay que olvidar que la grieta de la cual tanto se había ahora empezó en esta época, y hay que empezar a cerrarla sin omitir parte de la historia.



CARTA DEL GENERAL (R) SANTIAGO OMAR RIVEROS

A LA SOCIEDAD ARGENTINA

​Buenos Aires, marzo de 2018.

Soy General y, con 94 años, uno de los más antiguos Oficiales Superiores del Ejército Argentino con responsabilidad de mando en la guerra contra las organizaciones armadas de los años ’70. Soy además el preso más viejo de la Argentina. No es el propósito de esta carta quejarme del trato que recibo. Quiero a través de ella, asumir responsabilidades y pedir perdón a todos a quienes cause un daño injusto, en ejercicio de mi comando.

Lo hago en nombre propio, como uno de quienes tuvimos responsabilidad en la adopción de la metodología empleada en aquel enfrentamiento.

Actué siempre en el convencimiento de haber estado cumpliendo con mi deber como soldado, defendiendo a la Nación contra una agresión interna conducida desde el exterior. Por aquellos años, la denominada “guerra fría”, caracterizada por el armamentismo nuclear como medio de disuasión, llevó a que las dos potencias beligerantes decidieran trasladar el combate hacia zonas desnuclearizadas. América Latina, el África Septentrional y el Sudeste Asiático fueron el campo elegido.  

Estábamos advertidos de esta ofensiva. Pero no preparados para mensurar sus consecuencias: las heridas que quedarían en nuestra sociedad y en nosotros mismos luego de librar una lucha que, deben saberlo, era tan necesaria como inevitable.

Lo era para quienes se entrenaron en el exterior para formar parte de organizaciones armadas, con el designio de cambiar el estado de las cosas para siempre. Matando a quien fuera necesario para lograr sus fines, y también con la convicción de jugarse la propia vida en ello. Los más preparados sostenían el ideario marxista de la Unión Soviética y Cuba, y a ellos se sumaron muchos que, desde otras vertientes, se levantaron en armas en nombre de una desigualdad social que, tristemente, era mucho menor entonces que ahora.

El conflicto se instaló en nuestro país ya en 1959, pero fue reconocido como una ofensiva militar fomentada desde el exterior recién en 1974, cuando las autoridades constitucionales, urgidas por la gravedad de la escalada, requirieron soluciones inmediatas, ordenando la movilización de las FFAA y el inmediato “aniquilamiento del accionar subversivo”.

Inmersos en el caos y el desorden, y tras el fracaso judicial y operacional de las gestiones anteriores, las Fuerzas Armadas cometimos el error de la toma del poder político.

La clandestinidad, característica del combate planteado por los agresores, exigió una respuesta. Esa metodología nos dejó heridas que tardarán en cicatrizar. Este es un intento personal para empezar a hacerlo.

Son heridas abiertas en nuestra memoria, por los camaradas y policías muertos secuestrados y asesinados. Por quienes quedaron mutilados. Por los civiles secuestrados y muertos. Y son heridas abiertas en los adversarios, que vieron morir a sus compañeros y en los familiares que no pudieron darle sepultura.

Una metodología que cumplió los fines de la guerra: ganarla en el menor tiempo posible evitando la mayor cantidad de bajas. Pero que supuso el dolor perenne de miles de familias argentinas, lo que lamento profundamente.

No puedo hacerlo por haber combatido al adversario hasta la muerte, porque ese era mi deber.

No lo podría hacer,porque yo mismo envié todos los días a la muerte a mis subordinados mientras duró ese enfrentamiento.

Lamento no haber hecho todo lo posible para darles, en los casos en los cuales pude hacerlo, la correspondiente sepultura.  

Me equivoqué en ello. Pero así como nos equivocamos gravemente en un enfrentamiento entre compatriotas, les digo que hoy se cae en otro error tremendo con lo que le están haciendo a sus Fuerzas Armadas y muy especialmente a los policías, agentes de seguridad, suboficiales, a los entonces jóvenes oficiales y ahora también civiles, con quienes vengo compartiendo cárcel desde hace años.

La guerra no es un fenómeno jurídico, ni siquiera militar, es un hecho socio-político. Pretender que sean los Jueces quienes se ocupen de ella es sacarse de encima la responsabilidad. Porque donde se determina el objetivo de la guerra y su apertura, su alcance o su finalización, es en el plano Político. Los militares sólo actúan en el combate, que es el síntoma, la cara visible del verdadero conflicto, que es siempre político.

Por eso la Constitución le otorga al Legislativo y al Ejecutivo la potestad para declarar las guerras y les reserva sólo a ellos -responsables de consolidar la paz interior- las medidas pacificadoras, irrevisables por el Judicial, salvo corrupción.

Graves consecuencias tuvieron nuestros actos y muy graves consecuencias tendrá para la vida de la Nación lo que está pasando ahora. El Poder Judicial, cuarenta años después de los hechos, cae en tremendas inequidades cuando intenta juzgar fenómenos en los que intervinieron decenas de miles de personas. Y máxime cuando deja entrar las ideologías y cede ante la presión de partidarios de los agresores de ayer, o de los intereses económicos o políticos de hoy. Esto es lo que ha llevado a que se los juzgue aplicándoles un derecho diferente al del resto de la ciudadanía, se los prive de garantías elementales y se les coloquen las más altas penas sin importar su jerarquía al momento de ocurridos los hechos. Ya son, a enero de este año 430 nuestros muertos en prisión -que son también de ustedes porque son argentinos- sin condena desde que se reiniciaron estos juicios, abiertos sólo contra ellos.  

Yo no advertí a tiempo las tremendas diferencias que existen cuando el enemigo al que se combate es un extranjero o un compatriota. No pueden caer ustedes en el mismo error. No los tratan como soldados de nuestra Nación, sino como enemigos, mientras castigan a las FFAA privándolas de un presupuesto digno.

Deben ustedes pensar que cuatro presidentes democráticos y cuatro de facto los enviaron a combatir en los montes tucumanos; los emplearon contra la guerrilla urbana; los enviaron a Malvinas, mientras que otros tres, Alfonsín, Menem y Duhalde los convocaron para La Tablada, las sublevaciones armadas internas que sufrieron y los enviaron a la guerra del Golfo. Son los mismos a los cuales amnistió el ex Presidente Bignone; a los cuales se les anuló ese beneficio pero fueron amnistiados por las leyes democráticas llamadas de Punto Final y Obediencia Debida votadas por el Congreso. Los mismos a los cuales se les volvieron a anular esos beneficios para detenerlos y juzgarlos ahora, cuarenta años después de los hechos. ¿Cómo es que hemos sometido a nuestros militares, policías y gendarmes a semejantes vaivenes?  

No pueden gozar ustedes ahora de los beneficios obtenidos por el fin de todas aquellas guerras y enfrentamientos, y simultáneamente desentenderse de los errores que cometimos quienes los comandamos.

Ahora además detienen a los civiles que actuaron en la administración del gobierno, o a dueños de medios de prensa o jueces o sacerdotes que no simpatizan con los agresores de ayer y de hoy. Los juicios se extendieron a los hechos ocurridos antes del golpe del 76. ¿No ven acaso que los únicos juzgados por estos hechos son quienes combatieron o no estaban de acuerdo con las organizaciones guerrilleras antes y después del golpe militar?

No puede direccionarse de esta forma el criterio judicial y legislativo de una Nación, ni permitirse que en ella existan semejantes discriminaciones. Y les digo, tienen cientos de oficiales y suboficiales presos que ni siquiera fueron empleados en el combate. Lo están simplemente porque en sus legajos figuraban en tal o cual destino.

Los Generales nos conducimos en medio de la anarquía, las pasiones, la disolución y la guerra, con el objeto de ponerles fin a todos esos males. Me pregunto: ¿cuál es el fin que se persigue con estos juicios, además de los millonarios gastos e indemnizaciones (muchas pagadas a quienes nunca fueron víctimas de nuestro accionar) y costas que abonarán generaciones de argentinos con sus impuestos? Todo ello ocupando la agenda de los tribunales federales –encargados de investigar la corrupción y el tráfico de drogas- durante todos estos años y los que vendrán.  

No es esta una queja propia. Déjenme morir prisionero a mí solo. Yo fui quien dio las órdenes para  librar el combate, tal como lo declaró la sentencia de la causa 13/84.

No pretende esta carta agotar el tema. Faltan muchas cosas. Es un intento de empezar a derribar la muralla de odio, de desconocimiento, de miedos y de incomprensión que nos separan. No valen las disculpas de quien se excluye de los errores. Yo los cometí y me hago responsable de ellos.

Pido, cuando se acerca el final de mis días, que no reiteren nuestros errores. Que nos reconozcamos como hermanos. Que vuelvan a confiar en las FFAA como garantes de la paz y la libertad. Se lo merecen por su gloriosa historia y por los hombres y mujeres que las componen. El país las necesita para existir y para progresar.  

También pido que cese esta discriminatoria persecución a mis subordinados, y a cualquier otro, con una excepción, la mía, que, Dios sabe, jamás merecí mejor suerte que la que sufrió el último de los hombres a los que tuve el orgullo de comandar, para bien o para mal, en nombre y  en defensa de nuestra querida Patria.