sábado, marzo 10, 2012

Juego sucio en tribunales entre el gobierno y TBA


Jacobo Grossman conversa con Bonadío.
La primera reacción de TBA fue echarle la culpa a “Cordobita” (Marcos Córdoba), el motorman de la locomotora que se estrelló contra el paragolpes que no funcionaba de la estación Once. Primero se hizo circular el rumor de que podía estar borracho, luego, que se distraía mandando mensajes de texto (ambas falsedades) y finalmente se lo acusó de no accionar los frenos, acusación bastante absurda en sí misma, porque hablaría de un maquinista suicida. Entonces los Cirigliano habrían empezado a tomar en serio el riesgo de que el gobierno en algún momento les suelte la mano si los familiares de las víctimas se ponen pesados. Todo esto pese a los retornos por los subsidios que los Cirigliano compartirían con la cúpula del gobierno desde el 2003 hasta ahora. Entonces TBA pasó a difundir las alertas que le había enviado a la CNRT y a la Secretaría de Transporte sobre el estado de la línea Sarmiento, que coinciden bastante con lo que señalaba la propia CNRT y la Auditoría General de la Nación. Esta última, el viernes pasado, con los cuatro votos de la mayoría kirchnerista, aprobó su último informe, por cierto lapidario contra los Cirigliano.
Con sus advertencias, TBA pretendería que la responsabilidad recaiga sobre el gobierno, al cual el juez federal Claudio Bonadío lo aceptó como querellante en la causa. Esta resolución judicial habría aumentado el nerviosismo de los Cirigliano, porque el querellante debe ser entendido, en definitiva, como una víctima del hecho que se investiga. Y si el Estado Nacional se coloca en el papel de perjudicado, significa que la investigación judicial apuntará en definitiva contra la concesionaria. Esto, a su vez, habría precipitado otra maniobra: el ofrecimiento de TBA a las víctimas y sus familiares del pago de indemnizaciones a cambio de aliviar la presión judicial.
El dilema
Bonadío se habría encontrado así ante una disyuntiva ya clásica en la justicia federal. Debía optar entre el reconocimiento de los Cirigliano y la coacción representada por las carpetas que manipula el Gran Hermano K. Se decidió finalmente por minimizar los riesgos, evitando un pedido de juicio político del oficialismo por su aceptación del Estado nacional como querellante, carente de fundamentos jurídicos válidos y contraria a la lógica, ya que el Estado será demandado por los perjuicios y es también penalmente sospechoso. Al magistrado no le preocuparía un pedido similar de la oposición, porque contaría con la protección de la mayoría automática oficialista del Consejo de la Magistratura. Por su parte, los familiares iniciaron su búsqueda de una justicia independiente el viernes pasado, con la mala suerte de que ese día se jugaba el partido River-Quilmes, de gran interés para la B Nacional y millones de televidentes. Pero en los próximos días no habrá más maniobras del Fútbol para Todos y la presión de los familiares se hará notar, tal vez poniendo a la concesionaria y al gobierno en dificultades.
Grossman en acción
Jacobo Grossman, socio de Eugenio Zaffaroni antes de que éste fuera designado como ministro de la Corte Suprema, quedó a partir de entonces a cargo del estudio y algunas prebendas. Por ejemplo, la gerencia de legales de la obra social del Ministerio de Economía, que estaba empobrecida porque casi todos los empleados de la AFIP se pasaron a OSDE. El caso es que, desde que Grossman empezó con los arreglos extrajudiciales, la obra social quebró y terminó intervenida. También defendió al banquero Francisco Trusso, que fue excarcelado. Últimamente, asumió la defensa del vicepresidente Amado Boudou en causas diversas, entre ellas la que investiga los papeles falsos y el motor con numeración adulterada de un auto, que se tramita ante el juez Bonadío. Desde diciembre, Grossman recibió instrucciones de empezar a actuar como operador judicial del gobierno en Comodoro Py y recientemente habría mantenido varias conversaciones con Bonadío. Hay que admitir que la presión de un ex secuestrador extorsivo podría ser bastante intimidante para cualquier juez.