jueves, febrero 25, 2010

Alerta Argentinos

VACIAMIENTO INSTITUCIONAL


Lunes, 15 de Febrero de 2010
(LA NACIÓN) El objetivo de la destrucción del sistema de controles es que reine la voluntad de una o dos personas donde antes reinaba la ley.

El cambio de régimen al que se está sometiendo a la política monetaria en el país promete convertir casi en una anécdota la creación del controvertido Fondo del Bicentenario. Esa iniciativa resultó ser, a estas alturas, el primer paso de un avance mucho más amplio, audaz y riesgoso sobre el Banco Central, que incluye el reemplazo de su titular, un proyecto de reforma de su Carta Orgánica y un nuevo signo conceptual para la administración de la política monetaria, cambiaria y bancaria. En las últimas semanas la opinión pública, sobre todo la especializada, se ha visto agitada por un debate sobre el significado que entrañan estas innovaciones para la marcha de la economía.

Hay otra dimensión de este proceso que quedó menos expuesta, y es que con él el Gobierno está consumando el vaciamiento y la desnaturalización de otro organismo del Estado, entre cuyas misiones, además de preservar el valor de nuestra moneda, está el control de un mercado tan crucial como el de las finanzas. En otras palabras, la embestida contra el Banco Central y la reducción de lo poco que quedaba de su autonomía se incorporan a una lamentable serie de avasallamientos que el kirchnerismo consuma sobre otros institutos de fiscalización y control.
 
AVANZA OTRA CAUSA CONTRA LOS KIRCHNER (PAGO DE SOBREPRECIOS)
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Lunes, 15 de Febrero de 2010

Paz Rodríguez Niell

(LA NACION) Cristina y Néstor Kirchner tienen una nueva investigación abierta en su contra en la Justicia por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de dinero. Se los acusa de una presunta licitación irregular destinada a la compra de 800.000 litros de gasoil. En la causa comparten los cargos con el ministro de Planificación, Julio De Vido, responsable del área que ejecutó la operación.

El expediente despierta gran preocupación entre altos funcionarios del Gobierno, que siguen de cerca sus avances.

El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó un requerimiento de instrucción en el que individualizó a los tres como imputados de esos supuestos delitos y le pidió al juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa, que tomara medidas para investigar. Las primeras ya están en marcha. La acusación es por presuntos sobreprecios en la compra de gasoil destinado a un "uso de calidad primaria".