CUANDO LA CORRUPCIÓN ANDA SOBRE RIELES

Debe entenderse que si existe algún sistema por el cual las sociedades deben darlo todo, es la democracia. Ella no está exenta de tropiezos pero siempre saca a relucir las salvaguardas que permiten corregirlos. Cada vez que el facto ilegítimo en origen y en ejercicio subvirtió el orden establecido desplazándola y reemplazándola, la sociedad sufrió y mucho. Empero los tiempos recientes en Argentina mostraron que también desde la legitimidad de origen, se puede mancillar el estado de derecho, conculcar las garantías constitucionales, poner en un freezer la república ejerciendo la suma del poder y llenar bóvedas con dinero de la corrupción.

Aprovechándose de la dubitativa y deficitaria disposición del actual gobierno para ocuparse del área de la comunicación, sectores de la oposición languideciente arman su arsenal dialéctico y apuntan su resentimiento hacia una gestión que apenas llega a los cuatro meses.

La creencia de que en al amanecer del macrismo en el poder se concretarían acciones destinadas a dar cuenta de la situación hallada al abrir cajones, ficheros y archivos –que corroborarían presunciones reveladas en la campaña-, parecieron sufrir un extraño freno. Y ello generó desconfianza en el sentido de que lo que inicialmente se prometiera como una ronda de acuerdos con vistas a asentar la gobernabilidad, se fue diluyendo en la medida que la oposición rotuló como negociación lo que sería una desembozada extorsión.

Lo asuntos más urticantes y sensibles –incluyendo la revisión minuciosa de las cuentas públicas, el estado financiero de los organismos oficiales, el endeudamiento, la brecha fiscal y los contratos viciados de corrupción- pasaron a formar parte de una suerte de moneda de cambio en pos de posibles arreglos tendientes a evitar los grandes escándalos que se avizoraban.

Es así que se ha producido un curioso triángulo cuyos vértices se asientan en convertir el quórum parlamentario en factor extorsivo para atemperar las duras imputaciones sobre la administración saliente a cambio de aprobar leyes críticas, y presionar por el reintegro de montos descontados a las provincias de la recaudación primaria coparticipable. Y el tercer punto crítico de la figura geométrica lo marcó el propio gobierno al poner sobre la mesa un elemento muy caliente: la gravísima situación financiera del interior cuya remisión voluntariosa de anticipos del Palacio de Hacienda resultan como el aire, el agua y el pan pero no será inagotable. De allí que los gobernadores hayan sido los más entusiastas a la hora de arreglar con los holdouts y aplacar a los más díscolos de la bancada K.

Si algo faltaba para agitar más las aguas, el sábado 2 de abril  se produjo la detención en Córdoba del ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, de cuyas andanzas da cuenta el escritor Omar Lavieri en su libro El Rekaudador. Su nombre llenó los espacios de todos los medios a través de sus maniobras dolosas, algunas de las cuales culminaron en condenas judiciales pero varias más aún aguardan someterse al brazo de la justicia. Ello llevó a calificar su conducta como “corrupción seguida de muerte” (recordando la tragedia de la Estación Once, del F.C. Sarmiento).

Muy triste es que su defensor, Andrés Marutián, haya dicho que las gravísimas irregularidades cometidas en la compra fraudulenta a España y Canadá de coches ferroviarios en descarte –una virtual chatarra-  por 220 millones de euros, cuya mitad habría ido aparar al  bolsillo de Jaime, respondieron a “directivas de Néstor y Cristina Kirchner”. El material rodante y ahora desechado por ruinoso (unas 600 unidades), yace en cementerios ferroviarios del país como vergonzante muestra de una corrupción estructural que se pretendió cubrir con impunidad. Trasladar culpas a los jefes por temor a la celda, es un claro acto de deslealtad.

Nadie está obligado a cumplir mandatos superiores que involucren actos indecentes, delictuosos o criminales y en especial en el ámbito del Estado (civil o castrense).  Ergo, no se pueden consumar acciones que configuren delito basado en una descarada “obediencia debida”, a menos que se ejerza el rol de partícipe necesario en el ilícito, bajo promesa de una jugosa compensación. Ante la imposición de órdenes repudiables, siempre queda la vía de la renuncia como sustento ético. Una desobediencia debida.

Jaime y ahora Lázaro Báez, no valen tanto por lo que puedan admitir, sino por cuanto puedan revelar sobre terceros (incluyendo a Cristina Fernández y Julio De Vido). Los cruces cautelosos desde el ministerio de Transporte hacia la Casa Rosada para entregarle a Néstor Kirchner bolsas con dinero, revelados por testigos calificados, dan cuenta de una verdadera banda nacida y crecida a la sombra del poder.

Poco a poco irán desfilando ante los magistrados otras figuras relevantes del Clan Santa Cruz, mientras sigue en veremos la sentencia de un vicepresidente probadamente corrupto, elegido por el dedo de Cristina como compañero de fórmula. Ella misma se apronta para un inminente interrogatorio, que tendrá como cotillón de fondo una concentración frente a los tribunales repudiando la citación. Serán sólo silbidos en la oscuridad.

Julio de Vido, involucrado en investigaciones en Brasil y EE.UU. por supuestas coimas, ha sido distinguido con la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Es como si al Rey Herodes se le confiara la presidencia de la Comisión de Jardines de Infantes. Y el diputado Máximo Kirchner también deberá concurrir a los estrados por presunta vinculación con negocios turbios en común con Lázaro Báez, algo que resiste atribuyéndolo a una persecución política. Descalificar una convocatoria de la justicia tiene un fuerte tufillo a admisión de culpa.

Párrafo aparte para un tema poco abordado. La abogada Alessandra Minnicelli, segunda funcionaria en importancia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), órgano rector del sistema de control interno de la gestión pública, es la esposa de De Vido. Ella debía velar por la correcta administración y apego por las normas de su consorte.  Y tan poco se ocupó, que le allanó el camino hacia la corrupción por lo cual deberá ahora rendir cuentas ante los jueces.

Las sociedades que por mirar de reojo la realidad consienten los males que no merecen, terminan renunciando a los bienes que sí merecen. El estado de corrupción urdido y naturalizado por el kirhnerismo con un esmero digno de mejores causas y que tuvo en la gestión santacruceña una especie de banco de pruebas, destruyó el Estado y sus instituciones. Pero más daño le hizo a la fe y la esperanza de millones de argentinos.