Legalizaron el aborto en Uruguay - lanacion.com

Primer caso en América Latina

Legalizaron el aborto en Uruguay

Tabaré Vázquez advirtió que vetará la polémica norma

Nelson Fernández
Corresponsal en Uruguay
MOTEVIDEO.- En una histórica sesión, el Parlamento uruguayo sancionó ayer la ley que permite el aborto, aunque el presidente, Tabaré Vázquez, había afirmado hace unos días que la vetará.
La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, aunque sólo ayer finalizó el proceso de aprobación legislativa con la sanción final en el Senado, por 17 votos a favor y 13 en contra. Uruguay pasa así a ser el primer país con una norma de ese tipo en América latina.
De todos modos, la ley encuentra un obstáculo que aparece como imposible de superar: Vázquez, médico de profesión, afirmó que por una cuestión de principios no está dispuesto a permitir que la ley entre en vigor. No obstante, dos ministros dieron ayer versiones encontradas al respecto. La comunista Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social, dijo que confía en que Vázquez cambiará de opinión. Afirmó, además, que sentía euforia por la aprobación en el Senado y que el mandatario debería promulgar la ley.
En cambio, el demócrata cristiano Héctor Lescano, ministro de Turismo y Deportes, indicó que Vázquez ha dicho que vetará el texto y que no dudaba que así será. La norma modifica una de 1938, que penalizaba el aborto "en cualquier circunstancia".
Vázquez es un firme opositor a la reforma, aunque pertenece al Partido Socialista, que votó en favor del proyecto como todo el Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna Uruguay. Fuentes de su entorno político dijeron a LA NACION que "no hay chance alguna" de que la despenalización del aborto entre en vigor. "Tabaré la vetará", ratificaron.
No obstante, los legisladores oficialistas, que son los que votaron el texto, creen que podría darse una alternativa: que Vázquez no promulgue el proyecto y que deje que pase el tiempo formal para pronunciarse, de diez días. De este modo, la medida podría entrar en vigor, sin que sea necesario el respaldo formal del mandatario.
En caso de veto presidencial, los partidarios de la legalización del aborto en el Parlamento deberían obtener la mayoría especial que exige la Constitución para dejar sin efecto la decisión del mandatario, algo que parece casi imposible.
La senadora Margarita Percovich, del Frente Amplio, que fue una de las principales impulsoras de la reforma legal, expresó su satisfacción por la decisión del Poder Legislativo, aunque reconoció que el propio Vázquez dijo que vetará el texto.
Percovich dijo que, por lo polémico de la medida, se podría convocar a un referéndum, para que la mayoría de los uruguayos decida si apoya o no la legalización. Pero, para que eso ocurra, es necesario que Vázquez promulgue la ley o que, luego de recibir el texto del Parlamento, deje pasar los diez días sin pronunciarse. En ese caso, el proyecto se convertiría en ley y los que se oponen a la despenalización del aborto podrían recolectar firmas para convocar a la consulta popular.
Pero Vázquez ha dicho que no permitirá esa alternativa y aplicará el veto, en una decisión que podría acarrearle costos políticos ya que se enfrentaría abiertamente con sus propios legisladores.
Lo curioso del intenso debate es que los que impulsaron el proyecto y lo votaron son los legisladores oficialistas. La oposición no acompañó la reforma legal. Si el mandatario veta la ley, los impulsores de la iniciativa podrán sólo presentar un nuevo proyecto en el próximo período legislativo, a partir del 2010.
Advertencia de los obispos A principios de noviembre, la Conferencia Episcopal advirtió que quedarían excomulgados los legisladores que votaran a favor de la ley.
Pero a fines de la semana pasada declaró que los legisladores católicos que votaban el proyecto quedaban afuera de la Iglesia sin aclarar si ello acarrea o no la excomunión.
La ley, que admite a los médicos negarse a practicar un aborto por "objeción de conciencia", consta de cinco capítulos. Su segundo capítulo habilita "la interrupción voluntaria del embarazo" y dice que "toda mujer puede decidir" al respecto "durante las primeras 12 semanas de gravidez".
Indica que, para lograrlo, "la mujer alegará ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción o situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias".
Fuera de esas condiciones o plazos, el aborto sólo podrá realizarse cuando acarree un serio riesgo para la salud de la embarazada o "malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina".