Cómo ocultaba Kirchner lo que hacía con la plata de Santa Cruz
Documentos revelan las evasivas que el Banco de esa provincia le respondía al juez que investigaba la causa.
Ex Presidente Néstor Kirchner y ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo.
En 1993, Néstor Kirchner era gobernador
de Santa Cruz cuando su provincia recibió alrededor de 600 millones de
dólares en concepto de “regalías petrolíferas mal liquidadas” de parte
de la empresa estatal YPF. El ex presidente anunció que los “fondos de
Santa Cruz” serían usados por el Estado con “prudencia” y “tino” para
transformar el modelo económico de la provincia. Fue una promesa
incumplida.Desde 1993 hasta ahora el destino de esos “fondos”, fue ocultado por la familia K a la ciudadanía. Clarín inició el domingo pasado una serie de notas con documentos oficiales que muestran que esa plata estatal, y no privada, fue manejada por el mismo Kirchner, que la transfirió a bancos del exterior y realizó inversiones y cobró comisiones e intereses sobre lo que tampoco informó nada nunca, a pesar de las presiones y denuncias de la oposición nacional y provincial.
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Kirchner zigzagueó siempre con sus respuestas ante los medios sobre ese tema. Clarín publica hoy nuevas pruebas que demuestran cómo los datos oficiales sobre el rumbo, estado y destino de los “fondos” también le fueron negados a la Justicia en una causa que investigaba esa trama. El juez que investigaba el caso era Juan José Galeano: subrogaba el juzgado número 10, vacante desde la renuncia de Gustavo Literas, donde se tramitaba ese expediente.
Galeano le ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA), y al Banco Santa Cruz, que le enviaran la información que tenían sobre el manejo de los “Fondos de Santa Cruz”. Kircner ejercía entonces una absoluta influencia política sobre las dos entidades financieras. El magistrado avanzó.
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El 11 de agosto del 2004, el BCRA respondió un oficio en el que Galeano le pedía a ese entidad pública que le “informe” sobre “todas las transferencias al exterior que se encuentran registradas como realizadas por el Gobierno de Santa Cruz durante los años 1994 y 1995, debiendo acompañar copia certificada de dichas operaciones como así también de todo antecedente relativo a las mismas, precisando fechas, montos, destinos como así también entidades y personas físicas participantes”.
El BCRA estaba al mando del hoy minsitro de Haciendas y Finanzas, Alfonso Prat Gay, pero no fue él quien le respondió al magistrado. Decir “respondió” es un decir. En realidad el BCRA le aseguró al juez que el banco solo “cuenta actualmente con información vinculada a las operaciones del tipo de las solicitadas que hubieran sido concertadas a partir de la entrada en vigencia del Mercado Único y Libre de Cambios, en febrero de 2002”.
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En ese texto se citaban reglamentaciones alusivas a la falta de custodia de papeles cruciales para conocer maniobras financieras de dinero de las provincias, como lo fueron las transferencias al exterior de los “Fondos de Santa Cruz”.
El BCRA, en un escrito firmado por Norberto Bonifacio, Analista de la Gerencia de Asuntos Judiciales, y por José María Gielis, subgerente administrativo de la misma gerencia de Asuntos Judiciales, argumentó que no podía aportar documentación sobre el manejo que había liderado Kirchner de los 600 millones de la polémica porque había una “inexistencia actual de registros anteriores” debido a la “innecesariedad (sic) de solicitar y conservar más durante más tiempo información de ese tipo desde que la Ley de la Convertibilidad permitió “la libertad cambiaria” y “la no intervención de esta institución” en finanzas como las del Gobierno de Santa Cruz.
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Desde el entorno de Pray Gay le transmitieron a Clarín que “el presidente del BCRA no suele enterarse de las respuestas de rigor del departamento jurídico”.
El 1 de octubre del 2004, el Banco Santa Cruz, ya privatizado pero con hombres de Kirchner ocupando puestos claves en la entidad, le oficializó a la Justicia que tampoco le podía dar en ese momento información sobre los “Fondos de Santa Cruz” que habían sido girados al exterior, y recibidos -en parte- por esa misma entidad cuando era pública, y privada también. La no-respuesta al juez Galeano fue más rústica que la que le dio el BCRA.
Según el entonces Gerente General de ese Banco, José Alberto Secco, la documentación sobre el manejo de los “fondos” no se encontraba porque “hay períodos” en los que “cada transacción bancaria no se encuentra informatizada”. Le explicó al juez que la “documentación” que buscaba “se encuentra archivada en legajos diarios generales” y que sería buscada “manualmente”. Aun así, se le aseguró al juez Galeano que se le entregaría lo “solicitado” en “aproximadamente veinte días de trabajo”. Esa fecha tope coincidió, quizás por producto por azar, con el futuro de la causa sobre los fondo y el patrimonio K.
Galeano dejó de trabajar en el caso quince días después: renunció a su puesto y debió afrontar un juicio en el Consejo de la Magistratura por su acutación en la causa AMIA. Coincidencias judiciales, más allá de por qué y cómo se apartó al juez por su pesquisa sobre el atentado a la mutual judía en 1994.
A pesar del bloqueó informativo impuesto por los Kirchner, buena parte de los documentos sobre el destino originario, las inversiones y otros avatares sobre los “Fondos de Santa Cruz”, hoy se conocen. Clarín está informando sobre el tema. Y lo seguirá haciendo.
