martes, abril 10, 2007

Fuentealba

EDITORIAL

Fuentealba

El drama de Neuquén ha suscitado todo tipo de utopismos, desde quienes pretenden una policía ilustrada para las provincias, hasta el Partido Obrero que exige un salario básico de 1.000 dólares a los docentes de la Patagonia. Pero más allá de las declaraciones de quienes están obligados a pronunciarse, lo cierto es que Carlos Fuentealba estaba expresando una protesta probablemente justa, pero en el lugar equivocado. No se puede cortar rutas ni puentes, atormentando a inocentes viandantes, sólo por levantar legítimos reclamos, y no fue, entonces, ilógica la decisión de despejar el paso, impartida por Jorge Sobisch, celoso del turismo que enriquece su distrito.
Que la virulencia de la refriega haya culminado con la fatalidad, estaba en la naturaleza de las cosas: no hay disuasión sin presión ni desalojo sin violencia, pero los culpables no fueron tampoco los trotskistas locales de CETERA (reñidos con Hugo Yasky) sino el poder central, que ha santificado la protesta social y la usa para intimidar a la ciudadanía independiente, dejando que los emponchados ocupen las calles y los caminos y amenacen a los ciudadanos ajenos al problema.
Infortunadamente, el desacato general no puede modificarse desde un gobierno de provincias. A esta hora, toda insurgencia urbana ya parece normal, y crímenes como el que suprimió a Fuentealba resultan un atentado contra la sacrosanta facultad de interferir con los derechos de otros ciudadanos.
La Constitución es clara al respecto: "Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste, comete delito de sedición." (Art. 22).
Sin embargo, ayer los viajeros que volvían de la región de los Lagos seguían retenidos en Neuquén y se registraban tres cortes sobre la ruta de Capital a Mar del Plata, donde el turismo regresaba gota a gota, entre ellos, el de los "rebeldes" de Lezama, que piden "independizarse" (?) de Chascomús, sin contar los habituales cierres de los puentes que nos unen a la "hermana" república del Uruguay, según la alude siempre nuestro gobierno.
Pero si Néstor Kirchner resultó ocasionalmente favorecido (pues la atención se desvía contra Sobisch), no es menos cierto que él mismo estuvo también sitiado en El Calafate por los burócratas y maestros de su provincia que le habían impedido viajar a Ushuaia, como a todo otro transeúnte del resto de la Argentina. Sin embargo, el Presidente se encaramó en la protesta, y ayer despotricó contra Sobisch desde su atril en la Casa Rosada.
En suma, el martirio de Fuentealba es sólo comparable al del agente Sayago, en Santa Cruz, en el 2004, quien, al revés, en otra "protesta" fue masacrado por los "piqueteros" sin que nadie le pidiera, entonces, un juicio político al gobernador Acevedo. Pues, como decía Mao Tse Tung, "hay muertos que pesan como un grano de arena, y otros como una montaña", y en el momento en que vivimos, la vida del policía cuenta muy poco, apenas 900 pesos. Si hasta el "piquetero" Héctor Pitrola ha dicho que las culpas de sus muertes recaen sobre los vigilantes mismos, por elegir engancharse en la policía.
Si el Estado no está en el lugar en que debe estar por su naturaleza, lo que sucede es la privatización de la violencia. De ahí a la anarquía, hay un paso.