A pedido de Macri, impulsan un nuevo plan para limitar los piquetes en la Ciudad

 

Los piquetes se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para la Casa Rosada. “La situación se nos fue de las manos. Todos los días estamos un poquito peor”, admiten en lo más alto del poder. Las protestas generaron, incluso, una grieta impensada en el macrismo: Mauricio Macri le ha venido expresando su malestar a su histórico coequiper del PRO y en quien confió la sucesión, Horacio Rodríguez Larreta, pero ya en los últimas horas la presión fue mayor y le exigió que la Policía deje de mirar cómo se cortan calles y accesos a la Ciudad. El pedido de Macri movilizó a los funcionarios porteños: según adelantaron a Clarín altas fuentes del oficialismo, en los próximos días el jefe de Gobierno tendrá que presentar un plan para limitar las protestas. Antes, desde luego, deberá contar con la aprobación del Ejecutivo nacional.
La iniciativa se maneja en estricta reserva. La semana que viene -probablemente el martes- habrá una reunión en la que Rodríguez Larreta se sentará junto al jefe de Gabinete, Maros Peña; al vicejefe, Mario Quintana; y a los ministros de Seguridad de Nación y Ciudad, Patricia Bullrich y Martín Ocampo, entre otros. De ese cónclave debería surgir la nueva política que se adoptará frente a los piquetes. “Y lo que salga se tendrá que aplicar”, anticipan. El recuerdo del Protocolo antipiquetes que el macrismo presentó hace poco más de un año y que no sirvió para impedir cortes siempre está latente, como una preocupación extra, en las conversaciones. “No nos puede volver a pasar lo mismo”, anuncian.
El borrador que está en estudio tendría algunos de estos ejes: no permitir que los manifestantes hagan protestas con la cara tapada y con palos, no dejar que se instalen ollas populares en zonas que afecten el microcentro y no permitir que se bloqueen los carrilles exclusivos para colectivos. También se dejaría constancia por escrito de que no se podrán instalar carpas en avenidas de mucho tránsito ni bloquear completamente el paso de los automovilistas. La protesta que se inició el martes frente al ministerio de Desarrollo Social y que terminó cerca de las 7 de la mañana -luego de que cientos de militantes durmieran en la 9 de julio- fue otro de los hechos que irritó a la cúpula del Gobierno.
Ayer, por un momento, los funcionarios temieron que esa escena se repitiera. El Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala -que nuclea, entre otras agrupaciones a la Tupac Amaru, a la CTD Aníbal Verón, la Federación de Trabajadores de la Economía Social, la Corriente Patria Justa y al MPR Quebracho- , cortó otra vez esa zona al mediodía en reclamo de alimentos para los comedores y más cupos en los programas de empleo. La manifestación se levantó cerca de las 17 tras una reunión con funcionarios del ministerio que conduce Carolina Stanley. Los funcionarios nacionales reclaman que la Ciudad se haga cargo de su responsabilidad. “Pidieron el manejo de la Policia Federal y se la transferimos. No solo eso: junto a los efectivos les pasamos los recursos, que era uno de los pedidos de la jefatura de Gobierno”, sostienen fuentes del ministerio de Seguridad. En la Ciudad hay quienes aseguran que entienden los pedidos pero que, en medio del descontento social y de manifestaciones cada vez más grandes, es un riesgo mandar a reprimir y a la vez reclaman mayor asistencia de las fuerzas federales. En Nación se diferencian: dicen que, salvo el miércoles, la Gendarmería ha impedido cortes totales en la Panamericana.
“Riesgos siempre van a existir pero no podemos permitir que 50 personas perjudiquen a toda una ciudad”, dicen en los despachos de la Rosada. Con ese ejemplo marcan una diferencia. No es lo mismo -afirman- una movililzación masiva, para la que habría que hacer un impresionante operativo de desalojo que un corte de pocas personas, y que, si se hace en un punto neurálgico, termina provocando casi el mismo efecto. “A esas manifestaciones hay que disolverlas sin perder un segundo. Y nos estamos haciendo los distraídos”, dicen