Cristina Kirchner y su estrategia de victimización
Martes 14 de marzo de 2017
La ex presidenta, al denunciar una "persecución política y mediática sin precedente" en su contra, está actuando con un cinismo y una hipocresía evidentes. No es ella la más indicada para hablar de persecuciones cuando desde su gobierno se ocupó de perseguir y someter al escarnio público a empresarios que se animaron a objetar con respeto la política económica; a economistas y encuestadores que dieron a conocer estudios sobre la evolución de los precios o de los índices de pobreza que diferían de las alegres estadísticas del Indec oportunamente intervenido por Guillermo Moreno; a periodistas que denunciaron los actos de corrupción de la era kirchnerista o que simplemente expresaron sus disidencias con su gestión; a jueces que se resistieron a ver coartada su independencia por el poder político; a dirigentes políticos que por entonces representaban a la oposición, y hasta al propio Jorge Bergoglio antes de ser consagrado Papa.
Al presentarse la semana pasada a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces, Cristina Kirchner se negó a contestar preguntas y presentó un escrito en el que calificó de "descabellada" la imputación en su contra, cuestionó al magistrado y denunció ser objeto de una persecución por parte del gobierno nacional. Cabe recordar que la ex presidenta está acusada en esta causa de asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública. A esto hay que sumar otros procesos judiciales promovidos en su contra por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y hasta traición a la patria.
Frente a acusaciones de tamaña gravedad, la ex mandataria parecería creer que su mejor defensa es ampararse en el supuesto progresismo de su gestión presidencial. En rigor, un falso progresismo sustentado en un relato falaz, tendiente a construir un poder omnímodo.
Su disparatada defensa se ha enfocado, incluso, a denunciar la existencia de una acción coordinada en varios países de América latina para terminar enjuiciando a líderes políticos que buscaron llevar a cabo procesos de inclusión social y transformación económica.
Es, por cierto, una maniobra distractiva más de la ex presidenta, ante las abrumadoras pruebas que la vinculan con la corrupción pública. En lugar de apelar a esas jugarretas, debería explicarles a la Justicia y a la sociedad argentina, entre tantas cosas, por qué las empresas de las que participaba junto con su familia tenían tan fuertes vinculaciones con contratistas de obra pública del Estado, hasta tal extremo que se sospecha fuertemente que los recursos públicos que iban a bolsillos privados, como los de Lázaro Báez, volvían a las sociedades de la familia Kirchner bajo la forma de alquileres de habitaciones de hoteles que ni siquiera se ocupaban.
Si Cristina Kirchner pretende hacerle creer a la ciudadanía que está siendo perseguida política y mediáticamente por su compromiso con los más humildes, su primer deber sería exhibir manos limpias y un elemental respeto por la Justicia y por normas de ética en la función pública que nunca mostró. De lo contrario, cualquier alegato moral no puede significar más que un desesperado intento por lavar un oscuro prontuario.
