UNA DECISIÓN DEMOLEDORA
Los jueces de una Cámara tucumana de
alzada sembraron ayer la mayor sospecha de fraude en el proceso electoral
nacional. Nunca, desde 1983, la
Justicia anuló ninguna elección, aun cuando hubo denuncias de
fraude. La decisión desmiente un punto clave de la teoría oficialista utilizada
como defensa en esta crisis.
POR JOAQUÍN MORALES SOLÁ - LA NACION
Los jueces de una Cámara tucumana de
alzada sembraron ayer la mayor sospecha de fraude en el proceso electoral
nacional. Cuando la Cámara
en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la nulidad de las
elecciones de gobernador (y ordenó convocarlas de nuevo), produjo un hecho
inédito en la nueva democracia argentina. Nunca, desde 1983, la Justicia anuló ninguna
elección, aun cuando hubo denuncias de fraude.
La decisión desmiente un punto clave de
la teoría oficialista utilizada como defensa en esta crisis.
Esos argumentos del kirchnerismo
planteaban que las denuncias de manipulaciones, adulteraciones, clientelismo y
compra de votos formaban parte de una estrategia de la oposición para
deslegitimar el triunfo del oficialismo. Sin embargo, es probable que la
decisión judicial de ayer sea revocada por la Corte Suprema de
Tucumán, integrada por jueces amigos del gobernador José Alperovich.
De todos modos, esa decisión que anuló
los comicios tiene una carga demoledora para el gobierno kirchnerista,
que entregará en diciembre un sistema electoral viciado por el fraude y con
escasa legitimidad. A pesar del obsceno robo de boletas en el conurbano
bonaerense, en las primarias de agosto, fue el caso tucumano el que llevó la
sospecha de fraude a niveles también desconocidos en la sociedad nacional. Por
primera vez, consignan encuestas que acaban de realizarse, una cantidad
importante de argentinos desconfía de la seriedad de su sistema electoral. Esa
sospecha es novedosa. En las elecciones legislativas de 2009, Néstor Kirchner reconoció que había perdido la misma noche de las
elecciones. El sistema no se había degradado tanto como ahora.
El caso tucumano les agregó sus propios
condimentos a las viejas trampas del sistema electoral. O tuvo el único mérito
de exponer las nuevas mañas. Sea como sea, lo cierto es que se quemaron urnas,
se falsificaron los resultados de las actas en los telegramas que envió el
Correo y se compró a los fiscales de la oposición. Una cosa es el conocido
método de robar boletas (repudiable también) y otra cosa, peor aún, es la
manipulación del escrutinio provisorio (que depende del Correo) y los sobornos
a los fiscales opositores.
El caso de Tucumán se cerró de la manera
más incierta posible cuando un supuesto corte de luz destruyó las grabaciones
fílmicas de las urnas durante el día en que estuvieron guardadas, hasta que
empezó el escrutinio definitivo. La oposición denunció que el corte de luz no
existió nunca. Simplemente, se destruyó la grabación que había comenzado a
constatar, por ejemplo, que muchas urnas llegaban abiertas. En tales
condiciones, conviene aceptarlo, no hay gobierno que pueda perder una elección.
La resolución de ayer en Tucumán
significa también, en los hechos, una dura refutación a la Presidenta. Sólo
24 horas antes, Cristina Kirchner había desafiado
públicamente a la oposición a reconocer el triunfo del oficialismo (su ex
ministro de Salud Juan Manzur era el gobernador
electo) en lugar de seguir haciendo denuncias. La Presidenta carece a
estas alturas hasta de la información más elemental de lo que sucede en el país
que gobierna. ¿O es que sus funcionarios temen llevarle las malas noticias?
Desde el lunes pasado, por lo menos, la política de Tucumán sabía que en el
curso de esta semana esa Cámara anularía las elecciones. Sobre todo, después de
que el fiscal general del fuero federal tucumano, Gustavo Gómez, se convirtió
en un testigo clave contra la validez de esas elecciones. Gómez ya había dicho
que las maniobras de fraude constatadas en Tucumán respaldaban la necesidad de
una nueva elección en ese provincia.
No es sólo Tucumán. En Chaco, donde se
realizarán elecciones de gobernador el próximo domingo, se descubrió que en el
padrón hay 10.000 inscriptos de forma irregular. Siete mil de ellos no figuran
en ningún registro del padrón nacional argentino. Tres mil están anotados en el
padrón del Chaco, pero no en el padrón nacional. Hay personas en el padrón
chaqueño con 120 años de edad. Los muertos han vuelto a votar. La cifra de
10.000 significa el 2% del electorado chaqueño. Es decir, la oposición
comenzará los comicios perdiendo por el 2 por ciento.
La decisión de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo será apelada por el gobierno provincial ante la Corte Suprema de
Tucumán. Dependiente de Alperovich y sus amigos, es
más que seguro que ese tribunal revocará la resolución de ayer y dará por
válidas las recientes elecciones. La oposición apelará seguramente ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. El
máximo tribunal de justicia del país se ha negado siempre a tomar partido por
los resultados de elecciones provinciales; prefiere en esos casos respetar la
jurisdicción provincial de la
Justicia.
No todo está dicho. En primer lugar,
porque nunca hubo una decisión judicial de semejante trascendencia electoral. La Corte Suprema de la Nación ha decidido, sí,
cuando trató cuestiones electorales que requerían de una clara interpretación
de la Constitución.
Fue el caso de Santiago del Estero, cuando le prohibió la
reelección al actual presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora, actual
caudillo feudal santiagueño. Zamora recurrió entonces a la treta de todos los
caciques feudales: colocó a su esposa como candidata a gobernadora; ella es, en
efecto, la actual mandataria de la provincia.
A partir de la comprobación de que hubo
fraude, según la Cámara
que resolvió ayer, la
Corte Suprema de la
Nación podría hacer también una lectura de la Constitución. La
Ley Fundamental del país establece que los argentinos eligen a sus gobernantes
en elecciones libres. La primera garantía de la democracia, por lo tanto, es el
derecho al voto, que lo debe garantizar el Estado y no los fiscales. Vale la
pena hacer esta aclaración porque el argumento del oficialismo es que la
oposición no tiene derecho a criticar si no tiene fiscales o si sus fiscales se
convirtieron en tránsfugas. La teoría del Gobierno significa la privatización
de la custodia de un derecho esencial de la democracia.
