[condor-nacional] Schoklender: la punta de un iceberg de U$S 300 millones
Schoklender: la punta de un iceberg de U$S 300 millones Raúl Plee, Fiscal General anti lavado y de financiación del terrorismo, en el caso Schoklender no hará una investigación preliminar sobre el delito de lavado de dinero en el expediente que tramitó el titular de la UIF, José Sbatella. Es que, tratándose de fondos públicos, prima facie surge el delito de la malversación de caudales públicos cometido por los funcionarios públicos que pagaron y que no auditaron las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La competencia de la Justicia Federal en esta causa surge entonces nítidamente. De esta operatoria salió la sorprendente fortuna que se atribuye el propio Sergio Schoklender. Cada vez resulta más claro que este torrente de dinero surgió de las obras sobrefacturadas que Meldorek realizaba por cuenta y orden de la Fundación. El parricida actuaba entonces en su doble condición de apoderado de la fundación y directivo de Meldorek. Las supuestas patentes por las cuales él dice que cobraba honorarios de esa empresa no tienen ningún registro en nuestro país, ni en Estados Unidos o Europa. Es cierto, como dice el ex apoderado, que tenían que viajar a lugares alejados de las capitales provinciales y que se necesitaba chartear, pero de ahí a que la compañía contratista compre un Cessna Citation valuado en 17 millones de dólares hay una gran distancia. Pero el parricida omitió decir que era el director y probablemente uno de los dueños de la empresa. Y que la Sra. Bonafini viajó numerosas veces en ese avión comprado con dinero sucio. Y es una señora que no tiene nada de ingenua. Un capítulo más de la era K En los primeros reportajes después del estallido del escándalo, Schoklender mostró su faceta de mitómano, estafador y vendedor de humo, pero cometió un grueso error al decir que podría comprar dos Citation y agregar que de Meldorek sólo cobraba honorarios. Traducido al castellano, la Fundación Madres le pagaba al contratista, que era también su apoderado. Éste, después, como director, compró dos aviones y además cobraba honorarios que no declaraba a la AFIP, que sorprendentemente todavía no efectuó una inspección integral de la empresa constructora. Fortuna familiar Schoklender no tiene, porque quedó excluido de la herencia al asesinar a sus padres junto a su hermano Pablo. Ahora estaría cumpliendo el pacto de impunidad que cerró días atrás con Carlos Zannini, el comisario político del gobierno. Pero cometió el error de hablar de más, diciendo que estaba todo OK con la AFIP, donde declaraba ingresos por apenas 25.000 pesos anuales, sin incluir siquiera los 5.000 pesos mensuales que cobraba de la fundación. Pero, para tener una idea de la envergadura de esta malversación, el diputado Gustavo Ferrari dice que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires subsidió a las madres con 120 millones de pesos que provenían del Ministerio de Planificación. Y en todo el país se podía concluir que los subsidios llegaron a 500 millones de pesos durante ocho años. Tomando un dólar promedio a 3 pesos, no es descabellado decir que la suma que está en juego es de cerca de 300 millones de dólares. Esto, aparte de que se construyó poco, por lo cual el sobrante alcanza para comprar una docena de Cessna Citation. Los funcionarios que deberían ser imputados, entre otros, por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, son el ministro Julio de Vido, José López, Secretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, Subsecretario de Vivienda. Es así que la supuesta construcción de cerca de 300.000 viviendas populares sobrefacturadas entre el 100 y el 200%, realizada por empresas privadas y la Fundación Madres a un precio entre 60.000 y 100.000 dólares, es uno de los mayores hechos de corrupción de la última década. Pero no se trataría de una cuestión aislada, ya que formaría parte relevante de los 10.000 millones de dólares que Elisa Carrió le atribuye a la corrupción K como su producido. Si se toman los presupuestos anuales del 2003 hasta la actualidad, suman 400.000 millones de dólares. La cifra denunciada por Carrió es sólo un 2,5% de esa suma. O sea, un cálculo bastante amarrete sobre lo que se robó.
