viernes, enero 25, 2008

Entierro de fetos con nocturnidad

JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA. MADRID.
Al menos en Madrid, los restos humanos con entidad suficiente para ser reconocidos como tales procedentes de abortos están siendo ya tratados de acuerdo con la ley de sanidad mortuoria. Hasta ahora, eran gestionados como un residuo biosanitario y sacados de las clínicas abortivas en contenedores junto a desechos clínicos. El incremento de inspecciones ha permitido detectar un incumplimiento flagrante del Reglamento de Sanidad Mortuoria, que obliga a que empresas de servicios funerarios se hagan cargo de los cadáveres y sean conducidos a un cementerio para su cremación.
Lo que sucede es que estos traslados de clínicas abortivas a cementerios sólo fueron puestos en marcha tras las investigaciones abiertas por la Guardia Civil. Y, por supuesto, sólo se llevan a cabo con nocturnidad. Esos restos con entidad suficiente como para ser considerados seres humanos -una vez muertos bajo el amparo de la ley-, al fin son tratados como cadáveres de personas. Un coche fúnebre recoge los restos, los lleva a un cementerio y allí son incinerados. Eso sí, de madrugada para que nadie vea y así, nadie sienta. Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, la ley sólo se cumple en la Comunidad de Madrid. Quedaba comprobar cómo se procede en la capital de España.
Madrugada del jueves
Así, empezamos una semana de guardia que dio resultados en la madrugada del jueves. En las proximidades de la Clínica Isadora, junto a la Dehesa de la Villa, asistimos a un traslado de cadáveres, de abortos, de restos humanos con entidad suficiente para ser reconocidos como tales. Embarazos interrumpidos de forma voluntaria tras dieciséis, veinte, veintidós semanas de gestación... Poco antes de la una de la mañana, un coche fúnebre de una empresa llega a la clínica abortiva. En menos de media hora, los operarios cumplieron con su cometido y se llevaron los fetos con destino a un crematorio. Minuto a minuto, todo sucedió entre las 00:52 y las 01:16.
Fueron veinticuatro minutos desde la llegada a una de las calles a la que da la clínica hasta dejar la zona y poner rumbo a un cementerio para ser incinerados y posteriormente depositados los restos en lo que podríamos llamar una fosa común.
«Desconocimiento» de la ley
Aunque sea con nocturnidad, la Guardia Civil ha conseguido, así, que los abortos tengan al menos el destino previsto por la ley y que hasta ahora la clínica Isadora había optado por incumplir, en palabras de uno de sus responsables por desconocimiento, según las observaciones realizadas en una inspección llevada a cabo a instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Ese responsable es el director de la clínica, y declaró en su día que «desconocía desde el año 93 el tipo de práctica a seguir en la gestión de la producción y eliminación de estos residuos biosanitarios, y que siempre que ha pasado una inspección oficial sólo le han exigido el contrato con la empresa (de gestión de residuos) oficialmente autorizada y nunca le han exigido un contrato con empresa funeraria alguna o similar». En su caso, ese desconocimiento abarcaba tanto la ley de residuos sanitarios como la ley de sanidad mortuoria y el posterior reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid, que corresponde a 1997.
La clínica Isadora está siendo investigada por distintas irregularidades y una veintena de mujeres han sido llamadas a declarar por un juez en calidad de testigos. La solidaridad de los grupos de izquierda ha sido absoluto e incluso la Xunta de Galicia les ha ofrecido de forma oficial servicio jurídico gratuito a las mujeres que deberán testificar «con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho de éstas a decidir sobre su propio cuerpo», según aseguró hace algunos días la Xunta.
Abortos de gallegas en Madrid
Quizá la pregunta a esta última cuestión sea ¿por qué? Y quizá la respuesta se encuentre en que todas las mujeres de Ferrol, Santiago de Compostela y Lugo que quieran abortar y estén de más de 12 semanas (abortos de alto riesgo) son remitidas por la Xunta de Galicia para interrumpir su embarazo a la clínica Isadora de Madrid, según consta en el Plan de Atención Integral de Salud de la Mujer en Galicia.