MIEDO - PARTES I Y II                MIEDO - PARTES I Y II

   

MIEDO (PARTE I)

Como en una tragedia griega, después de treinta años de democracia, el miedo ha reaparecido en la Argentina. Las actitudes temerosas de la ciudadanía, signo de las épocas más oscuras, han vuelto bajo nuevas formas y de la mano de los graves abusos de poder.

EDITORIAL – LA NACIÓN – DOMINGO 20/07/2014 – PUBLICADO EN WWW.FORODECUYO.COM

Como en una tragedia griega, después de treinta años de democracia, el miedo ha reaparecido en la Argentina. Es un fantasma que silencia, reprime, somete y enturbia la vida de la población. El ejemplo más reciente es que ni siquiera los integrantes de la selección argentina de fútbol subcampeona del mundo hayan podido festejar su logro junto con el pueblo en la emblemática Plaza de la República por entender, con muy buen criterio tras los lamentables episodios de violencia vividos en la noche del domingo último, que ni ellos ni nadie tenían garantizada su seguridad.

No es la única clase de miedo que sufren los argentinos. Las cosas se dicen en voz baja -cuando se dicen- y cualquier opinión se ve obligada a recorrer el camino de la vigilancia previa para evitar decir lo que se quiere donde se sabe que no será bien recibido.

Empresarios que, por miedo, callan en público y ponen condiciones extremas a la hora de relatar en privado, cuestionan la fiabilidad de los teléfonos como meros transmisores de mensajes y evitan los mails para que no quede constancia escrita de sus ideas u opiniones.

Intelectuales y artistas se autocensuran excluyéndose de la vida pública y soslayando encuentros personales. Hasta hay amigos que ya no se frecuentan y familiares que dejaron de verse porque prefieren evitar las discusiones, los roces y las consecuencias que pueda provocar la simple divergencia de opiniones políticas.

El hombre de la calle tiene miedo. Está expuesto al delito callejero en sus distintas modalidades. Las entraderas, las salideras, los arrebatos y los asaltos diurnos y nocturnos. Los motochorros, los hombres araña, los sacarruedas, los quemacoches, los lanzapiedras. Los secuestros reales y virtuales. Hay miedo en los colectivos, en los trenes, en las paradas, en los estadios. Los conductores están alertas en los semáforos y recelosos en las autopistas, soslayan las colectoras y dudan ante operativos policiales. Miedo ante bloqueos, piquetes y encapuchados. Atemorizan los reales y los falsos "trapitos", limpiavidrios y cuidacoches.

Los chicos tienen miedo en la escuela, en la plaza, en los boliches. Miedo a los patovicas, las facas, el bullying y las violaciones. Las maestras tienen miedo a los alumnos y, en algunos casos, terror a ciertas reacciones de sus padres. Las guardias de hospitales temen la irrupción de delincuentes heridos. En barrios olvidados o en villas de emergencia, las familias tienen miedo por sus hijos y reclaman protección policial. Algunos policías tienen miedo de actuar como tales. La mayoría lo hace y muchos mueren con el uniforme puesto: pero otros son sumariados por hacerlo. Y, ante la inacción, surgen los escraches y los linchamientos, regresión a épocas cavernarias.

La "década ganada" ha descarriado la función del Estado y éste, por exceso o por defecto, se ha convertido en enano de jardín ante la expansión del delito y en un energúmeno para consolidar la hegemonía kirchnerista. Se ha abandonado el imperio de la ley, garantía de protección ante los delincuentes y resguardo frente al poder desviado de los gobernantes.

Se padece la ausencia del Estado o su reemplazo por otro Estado que confunde empleos genuinos con clientelismo y trabajo subsidiado o militante, que no desarticula el tráfico de drogas por sus vinculaciones con el poder y que no educa en valores ni para la inserción en un sistema que se cuestiona, prefiriendo El Eternauta a Domingo Faustino Sarmiento, el relato a la realidad, además de los bombos a los libros, que no muerden.

El hombre común, expuesto a la violencia civil, está cada vez más lejos de las esferas de poder, donde se define el futuro de sus hijos. En esos círculos, la sumisión y el silencio se logran con dinero o intimidación: la zanahoria o el garrote.

El uso de recursos públicos para domesticar voces críticas o crear nuevos grupos concentrados se instrumenta mediante cargos en el Estado, subsidios a medios alineados, a empresas de transporte, a cooperativas militantes y a ONG clientelistas. Cooptación de artistas, periodistas, locutores y malabaristas. Pero la utilización de fondos públicos es riesgosa, requiere resoluciones y contratos, publicaciones en el Boletín Oficial y, a veces, se termina en la Justicia, como el desvío de fondos en Fútbol para Todos. Por ello, el secretismo se impone sobre los principios republicanos y la ley de acceso a la información se cajonea año tras año.

Recurrir al miedo, puro y simple, ha sido más práctico y generalizado. No requiere partidas presupuestarias ni quedan constancias escritas. La extorsión verbal o la utilización desviada de potestades públicas son formas eficaces para silenciar, reprimir y someter. El propio Néstor Kirchner intimidó al empresario Alfredo Coto por opinar sobre la inflación, y la propia presidenta de la Nación envió por Facebook una carta a Ricardo Darín por haberse referido el actor al patrimonio presidencial. La jefa del Estado aprovechó esa misiva pública para recordarle al actor un antiguo proceso penal que lo había afectado, aunque hubiera sido sobreseído.

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, mediante violentos procederes, amenazó a directivos de empresas, invocando facultades no otorgadas por la ley de abastecimiento. Rodeado de matones y con guantes de box, irrumpió en una empresa privada, Papel Prensa, para hacer fracasar asambleas y, luego, repitió el show en el Grupo Clarín, con gritos y camarógrafos llevados especialmente para registrar las escenas de matonismo.

Fue Moreno quien echó a la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, por hablar sin permiso y amenazó con quitar su licencia a la despachante Paula De Conto por confrontarlo. Blandiendo el garrote fiscal, presionó a empresarios en infinidad de oportunidades, siempre con violencia y lenguaje soez. Amenazó y multó ilegalmente a consultoras que medían el aumento del costo de vida de forma mucho más seria que el alguna vez respetado mundialmente Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Y con su recordado "pongui y pongui", obligó a empresarios a donar fondos para los inundados de La Plata, aunque el dinero sigue dando vueltas sin llegar a sus verdaderos destinatarios.

Miedo representa Luis D' Elía, niño mimado de los Kirchner, ex secretario de Tierras y Hábitat Social, amigo de Chávez, socio de Irán y negador del Holocausto, procesado por intimidación pública tras tomar por la fuerza la Plaza de Mayo en la denominada "marcha del campo" y por ocupar una comisaría, lo que causó "lesiones, daño agravado, atentado a la autoridad calificado y privación ilegítima de la libertad".

Por cierto, también producen temor, además de desprecio, los agravios de Hebe de Bonafini lanzados a quienes se le crucen en el camino, incluidos jueces y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sus juicios populares contra periodistas críticos del Gobierno. Y dan especial miedo porque tales episodios nunca son ni refutados ni siquiera condenados por la Presidenta, que la invita a todos sus actos públicos.

Hay temor también hacia la primera mandataria cuando explícitamente pide que se le tenga "miedo a Dios" y, a ella, "un poquito".

Han pasado treinta años desde la recuperación democrática. El miedo, signo y símbolo de épocas oscuras, ha reaparecido en nuestro país con nuevas formas, al extremo de poner en riesgo la libertad de expresión. Alentado desde lo más alto de la conducción política, esa modalidad de amedrentamiento está abriendo grietas muy profundas, causando un daño que costará mucho revertir.

MIEDO (ÚLTIMA PARTE)

El atril presidencial se ha usado para intimidar, y muchos organismos del Estado han sido herramientas para atemorizar a opositores y críticos del Gobierno.

EDITORIAL – LA NACIÓN – LUNES 21/07/2014 – PUBLICADO EN WWW.FORODECUYO.COM

La última década dio testimonio de los graves y desvergonzados desvíos de poder que implica el empleo de los organismos del Estado como herramientas para atemorizar a opositores o escarmentar a librepensadores y críticos del Gobierno.

Como reflexionábamos en nuestro editorial de ayer, la política del miedo ha ido socavando relaciones, destruyendo lazos de confianza, espantando inversores y ahondando todavía más el deterioro moral e institucional del país a lo largo de la mal llamada "década ganada".

Las amenazas e intimidaciones proclamadas desde el atril presidencial son uno de los peores ejemplos e indicador tristemente gráfico sobre los abusos en que incurre el poder gubernamental, corporizándose en la más alta investidura para defenestrar a quienes se atreven a opinar distinto.

Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no sólo cuestionó duramente a un corredor inmobiliario por el simple hecho de haber hablado de la desaceleración de su sector de actividad económica. La primera mandataria también citó información sobre su situación personal ante el fisco, prescindiendo del riguroso secreto fiscal que ampara a los ciudadanos, a punto tal que el broker fue luego suspendido por el ente recaudador.

La política del miedo anida también en la Unidad de Información Financiera (UIF), centro neurálgico de todos los movimientos financieros del país, que recibe de bancos, escribanos, aseguradoras y sociedades de bolsa los reportes de las operaciones que puedan ser sospechosas.

Ha quedado demostrado que, para el kirchnerismo, resulta demasiado tentador disponer de tan abundante información confidencial sin ponerla al servicio de su destino hegemónico. José Sbattella, quien dirige la UIF, es un economista sin formación específica, pero militante K, que designó a parientes y amigos inexpertos en puestos clave. No se trata de una cuestión técnica, sino estratégica: se investiga a opositores y se congelan expedientes contra el oficialismo como el de Lázaro Báez.

La Inspección General de Justicia (IGJ), hoy en manos de La Cámpora, es otro instrumento de esta aberrante política de coacción. Frena denuncias que afecten al poder y no da información sin el visto bueno de sus operadores. Pidió datos confidenciales a las mil empresas más importantes del país para "apretarlas"; idéntico procedimiento siguió la Secretaría de Comercio. El titular de la IGJ, Luis Tailhade, publicó en su cuenta de Facebook afiches con las fotos de los empresarios a cargo de esas firmas, bajo la leyenda: "Éstos son los que te roban el sueldo".

La prepotencia es uno de los sellos de La Cámpora. Así lo sintió el periodista del noticiero de la TV Pública Juan Miceli, desplazado después de preguntarle al diputado Andrés Larroque acerca del uso de pecheras de esa agrupación en la trágica inundación en La Plata. El vejatorio trato de Juan Cabandié hacia una agente de tránsito, las persecuciones a empleados "no alineados" en la Cancillería, las amenazas al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, y el clima de temor impuesto en todos los organismos ocupados por esa agrupación dan cuenta de graves abusos, muchos de los cuales no trascienden pues quedan en ámbitos exclusivamente privados.

En el inventario del miedo y la extorsión no puede omitirse tampoco el coercitivo accionar de la tristemente célebre Secretaría de Inteligencia del Estado (SI, ex SIDE), otro ejemplo de graves desvíos de poder.

Junto con la prensa independiente, uno de los huesos más duros de roer para el kirchnerismo ha sido el Poder Judicial, última garantía del Estado de Derecho. Hasta allí también llega la política del miedo.

El propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sufrió una investigación de la agencia recaudatoria luego de conocido el fallo adverso a las leyes kirchneristas sobre reformas que pretendían acabar con la independencia del Poder Judicial. Es impensable que esta orden no haya sido impartida desde lo más alto del vértice de poder.

Con el miedo se pretende sustituir el imperio de la ley. Se quiere instaurar un régimen que responda exclusivamente a la voluntad del Poder Ejecutivo. Ello explica la proliferación de jueces interinos o subrogantes, quienes pueden ser removidos por el mismo órgano que los designó, así como la reciente designación para la Corte Suprema de una gran cantidad de conjueces cercanos al Gobierno.

Quienes no entiendan el significado de la "democratización de la Justicia" deberán enfrentar el juicio político, como les ocurrió, entre tantos otros, a dos miembros de la Cámara Federal de la Seguridad Social que fallaron en favor de los jubilados, conforme a lo que establece la ley y la jurisprudencia del más alto tribunal, o bien arremetidas como la que sufre el fiscal José María Campagnoli, enjuiciado por investigar a Lázaro Báez, suspendido en su cargo y restituido en él la semana que acaba de concluir.

Durante ese vidrioso proceso -aún no concluido, pues el kirchnerismo procura retomar más adelante el jury de enjuiciamiento contra Campagnoli- trascendió que el Gobierno habría solicitado colaboración internacional para investigar a un grupo de tuiteros que defendían al funcionario judicial suspendido. Como consecuencia de ello, el juez Claudio Bonadio recibió una denuncia para investigar si desde organismos del Estado funcionan "redes de espionaje y persecución política".

En los inicios del caso Ciccone, para defender al vicepresidente Amado Boudou, la Casa Rosada aplicó una estrategia "ejemplificadora", desplazando tanto al juez federal Daniel Rafecas como al fiscal Carlos Rívolo y al procurador general Esteban Righi, diseñando un modelo de procedimiento que hoy se quiere profundizar para aventar cualquier atisbo de independencia judicial.

La reemplazante de Righi, Alejandra Gils Carbó, integrante de la agrupación Justicia Legítima, garantiza la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal, como -a su juicio- lo requiere una Justicia auténticamente "democratizada", eufemismo para disfrazar su total sometimiento al Gobierno.

El Consejo de la Magistratura, controlado por el oficialismo y entrenado en políticas intimidatorias por integrantes de La Cámpora, intenta proteger el fin de ciclo del kirchnerismo con jueces que garanticen su imprescindible impunidad a futuro, ya sea impidiendo la remoción de los magistrados que debieran ser expulsados, como Oyarbide, o para asegurarse la designación de "jueces amigos".

El miedo también fue utilizado para introducir socios afines al Gobierno en empresas o influenciar en el pase de manos de empresas privatizadas que operaban en el país. Es antológico el acceso del grupo Eskenazi, como "experto en industrias reguladas", en la emblemática YPF. También manipuló el Gobierno los casos de Transener, Edenor, TGN, Gas Natural BAN y las estatizaciones de Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas.

Con el lenguaje de la prepotencia y operando la intervención de organismos competentes en distintas áreas involucradas, La Cámpora quiso eliminar a LAN Argentina como competidora de Aerolíneas, cancelando rutas, no otorgando nuevas y hasta intentando su desalojo del hangar en el Aeroparque. Para no mencionar el caso de Shell, cuando el ex presidente Kirchner arengó a boicotear sus estaciones de servicio y Guillermo Moreno continuó con una persecución tan arbitraria como discriminatoria.

El miedo habría sido determinante para forzar ventas de medios de comunicación y para crear un conglomerado mediático concentrado al servicio del relato oficial.

Por miedo y conveniencia, los contratistas del Estado no impugnan licitaciones manifiestamente "arregladas", ni se atreven a brindar testimonio en Tribunales acerca de "retornos" a funcionarios con facturas apócrifas.

Lo mismo ocurre en muchas cámaras y organizaciones que nuclean a distintos sectores del quehacer económico y social de nuestro país que no se animan a hacer públicas las críticas que hacen en privado.

El ex funcionario del Ministerio de Economía José Capdevila, testigo en la causa Ciccone, quien se fue del país acorralado por amenazas, es otro ejemplo más, al igual que Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, sindicado como "testaferro" de Amado Boudou, quien optó por quedarse y decir valientemente su verdad.

Cuando el Poder Ejecutivo sólo persigue someter a la Justicia, dominar al Poder Legislativo, convirtiéndolo en su mero apéndice, coartar la libertad de prensa y neutralizar a los órganos de control de la República, la proclama del "Vamos por todo" se convierte en otra consigna de miedo, reflejo del apartamiento del Estado de Derecho y camino seguro hacia un inevitable régimen totalitario.