Hallan en Colombia fosas de las FARC con más de un millar de cuerpos
Las víctimas serían combatientes de las guerrillas sepultados entre 2002 y 2005. El Supremo denunciará ante la ONU y la OEA el espionaje realizado por la policía secreta
ALVARO YBARRA ZAVALA
Hace unos meses, cuando varios policías secuestrados salieron de la selva tras años de cautiverio, dijeron que habían visto muchos cadáveres enterrados en el sur de Colombia. Que al igual que los paramilitares, esos escuadrones de la muerte que asesinaban a todo aquel vinculado con la guerrilla, las FARC también enterraban a personas vivas. La Fiscalía, que desde 2005 empezó la exhumación de víctimas de los paramilitares, lo que le ha permitido recuperar casi 1.903 cadáveres, decidió creerles y mandó un equipo.
La información fue confirmada ayer tras el hallazgo de varias fosas comunes en una región del sur. Aunque según los pobladores en ellas podrían estar los cadáveres de hasta 1.150 civiles y combatientes, el director de la Unidad de Exhumaciones de La Fiscalía, Norberto Suárez, fue más prudente. «No sabemos si son sólo 20, 100 o los 1.150 cuerpos que nos dice uno de los sepultureros que vio enterrar entre 2002 y 2005», explicó.
Sin embargo hay coincidencias históricas que podrían sugerir el peor de los escenarios. En 2002 acabó el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras casi cuatro años de permanecer libres y sin fiscalización en lo que se conoció como la zona de distensión, un territorio del mismo tamaño de Suiza. Durante ese tiempo las FARC fueron las dueñas del negocio de la coca. En esta zona escondieron a sus secuestrados, enterraron el dinero producto de las extorsiones, manejaron lo ilícito a su antojo. Que hayan matado y enterrado antes y después, cuando todo acabó, no sería extraño.
Según Suárez, la mayoría de las víctimas podrían ser combatientes de grupos armados que se enfrentaron cuando el entonces presidente Andrés Pastrana (1999-2002) puso fin a la desmilitarización de la zona. «Si es cierto que hay más de mil cadáveres, sería el hallazgo más grande en la historia de Colombia», agregó.
Aunque el proceso de exhumación, recuperación e identificación arrancará la próxima semana, no será fácil entrar. En el sur del país aún operan varios frentes rebeldes que podrían entorpecer la operación.
Colombia, sin embargo, estaba ayer a la espera de lo que pueda pasar con los 10.000 documentos que la Fiscalía ha extraído del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, como se conoce a la policía secreta), tres días después de que la revista «Semana», la de mayor circulación, revelara cómo el DAS había espiado e infiltrado a periodistas, miembros de la oposición y jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces, muchos de ellos críticos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y responsables en buena parte de haber puesto tras las rejas a decenas de políticos uribistas que se habían aliado con los paramilitares, dieron un paso más allá al decidir denunciar el caso ante la ONU y la OEA. «Es inconcebible que en una democracia se hagan seguimientos e interceptaciones sin orden judicial. Es un hecho gravísimo para las instituciones y es un golpe de incalculables consecuencias contra la democracia», explicó el magistrado Francisco Javier Ricaurte, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Redada contra los Orejuela
A nivel jurídico, la situación promete complicarse con otra noticia. Pese a que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del extinto cártel de Cali, habían negociado ser extraditados a EE.UU. a cambio de que no se metieran con su familia, en la llamada «Segunda Operación» las autoridades capturaron ayer a 38 personas, entre ellas tres hijos y una hermana de los narcotraficantes que purgan más de 30 años de condena.
