[FAROagencia] Terrorismo, PPSOE, Kirchner. Arg entina, España, Polonia
- Sigue el escándalo de la exculpación de Otegui
- Kirchner protege a los terroristas
- El PP a favor de las Brigadas Internacionales
Madrid, 23 marzo 2007. Ayer FARO informaba de la concentración frente a la Fiscalía General del Estado, en protesta por la retirada de la acusación por enaltecimiento del terrorismo contra Arnaldo Otegui, dirigente de ETA/Batasuna. Hoy EFE (agencia gubernamental) añade lo siguiente: "El tribunal de la Audiencia Nacional que el pasado miércoles absolvió al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi del delito de enaltecimiento del terrorismo dice en la sentencia que existía 'prueba de cargo directa y suficiente' para condenarle y que sólo la retirada de la acusación le impidió hacerlo.
"En la resolución la sala afirma que 'existe prueba de cargo directa, objetiva, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, lícitamente obtenida y practicada' en el juicio y que podría constituir un delito de enaltecimiento terrorista.
"Los magistrados añaden que la retirada de la acusación por parte del fiscal, 'única parte acusadora', impidió al tribunal 'dictar cualquier otro tipo de resolución que no sea la absolución del acusado'."
Queda claro, pues, que ha sido el Gobierno --ilegítimo-- de España el que ha protegido, escoltado --al coste exorbitante de setenta y siete millones de pesetas, más del doble de la subvención anual para la Asociación de Víctimas del Terrorismo-- y exculpado al más caracterizado dirigente actual del nacionalismo vasco (o más bien antivasco). Nacionalismo que siempre, como ha recordado FARO en otras ocasiones, es terrorista o pro terrorista. Ayer mismo el portavoz de Batasuna, el llamado Pernando Barrena, exigió al Gobierno que cumpliese los compromisos adquiridos, "firmados", dijo, con ETA. Ello se suma a la reciente excarcelación del sanguinario terrorista etarra José Ignacio de Juana Chaos, autor convicto y orgulloso de veinticinco asesinatos.
Esta misma mañana la policía, por orden del delegado del Gobierno en Madrid, ha impedido a las asociaciones Foro Ermua, Basta Ya y CIVITE realizar la rueda de prensa en el Paseo de la Castellana número 5, donde estaban convocados los medios de comunicación, a pesar del recurso de alzada presentado tras la denegación. Los representantes de estas asociaciones (extremadamente moderadas y "constitucionalistas") y de los medios de información fueron obligados por los cuerpos de seguridad a desplazarse a la esquina de Castellana con la calle Goya.
Mientras tanto, los restos de los Ejércitos españoles andan diseminados por Afganistán y otros exóticos lugares. La Jefatura del Estado calla y otorga, como siempre.
Buenos Aires, 23 marzo 2007. Otro de los Gobiernos pro terroristas que sufre la Hispanidad es el del presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner. Reproducimos la Gacetilla de Prensa Nº 1/07 de la Asociación de Víctimas del terrorismo en Argentina, AVtA:
"…Es hora de que se hagan sentir los pasos de la Justicia". Estas palabras del Presidente de la Nación, expresadas hace pocos días ante los representantes del pueblo argentino, brindaron nueva esperanza --renovada y defraudada innumerables veces-- al deseo de que en el país veamos hacer justicia con todos los trágicos hechos que nuestra sociedad sufrió en la década del 70, sin distinción de origen ni ideología.
Por eso no podemos dejar de expresar nuestro descontento e incomprensión por el hecho de que en los reiterados pedidos de "justicia sin impunidad para nadie" realizados por el presidente de todos los argentinos, haya omitido siempre referirse a los crímenes de los culpables de la existencia de esta Asociación de Víctimas del terrorismo en Argentina. Como si los crímenes no existieran; como si los culpables no existieran, como si las víctimas no existiéramos.
En alguna oportunidad esta Asociación pensó que pasar a una nueva hoja del libro de nuestra historia era el mejor camino para comenzar a construir el futuro. Nuestra intención fue maliciosamente interpretada por las autoridades, que respondieron gritando "piden impunidad", cuando nuestro deseo era el de una paz definitiva para todos, sin importar bandos, ideas o posiciones políticas.
Nuestra voluntad de llegar a la imprescindible reconciliación sigue siendo la misma. Por eso aceptamos y nos unimos a ese pedido del primer mandatario, de que "…se hagan sentir los pasos de la Justicia", y asumimos nuestra responsabilidad en su consecución.
Queremos compartir así los destinos de nuestra historia reciente y futura. Aquella, para que quede registrada en su totalidad; esta, para que sea una de justicia real, y no sólo pregonada. Se lo debemos a nuestros muertos, heridos y mutilados, a sus familiares y a sus descendientes. Se lo debemos a todos los argentinos.
La AVtA, representada por las recientemente electas autoridades para este año 2007, y en la persona de su presidente, el Lic. Arturo Larrabure --cuyo padre, el Coronel Argentino del Valle Larrabure fuera secuestrado, torturado y asesinado por el terrorismo durante un gobierno democrático-- perseguirá este objetivo como entidad legal y moralmente autorizada --o indistintamente sus miembros como particulares damnificados-- solicitando al poder judicial la inmediata apertura de todas las causas por terrorismo que en algún momento estuvieron bajo investigación desde 1960 a la fecha, en particular aquellas que tuvieron como participantes a los que formaron partes de las bandas terroristas que asolaron el país, y a los que hoy se reconoce con cargos oficiales, honores e indemnizaciones.
Alzándose contra la jurisprudencia internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos; Estatuto de Roma) ciertos jueces nacionales vienen, hasta hoy, excluyendo a los asesinatos, torturas y secuestros cometidos por la guerrilla, del concepto de crímenes de lesa humanidad, alegando que éste abarca solamente al terrorismo internacional (como si el que padecimos no lo fuera) y requiere la participación de un agente estatal (como si no estuviera probada la directa participación de otros estados en los crímenes cometidos en la Argentina por el terrorismo).
De tal forma someten a los deudos de las víctimas del terrorismo guerrillero a un tratamiento discriminatorio que viola los Art. 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto prescriben que todas las personas, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley y a ser oídas, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
Confiamos que el Poder Judicial argentino honrará la responsabilidad institucional que pese sobre sus espaldas para juzgar con ecuanimidad e imparcialidad los hechos del pasado, evitando consentir con su silencio o pasividad las lógicas violentas que han vuelto a resonar en la patria.
Si lamentablemente así no ocurre, habremos de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha señalado que "si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción".
Varsovia/Madrid, marzo 2007. En política simétrica, pero esta vez verdadera, a la de la "memoria histórica" que en España impulsan Rodríguez Zapatero y sus nuevos frentepopulistas, en Polonia el Gobierno va depurando a los responsables de casi cincuenta años de tiranía y terror comunista. Sus medidas incluyen a la chusma que en 1936 se arrojó contra España, en apoyo no de la República (que ya había muerto) sino del Frente Popular prosoviético. Justamente calificados de "traidores y criminales", pues no dudaron en combatir también contra su patria en apoyo de los bolcheviques, los ahora ancianos brigadistas supervivientes están siendo desprovistos de sus privilegios.
La cancillería del presidente de la República, Lech Kaczynski, prepara un proyecto de ley que suprimirá las rentas especiales concedidas a los veteranos procomunistas de la II Guerra Mundial y de la llamada "lucha contra el fascismo", lo que afectará a los ex funcionarios de la policía y cuerpos de seguridad, ex miembros de las fuerzas armadas comunistas y también a los brigadistas. Además, el Instituto de la Memoria Nacional (IPN) ha pedido la eliminación de Varsovia de los nombres de todas las figuras y símbolos comunistas, entre ellos el de los "dombrosiacos" (miembros polacos de las Brigadas Internacionales). Para el IPN, los brigadistas fueron unos traidores, porque combatieron en España para "construir allí el comunismo" y contribuyeron a la consolidación del régimen totalitario en Polonia, formando un influyente grupo dentro del partido comunista. El primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, ha definido el socialismo polaco como "un régimen de la chusma para la chusma".
El nombre de los "dombrosiacos" será retirado de la calle y la escuela que aún hoy llevan su nombre. Ya se han suprimido de las columnas de la tumba del soldado desconocido en Varsovia los nombres de las batallas del Ebro, Brunete y el Jarama. El brigadista polaco más famoso, el general Walter Karol Swierczewski, quien fue jefe de la 35ª División Internacional en España, pasó luego a la Unión Soviética desde la zona polaca invadida por los nazis. A pesar de que los soviéticos invadieron la otra parte y llevaron a cabo atrocidades espantosas, el general Swierczewski luchó a su lado y llegó a participar en la ocupación de lo que se conoció por Checoslovaquia. En la posguerra, ya viceministro de Defensa de la Polonia ocupada, este "héroe" de las Brigadas Internacionales (y de EFE y El País) murió en una emboscada de la resistencia ucraniana. Su negra memoria hizo que, apenas unos meses después de caer el comunismo en Polonia, se quitara su nombre de una de las principales avenidas de Varsovia.
Pero a los comunistas polacos que invadieron nuestra tierra con las Brigadas Internacionales les salen muchos aliados en la desgraciada España --que subsiste gracias a que ellos fueron derrotados-- de nuestros días. El Senado español (o más bien antiespañol) ha reaccionado a la pretensión, dentro de esta misma política, de retirarles la pensión a estos brigadistas, y pedirá al Gobierno que ponga los servicios diplomáticos a su disposición para prestarles "toda la ayuda necesaria, material y jurídica". Una moción suscrita por todos los grupos parlamentarios (incluido el Partido Popular) denuncia que "el Gobierno actual de Polonia quiere eliminar de la historia de su país el recuerdo de los brigadistas polacos que combatieron en defensa de la República española [sic], a los que [las autoridades polacas] califican de 'traidores y criminales". Justifican su intromisión porque los brigadistas, en virtud de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de enero de 1996, tienen derecho a la nacionalidad española. La moción fue redactada y promovida por el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, el socialista valenciano Segundo Bru, y ya está firmada por todos los grupos (PP, PSOE, Entesa Catalana, CiU, PNV, CC y Mixto). El texto fue presentado a los portavoces de la Comisión de Exteriores, que garantizaron su apoyo. Su aprobación será oficial el 17 de abril.
En virtud de una escandalosa decisión del Gobierno --ilegítimo--, la canalla brigadista, que ahora se presenta en forma de venerables ancianos, tiene derecho a la nacionalidad española, y por tanto a todas las prestaciones sociales previstas en España. En el tono de provocación típico de la izquierda irredenta, secundada por la cobarde derecha liberal, la moción se permite decir que "el Gobierno polaco está incumpliendo los compromisos adquiridos como miembro del Consejo de Europa y de la Unión Europea de respetar los derechos humanos y democráticos". Las peticiones del Senado al Gobierno español son, en primer lugar, "mostrar su solidaridad con los miembros de las brigadas internacionales polacos" y "manifestar su rechazo ante cualquier medida discriminatoria" contra ellos. El proyecto del Ejecutivo polaco implica "no sólo una violación de los derechos humanos sino, en este flagrante caso, de la simple y noble dignidad humana". En lo que sin duda se inscribe en la estrategia de la masonería europea contra el Gobierno polaco, y singularmente contra la católica Liga de Familias Polacas, el Senado también pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que lleve el caso ante "los órganos correspondientes de la UE". El cinismo de los senadores los lleva a decir de la chusma que vino a imponer el comunismo que "España es su segunda patria" y que vinieron "a luchar por la libertad y la democracia, lucha que continuaron después en sus respectivos países, en la II Guerra Mundial, contra el nazismo". Así que para el PP, para el PSOE y los demás demócratas, la Unión Soviética era también una democracia, la lucha contra España y contra Polonia, cosa de patriotas; y el comunismo, la causa de la libertad. Bueno es saberlo.
Bueno es saber también que el Partido Popular suscribe esas tesis. ¿Sorpresa? No. Al fin y al cabo, es el mismo partido cuyo presidente anterior autorizaba públicamente las negociaciones con el "Movimiento de Liberación Nacional Vasco" (sic). Ahora esperamos las fotos de Juan Carlos abrazando a abuelitos brigadistas polacos, cuando vengan a vivir de la Seguridad Social española.
