martes, febrero 17, 2015

Cristina Fernández se recluye en su retiro de la Patagonia

Tras su imputación, la presidenta recurre a Facebook para enviar un mensaje a sus rivales

 

 

 

Tras conocer la noticia de su imputación por el fiscal Gerardo Pollicita, por el supuesto encubrimiento de terroristas iraníes en el atentado contra una mutua judía, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha recluido en su residencia de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Se espera que permanezca allí hasta el 19 de febrero, el día de su cumpleaños. Un día antes está prevista una multitudinaria marcha en Buenos Aires para protestar por la muerte, en extrañas circunstancias, del anterior fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman. La manifestación silenciosa convocada por los fiscales está provocando muchos nervios en el Gobierno por la posibilidad de que se convierta en una masiva protesta contra Kirchner y su círculo.
En la primera reacción tras su imputación, la viuda de Néstor Kirchner volvió a recurrir a las redes sociales para enviar un mensaje a la oposición sin referirse a la decisión del fiscal Pollicita: «¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos». Cristina Fernández de Kirchner (conocida por las siglas CFK), escribió ese breve mensaje en su cuenta oficial de Facebook, que iba acompañado de una imagen de un acto de esta misma semana y la enumeración de las últimas medidas sociales de su Ejecutivo.
Antes de conocerse su imputación, estaba previsto que la presidenta inaugurara este fin de semana varias obras públicas realizadas en El Calafate durante su gobierno. Por el momento, todo el Gobierno ha cerrado filas en torno a CFK a partir de la línea marcada por el jefe de gabinete de Kirchner, Jorge Capitanich, quien afirmó que la imputación es una estrategia de «golpismo judicial activo» para desestabilizar al Gobierno. En el mismo sentido, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó a través de Twitter que «la denuncia de Nisman no tiene sustento». «Todos los juristas de prestigio dijeron en estas semanas que detrás de la denuncia no hay una configuración de delito. Por lo tanto, debería haber sido desestimada», aseguró Rossi.
El Ejecutivo argentino agita el fantasma del golpismo, según el diario «La Nación», con la clara intención de quitar fuerza a la manifestación de la próxima semana y evitar que la oposición saque provecho de la creciente indignación social. De ahí que intente también descalificar esta movilización haciendo delirantes asociaciones y vinculándola con sectores antisemitas, narcos y «apropiadores de bebés». La intención es denunciar que habría un intento de desestabilización golpista, muy en la línea de la estrategia seguida por el gobierno venezolano que, periódicamente, asegura que ha deshecho una intentona de golpe de Estado o un supuesto complot contra la vida del presidente para acallar así a la oposición.

«Gravedad institucional»

Por el contrario, la oposición argentina celebró la apertura de una investigación contra Fernández. «Estamos en los primeros pasos, pero el hecho de que Pollicita haya decidido abrir el procedimiento judicial es porque analizó que la causa tenía suficientes elementos para arrancar», señaló a Efe la diputada Patricia Bullrich, de Propuesta Republicana (Pro). «Creemos que el memorándum con Irán fue la punta de un iceberg de negociaciones secretas y oscuras», agregó. Para el diputado radical Julio Cobos, la noticia «confirma la gravedad institucional» que atraviesa Argentina, al contar con «la presidenta de la nación imputada y el vicepresidente (Amado Boudou) procesado».
El fiscal Nisman había preparado la imputación de Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores del atentado terrorista contra la mutua judía AMIA, en el que murieron 85 personas en 1994. Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de «encubrimiento por favorecimiento personal agravado», según la presentación difundida en la página web de la Fiscalía argentina. Además, el fiscal considera que las acciones del Gobierno «podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público», informa Efe.