Amado Boudou preso: Cristina Kirchner sabía todo
El detalle de cómo el kirchnerismo -y los amigos del vice- se apropiaron de la imprenta de los billetes.
Más que eso. No solo defendió a Boudou, nunca en declaraciones públicas pero sí a través de órdenes y estrategias que le hizo cumplir en privado, sino que también utilizó acciones gubernamentales, primero, para hacerle ganar dinero a esa imprenta cuando ya estaba bajo sospecha judicial. Y luego para intentar garantizarle impunidad a su vice -y a ella misma también- cuando envió al Congreso un decreto pidiendo que se estatice esa planta gráfica. Fue en agosto del 2012.
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Además del kirchnerismo legislativo, acompañaron a esa medida insólita diputados y senadores de la oposición. Jamás en la historia de la economía argentina el Gobierno había estatizado una compañía sin que sus accionistas mayoritarios reclamaran la indemnización que les corresponde por mandato de la Constitución Nacional.Quien presidió la sesión en el Senado cuando se trató esta cuestión fue el propio Boudou, titular de ese cuerpo debido a que ocupaba el cargo de vicepresidente de la República.
El juez Ariel Lijo ordenó este viernes la detención inmediata de Boudou. Y de su socio y mejor amigo desde los siete años, el millonario súbito José María Núñez Carmona.
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Y también le puso fecha a declaraciones indagatorias del acusado de ser otro de los testaferros de Boudou, Alejandro Vandenbroele; a otro de sus viejos amigos de Mar del Plata y gerente de su “holding”, Juan Carlos “El Sordo” López; y a una ex novia del ex vice, Agustina Kämpfer.Fue en el marco del expediente Ciccone que investiga el enriquecimiento ilícito de Boudou y el posible lavado de dinero gracias a la influencia que habría usado desde sus cargos de ministro de Economía y vicepresidente para generar negocios ilegales que se materializaban en el ámbito privado a través de Núñez Carmona y Vandenbroele.
El juez determinó que todas estas personas conformaron, con responsabilidades diferentes, una “asociación ilícita”.
Boudou ocupó el segundo cargo en importancia del Poder Ejecutivo, con todo el poder que eso conlleva en un país como la Argentina, aun tras volver al llano. Y Núñez Carmona, fiel a su estilo desapegado e informal ante las normas legales, desoyó las órdenes del tribunal cuando se le pidió que avisara de modo formal y diera explicaciones de sus viajes al exterior para hacer negocios. El socio del ex vice no cumplió. En su historial comercial y judicial esta fue siempre su regla, y no la excepción.
En las elecciones presidenciales de 2011, en las que ella eligió a Boudou como candidato a vicepresidente sin consultarlo ni con el peronismo ni con su Gabinete, el Frente para la Victoria intentó imprimir sus boletas electorales... en la imprenta Ciccone Calcográfica, ya bajo el mando de la sociedad comercial The Old Fund, presidida por Vandenbroele.
Ciccone asegura, y así lo dijo en el juicio oral sobre el caso, con Boudou enfrente suyo, que se vio presionado a entregarle a su firma gráfica a representantes del Gobierno K porque la AFIP le había pedido la quiebra mientras al mismo tiempo el mismo Estado no le pagaban fondos que le adeudaban por la confección de pasaportes.
Clarín publicó la primera nota sobre el caso el 18 de septiembre del 2011. La segunda, en noviembre de ese mismo año.Ni Gobierno K ni Boudou dieron explicaciones al respecto.
En febrero de 2012, la ex esposa de Vandenbroele, Muñoz, denunció a su ex esposo en declaraciones públicas y en la Justicia.
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La causa judicial Ciccone avanzó de tal modo, en la primera instrucción que llevó adelante el fiscal Carlos Rívolo junto al juez Daniel Rafecas, que Boudou, por orden de la Presidenta, se presentó en la Semana Santa de ese mismo año en un Senado vacío por los feriados para denunciar un complot que incluía, según él, al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, a Rívolo, a Rafecas, a empresarios del juego y de los medios, entre otros acusados más.Righi fue echado de su cargo por orden de la Casa Rosada. Rívolo fue apartado de la instrucción.
Rafecas también, aunque con un matiz: se dieron a conocer chats que el juez mantenía con un amigo de su infancia pero que también era amigo de Boudou, Ignacio Iturrazpe.
El caso pasó a ser investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
En abril de 2012, la Presidenta de la Nación le ordenó al Banco Central que contratase a Ciccone Calcográfica, ya en manos de los amigos y acusados de ser los testaferros del vice, para fabricar en esa planta gráfica 410 millones de billetes de 100 pesos.
A esa altura del primer año de la segunda gestión presidencial de Cristina, Ciccone Calcográfica ya era investigada por lavado de dinero en Uruguay.
O sea: el Estado Nacional imprimió dinero en una empresa investigada por lavado de divisas.
A los pocos meses, los billetes de 100 pesos de la Argentina se imprimían también en Brasil y Chile.
La ex Presidenta, hoy senadora nacional con fueros, supo lo que había hecho en su momento su vice, antes su ministro de Economía respecto a Ciccone, y otros negocios más de similar estilo.
Lo defendió pese al escándalo judicial y político desatado alrededor de una figura que se ganó su confianza absoluta.
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