Un acta secreta complica más a Máximo Kirchner en la causa Hotesur
Sonrisas. Máximo Kirchner sale, el mes pasado, de una inmobiliaria en Río Gallegos. Emmanuel Fernández
Un acta secreta complica más la situación
procesal de Máximo Kirchner en la causa Hotesur. Ese expediente debe
determinar si los hoteles de la familia presidencial se usaron para
cometer delitos con dinero de la corrupción, entre otras posibles
ilegalidades. El documento que beneficia en este caso al hijo de la
Presidenta intentó ser usado, según fuentes judiciales, para que sean
los directores de uno de sus hoteles el Alto Calafate los que deban dar
explicaciones a la Justicia, y no él.No es lo que iba a pasar si el juez Claudio Bonadio hubiese seguido al frente de la pesquisa, aseguraron fuentes judiciales a Clarín.
El acta era solo una de las pruebas que el magistrado recolectó sobre Kirchner hijo, antes de ser apartado de la pesquisa. El documento estaba en poder de Bonadio antes de que busque más información sobre el tema en las empresas K en Santa Cruz. Fue su ultima acción como juez del caso Hotesur, un expediente que se inició por el del programa de TV de Lanata y por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.
Mediante un sorteo, en el que como dictan las normas funcionó únicamente la energía mágica del azar, el caso recayó el viernes en el juzgado de Daniel Rafecas.
El acta de Máximo-Sanfelice fue realizada el 30 de septiembre del 2013 en la oficina de Leandro Albornoz, escribano del socio K Lázaro Báez. Este escrito dictamina que el presidente de Hotesur S.A, Osvaldo Sanfelice, le entregó en a Kirchner hijo un “Poder General Amplio de Administración y Disposición” sobre el Alto Calafate, empresa de la que él es accionista.La ley de sociedades anónimas dice que el cargo de presidente de una empresa como el Alto Calafate es “personal e indelegable”. En los hechos, eso significa que Sanfelice se desligó de esa responsabilidad. Y que Máximo tuvo, desde entonces, la potestad de tomar cualquier tipo de decisión comercial, bancaria, inmobiliaria, legal y administrativa sobre su hotel, sin tener que consultarlo con nadie.
Los directores, entonces, se transformaron en simples “pantallas”, o “fusibles”, ya que según las normas son ellos -y no los accionistas como Máximo-, los que deben dar explicaciones a la Justicia si sus empresas son investigadas por lavado de dinero, por ejemplo, como justamente pasa en el caso de Hotesur.
El acta entre Sanfelice y Kirchner hijo, de quien es además socio comercial, tuvo hecho concretos en los tribunales. Cuando el Alto Calafate empezó a ser investigado por posibles maniobras de lavado de dinero, los únicos involucrados en la empresa que presentaron abogados fueron dos miembros de su directorio: la sobrina de la Presidenta, hija de Alicia Kirchner, Romina Mercado y Sanfelice. También lo hizo el empresario Báez, quien explotó el hotel de forma comercial hasta el 2013, cuando sus finanzas empezaron a ser investigadas por lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Suiza. Máximo no presentó nunca abogados ante Bonadio.
El acta que firmó con Sanfelice asegura que la empresa renovó sus autoridades en una asamblea del 14 de marzo del 2013. Esa asamblea nunca fue registrada ante el Estado, demostró la Justicia. El “Poder de Admnistración y Disposición” que le fue otorgado a Máximo es el más amplio que puede otorgar un escribano a un accionista de una sociedad. Uno de las facultades que pudo haber tomado el hijo presidencial, por ejemplo, era “confirmar o extinguir modificar … o subsanar actos y contratos” firmados por su sociedad.
Durante cuatro años, la firma Hotesur S.A fue explotada comercialmente por Lázaro Báez, que les pagó por a los Kirchner por el alquiler de ese negocio alrededor de 5 millones de pesos por año. El resto de las finanzas del hotel en esa época le daban a la Justicia indicios de maniobras típicas de lavado. Hoy la administración de ese hotel K la tiene Sanfelice. Paga por alquilarlo 800 mil pesos año. Deberá rentarlo por 24 períodos para que los Kirchner ganen lo que ganaron con ese mismo negocio gracias a Báez. Las sospechas de la Casa Rosada sobre una posible citación a indagatoria en la causa Hotesur estaban basadas en información concreta sobre la causa. Existían pruebas en su contra. Como el acta que, hasta hoy, era secreta