[FAROagencia] Ruiz-Gallardón merece excomunión (y otros también)
- Alcalde Madrid del PP se dispone a oficiar "matrimonio" homosexual
- Parlamento aprueba la llamada "Ley de Memoria Histórica"
Madrid, 28 julio 2006. El Arzobispado de Madrid ha emitido una nota de prensa en la que recuerda algo tan obvio para un católico como que el matrimonio sólo puede ser contraído por personas de distinto sexo pues es "origen de la familia y ámbito donde el ser humano puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral". Se dirige explícitamente al alcalde de Madrid por el Partido Popular, Alberto Ruiz-Gallardón, quien el sábado tiene previsto "oficiar" un "matrimonio" entre varones aberrosexuales, y le advierte que la doctrina de la Iglesia en este asunto obliga a todos los fieles católicos, incluidos "los políticos católicos".
Alberto Ruiz-Gallardón no sólo ampara y promueve esta aberración, sino que, como ha recordado FARO en despachos anteriores y recuerda Eulogio López en el confidencial digital Hispanidad, "Va el sr. Gallardón, alcalde de Madrid por el muy conservador Partido Popular, y les reparte píldoras post-coitales a todas las niñas a partir de 14 años -quería ofrecérsela a partir de los 10 años, pero alguien le dijo que hasta en España eso era un delito- en los Centros Municipales de Salud y de Atención Social. Totalmente gratis y atendidos por el personal más abortista, por lo general feminista, con el que cuenta el Ayuntamiento. Por cierto, parcialmente, dichos centros dependen de la responsable de Bienestar Social del Ayto de Madrid, concejal Ana Botella, esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Así que, cada lunes, dichos centros tienen mucho trabajo dado que el refocile se practica más en fin de semana. Allí acuden crías de noche loca, cuya edad no les permite entrar en discotecas con alcohol, pero no les impide la coyunda con adolescentes mentecatos. Del resto se encarga Gallardón y papá y mamá ni se enteran. Es el mismo Gallardón que no tiene el menor reparo en tomar la Santa Comunión en las grandes solemnidades. Es decir, en aquellas Eucaristías donde acuden las cámaras de TV."
En realidad, Eulogio López es demasiado generoso: Alberto Ruiz-Gallardón, fruto maduro de la nueva iglesia de los últimos cuarenta años, acude con frecuencia a las celebraciones de los Jesuitas de Serrano ("eucaristías" es un término inadecuado, pero hasta demasiado eufemístico cuando se refiere a la liturgia de los nuevos jesuitas), y recibe la comunión sin que nadie se la niegue, ni siquiera se lo recrimine.
Sigue Eulogio López "Casi me quedo con el progresismo de izquierdas, el de Rodríguez Zapatero, mucho más grosero pero más coherente. Zapatero se negó a acudir a la Misa celebrada por Benedicto XVI en Valencia. Gallardón, un progresista de derechas, no se pierde la Eucaristía de Nuestra Señora de la Almudena. Eso sí, luego reparte píldoras coitales entre las menores.
"Además, el señor Alcalde se dispone a dar otro paso crucial, oficiando gaymonios entre homosexuales del Partido Popular, única formación política que mantiene un plataforma gay en el seno del partido."
El Partido Popular, receptáculo de numerosos votos católicos pésimamente orientados, lleva a cabo desde hace mucho una política que no pocas veces ha superado pocos aspectos a la del Partido Socialista en lo que respecta a la promoción y propaganda de los invertidos, y de corrupción de la infancia y la juventud. Pioneros en la inscripción como "parejas de hecho" de las formadas por aberrosexuales fueron ayuntamientos como el de Vitoria, en manos del Partido Popular; un tiempo después, en varias comunidades autónomas fueron alcaldes o concejales delegados del PP los primeros en oficiar "maricomonios", como el de Villaviciosa en Asturias, celebrado para mayor burla en una capilla desacralizada perteneciente al restaurante "El Pinal". La comunidad autónoma de Valencia, en manos del PP, fue también pionera en facilitar la adopción de niños, vía acogimiento, por parte de invertidos. Pueden añadirse cientos de ejemplos más.
Si el eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quiere sacudirse la blandura y la complacencia con los políticos corrompidos y corruptores, con el Gobierno y con la Jefatura del Estado que ha observado hasta ahora, y en ese sentido ha de tomarse la nota de prensa arriba citada (aunque en ella, como es costumbre en estos años, se omita toda referencia a la Ley de Dios), esperamos el decreto de excomunión inmediatamente después de que Alberto Ruiz-Gallardón lleve a cabo su anunciado propósito; si es que la promoción del aborto no era ya bastante... De no hacerlo, don Antonio María Rouco Varela será responsable de grave desmoralización de los fieles y de aumentar la confusión respecto de la doctrina de la Iglesia.
No estará de más recordar que los "políticos católicos" (¿existe alguno con cargo público en este momento?) están obligados a rechazar todas las leyes inicuas, empezando por la madre de todas ellas, la Constitución de 1978; y que ningún católico puede oficiar "matrimonios civiles". Mientras no se ponga fin a la tolerancia (o manifiesta complicidad) actual, los males seguirán aumentando.
Madrid, 28 julio 2006. En vísperas de las vacaciones parlamentarias (es un decir; los parlamentarios no se distinguen por trabajar agotadoramente) y judiciales, las "Cortes" han aprobado, sin título, el proyecto de lo que se venía llamando "Ley de Memoria Histórica". Sin entrar ahora en el fondo de la cuestión (FARO se ha ocupado en otras ocasiones de este asunto, como sus lectores recordarán), vamos a fijarnos en algunos aspectos cuando menos chocantes de esa ley y de las disposiciones complementarias del Gobierno, siguiendo el relato de Europa Press:
"El Gobierno prohíbe los símbolos del franquismo. En concreto, se retirarán escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de la Guerra Civil o la dictadura "cuando exalten sólo a una parte". La excepción a esta orden será cuando se considere improcedente por razones históricas, artísticas o de interés general. De esta forma, no se retirará, por ejemplo, la vidriera del Alcázar de Toledo ni afectará al patrimonio de la iglesia. El Ejecutivo recomiendo a comunidades autónomas y ayuntamientos que también proceden a la retirada de esos símbolos."
Los escudos, por ejemplo: como el controvertido escudo del águila de San Juan (que los carlistas, por varias razones, no defendemos), tachado habitualmente de "inconstitucional", "preconstitucional" o "anticonstitucional". Sin embargo, la vigente Constitución de 1978 se publicó con ese escudo, que sólo fue sustituida por ley de 5 de octubre de 1981 (la cual sólo regula el uso oficial, sin prohibir otros usos del escudo anterior). Incluso las monedas acuñadas en 1982 lo llevan en el reverso, con el Jefe de Estado constitucional, Juan Carlos, en el anverso.
Los demás símbolos, que exaltan "sólo a una parte": pocos quedan del bando nacional. Pero esta ley, ¿significará que van a retirarse los miles de monumentos, placas y nombres que desde 1977 hasta hoy han venido erigiéndose en homenaje al bando rojo, incluyendo a los dirigentes del Frente Popular más responsables de persecuciones y asesinatos?
La ley viene, dicen, "para compensar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. La principal novedad será la creación de un Consejo elegido por el Parlamento que permitirá este colectivo solicitar compensaciones individuales en un plazo de un año. [...] En cuanto a las víctimas del tardofranquismo, la norma recoge indemnizaciones para los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Una treintena de personas, entre ellas las víctimas de los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, se podrán beneficiar de estas ayudas de 135.000 euros."
Hay normas anteriores ya en este sentido: indemnizar a los militantes del Partido Comunista, al servicio -probado- de la Unión Soviética hasta que cayó ésta, sostenedores de toda forma de terrorismo contra sus compatriotas; a los bandoleros y asesinos del maquis; en fin, a una gloriosa sucesión de "demócratas de toda la vida".
Es evidente que la ley no está dirigida a los carlistas perseguidos, que los hubo; entre otras razones, porque los supervivientes no van a acogerse a ella. Porque los perseguidos del bando nacional no son su objeto: no ya los nacionales perseguidos por el franquismo, sino por los ahora llamados "republicanos". Los perseguidos y torturados por los rojos no recibieron pensiones compensatorias en la postguerra; los cónyuges e hijos de los asesinados por los rojos, tampoco.
La referencia a las "víctimas del tardofranquismo", con esa fecha límite de octubre de 1977, es si cabe más interesante. Porque la supuesta legitimidad de la legalidad vigente procede de aquella, y porque el jefe de Estado constitucional, Juan Carlos, lo es desde noviembre de 1975 (un poco antes, como "Regente", ya había tenido la ocasión de entregar a Marruecos y Mauritania el Sahara español). ¿Va a firmar esta ley? Claro que sí, como todas las leyes inicuas que le han puesto a la firma. ¿Se le aplicarán las consecuencias obvias de ésta? ¿Asistiremos a unas nuevas "Cortes del harakiri", como las últimas de Franco? Si en los españoles queda un poco de sentido común, deberían ser las "Cortes del descabello".
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