Valiente carta del Grl Santiago Omar Riveros,
último general con vida, preso y con 94 años de edad.
Un buen
punto de partida para reconciliar a los argentinos. No hay que olvidar
que la grieta de la cual tanto se había ahora empezó en esta época, y hay que
empezar a cerrarla sin omitir parte de la historia.
CARTA DEL GENERAL (R) SANTIAGO OMAR
RIVEROS
A LA SOCIEDAD
ARGENTINA
Buenos Aires, marzo de
2018.
Soy General y, con 94 años, uno de los
más antiguos Oficiales Superiores del Ejército Argentino con responsabilidad
de mando en la guerra contra las organizaciones armadas de los años ’70. Soy
además el preso más viejo de la Argentina. No es el propósito de esta carta
quejarme del trato que recibo. Quiero a través de ella, asumir
responsabilidades y pedir perdón a todos a quienes cause un daño injusto, en
ejercicio de mi comando.
Lo hago en nombre
propio, como uno de quienes tuvimos responsabilidad en la adopción de la
metodología empleada en aquel
enfrentamiento.
Actué siempre en el
convencimiento de haber estado cumpliendo con mi deber como soldado,
defendiendo a la Nación contra una agresión interna conducida desde el
exterior. Por aquellos años, la denominada “guerra fría”, caracterizada por el
armamentismo nuclear como medio de disuasión, llevó a que las dos potencias
beligerantes decidieran trasladar el combate hacia zonas desnuclearizadas.
América Latina, el África Septentrional y el Sudeste Asiático fueron el campo
elegido.
Estábamos advertidos de esta
ofensiva. Pero no preparados para mensurar sus consecuencias: las heridas que
quedarían en nuestra sociedad y en nosotros mismos luego de librar una lucha
que, deben saberlo, era tan necesaria como
inevitable.
Lo era para quienes se entrenaron
en el exterior para formar parte de organizaciones armadas, con el designio de
cambiar el estado de las cosas para siempre. Matando a quien fuera necesario
para lograr sus fines, y también con la convicción de jugarse la propia vida
en ello. Los más preparados sostenían el ideario marxista de la Unión
Soviética y Cuba, y a ellos se sumaron muchos que, desde otras vertientes, se
levantaron en armas en nombre de una desigualdad social que, tristemente, era
mucho menor entonces que ahora.
El conflicto
se instaló en nuestro país ya en 1959, pero fue reconocido como una ofensiva
militar fomentada desde el exterior recién en 1974, cuando las autoridades
constitucionales, urgidas por la gravedad de la escalada, requirieron
soluciones inmediatas, ordenando la movilización de las FFAA y el inmediato
“aniquilamiento del accionar
subversivo”.
Inmersos en el caos y el
desorden, y tras el fracaso judicial y operacional de las gestiones
anteriores, las Fuerzas Armadas cometimos el error de la toma del poder
político.
La clandestinidad, característica
del combate planteado por los agresores, exigió una respuesta. Esa metodología
nos dejó heridas que tardarán en cicatrizar. Este es un intento personal para
empezar a hacerlo.
Son heridas abiertas en
nuestra memoria, por los camaradas y policías muertos secuestrados y
asesinados. Por quienes quedaron mutilados. Por los civiles secuestrados y
muertos. Y son heridas abiertas en los adversarios, que vieron morir a sus
compañeros y en los familiares que no pudieron darle
sepultura.
Una metodología que cumplió los
fines de la guerra: ganarla en el menor tiempo posible evitando la mayor
cantidad de bajas. Pero que supuso el dolor perenne de miles de familias
argentinas, lo que lamento profundamente.
No
puedo hacerlo por haber combatido al adversario hasta la muerte, porque ese
era mi deber.
No lo podría hacer,porque yo
mismo envié todos los días a la muerte a mis subordinados mientras duró ese
enfrentamiento.
Lamento no haber hecho todo
lo posible para darles, en los casos en los cuales pude hacerlo, la
correspondiente sepultura.
Me
equivoqué en ello. Pero así como nos equivocamos gravemente en un
enfrentamiento entre compatriotas, les digo que hoy se cae en otro error
tremendo con lo que le están haciendo a sus Fuerzas Armadas y muy
especialmente a los policías, agentes de seguridad, suboficiales, a los
entonces jóvenes oficiales y ahora también civiles, con quienes vengo
compartiendo cárcel desde hace años.
La
guerra no es un fenómeno jurídico, ni siquiera militar, es un hecho
socio-político. Pretender que sean los Jueces quienes se ocupen de ella es
sacarse de encima la responsabilidad. Porque donde se determina el objetivo de
la guerra y su apertura, su alcance o su finalización, es en el plano
Político. Los militares sólo actúan en el combate, que es el síntoma, la cara
visible del verdadero conflicto, que es siempre
político.
Por eso la Constitución le otorga
al Legislativo y al Ejecutivo la potestad para declarar las guerras y les
reserva sólo a ellos -responsables de consolidar la paz interior- las medidas
pacificadoras, irrevisables por el Judicial, salvo
corrupción.
Graves consecuencias tuvieron
nuestros actos y muy graves consecuencias tendrá para la vida de la Nación lo
que está pasando ahora. El Poder Judicial, cuarenta años después de los
hechos, cae en tremendas inequidades cuando intenta juzgar fenómenos en los
que intervinieron decenas de miles de personas. Y máxime cuando deja entrar
las ideologías y cede ante la presión de partidarios de los agresores de ayer,
o de los intereses económicos o políticos de hoy. Esto es lo que ha llevado a
que se los juzgue aplicándoles un derecho diferente al del resto de la
ciudadanía, se los prive de garantías elementales y se les coloquen las más
altas penas sin importar su jerarquía al momento de ocurridos los hechos. Ya
son, a enero de este año 430 nuestros muertos en prisión -que son también de
ustedes porque son argentinos- sin condena desde que se reiniciaron estos
juicios, abiertos sólo contra ellos.
Yo no advertí a tiempo las tremendas
diferencias que existen cuando el enemigo al que se combate es un extranjero o
un compatriota. No pueden caer ustedes en el mismo error. No los tratan como
soldados de nuestra Nación, sino como enemigos, mientras castigan a las FFAA
privándolas de un presupuesto digno.
Deben
ustedes pensar que cuatro presidentes democráticos y cuatro de facto los
enviaron a combatir en los montes tucumanos; los emplearon contra la guerrilla
urbana; los enviaron a Malvinas, mientras que otros tres, Alfonsín, Menem y
Duhalde los convocaron para La Tablada, las sublevaciones armadas internas que
sufrieron y los enviaron a la guerra del Golfo. Son los mismos a los cuales
amnistió el ex Presidente Bignone; a los cuales se les anuló ese beneficio
pero fueron amnistiados por las leyes democráticas llamadas de Punto Final y
Obediencia Debida votadas por el Congreso. Los mismos a los cuales se les
volvieron a anular esos beneficios para detenerlos y juzgarlos ahora, cuarenta
años después de los hechos. ¿Cómo es que hemos sometido a nuestros militares,
policías y gendarmes a semejantes vaivenes?
No pueden gozar ustedes ahora de los
beneficios obtenidos por el fin de todas aquellas guerras y enfrentamientos, y
simultáneamente desentenderse de los errores que cometimos quienes los
comandamos.
Ahora además detienen a los
civiles que actuaron en la administración del gobierno, o a dueños de medios
de prensa o jueces o sacerdotes que no simpatizan con los agresores de ayer y
de hoy. Los juicios se extendieron a los hechos ocurridos antes del golpe del
76. ¿No ven acaso que los únicos juzgados por estos hechos son quienes
combatieron o no estaban de acuerdo con las organizaciones guerrilleras antes
y después del golpe militar?
No puede
direccionarse de esta forma el criterio judicial y legislativo de una Nación,
ni permitirse que en ella existan semejantes discriminaciones. Y les digo,
tienen cientos de oficiales y suboficiales presos que ni siquiera fueron
empleados en el combate. Lo están simplemente porque en sus legajos figuraban
en tal o cual destino.
Los Generales nos
conducimos en medio de la anarquía, las pasiones, la disolución y la guerra,
con el objeto de ponerles fin a todos esos males. Me pregunto: ¿cuál es el fin
que se persigue con estos juicios, además de los millonarios gastos e
indemnizaciones (muchas pagadas a quienes nunca fueron víctimas de nuestro
accionar) y costas que abonarán generaciones de argentinos con sus impuestos?
Todo ello ocupando la agenda de los tribunales federales –encargados de
investigar la corrupción y el tráfico de drogas- durante todos estos años y
los que vendrán.
No es esta una queja
propia. Déjenme morir prisionero a mí solo. Yo fui quien dio las órdenes para
librar el combate, tal como lo declaró la sentencia de la causa
13/84.
No pretende esta carta agotar el tema.
Faltan muchas cosas. Es un intento de empezar a derribar la muralla de odio,
de desconocimiento, de miedos y de incomprensión que nos separan. No valen las
disculpas de quien se excluye de los errores. Yo los cometí y me hago
responsable de ellos.
Pido, cuando se acerca
el final de mis días, que no reiteren nuestros errores. Que nos reconozcamos
como hermanos. Que vuelvan a confiar en las FFAA como garantes de la paz y la
libertad. Se lo merecen por su gloriosa historia y por los hombres y mujeres
que las componen. El país las necesita para existir y para progresar.
También pido que cese esta
discriminatoria persecución a mis subordinados, y a cualquier otro, con una
excepción, la mía, que, Dios sabe, jamás merecí mejor suerte que la que sufrió
el último de los hombres a los que tuve el orgullo de comandar, para bien o
para mal, en nombre y en defensa de nuestra querida
Patria.