El fiscal pidió la indagatoria de Echegaray y de la titular de la Casa de Moneda
Otros tiempos. Boudou, como ministro de Economía, con Katya Daura, titular de Casa de la Moneda.
La causa Ciccone compromete a cada vez más
funcionarios del Gobierno Nacional. Y también a algunos de los más
poderosos integrantes del mercado financiero, a los que la Justicia
vincula con el dinero que usó la sociedad The Old Fund para adueñarse en
el 2010 de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.
Entre otras medidas de prueba, el fiscal Jorge Di Lello le solicitó ayer al juez del caso, Ariel Lijo, que cite a declaración indagatoria a la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, y también otros directivos que tuvo ese organismo. Daura es una funcionaria que responde al principal procesado en el expediente, el vice Amado Boudou.
Para Di Lello, hay suficientes “pruebas” que muestran que Daura y algunos de sus subalternos “intervinieron en la maniobra consistente en dejar sin efecto la licitación pública 58/2009 que tenía como objetivo la renovación de máquinas” de la Casa de Moneda, una proceso que culminó con la contratación estatal de Ciccone para que imprima 410 millones de billetes de cien pesos.
Lijo procesó a Boudou porque consideró que mediante The Old Fund se adueñó de esa empresa gráfica junto a su socio, el millonario José María Núñez Carmona.
El fiscal también pidió ayer la indagatoria para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, algo que ya había requerido hace unos meses, una sugerencia que no fue tomada en cuenta hasta ahora por Lijo, quien considera que no hay elementos suficientes para involucrar a ese funcionario en hechos delictivos cometidos en esta trama.
En su escrito elevado al juez, el fiscal dejó asentado que tiene especial interés en se que avance en la pesquisa sobre el origen de la “ruta del dinero” que se utilizó para hacer funcionar Ciccone, tal como había adelantado Clarín.
Es por eso que pidió que se citen como testigos, entre otros protagonistas del mercado de las finanzas, al titular del banco Macro, Jorge Brito, cercano a Boudou, y al empresario Raúl Moneta, quien aseguró en la Justicia que tuvo participación en el manejo de los fondos de The Old Fund.
Brito tuvo una estrecha relación con Boudou durante su gestión como ministro de Economía. La sociedad The Old Fund usó cuentas de su entidad para operar en Ciccone Calcográfica. Y a eso se suma que un ex gerente del Macro, Máximo Lanusse, fue vicedirector de la empresa gráfica y ex gerente del banco Macro, entre otros trabajos. Di Lello le dijo a Lijo que cree que hay pruebas suficientes para imputar a Lanusse en la causa.
El fiscal sumó a su pedido de medidas que se llame a declarar como testigos a los titular de los bancos Finansur, Mariva, Industrial y BST. Y a los integrantes de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, quien transfirió varias decenas de millones de pesos a The Old Fund.
Y solicitó además que declaren en calidad de imputados uno de los integrantes de la familia Ciccone, Pablo Amato. Y dos ex integrantes de The Old Fund que son viejos conocidos de Boudou: Jorge Capirone, ex integrante del directorio de esa sociedad; y uno de los accionistas minoritarios que tuvo la firma, Sergio Gustavo Martínez.
Di Lello explicó que busca “agotar la recolección de elementos que permitan poner fin a esta etapa de instrucción en función de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
Mientras tanto, la Cámara Federal deberá decidir si ratifica el procesamiento de Boudou.
Entre otras medidas de prueba, el fiscal Jorge Di Lello le solicitó ayer al juez del caso, Ariel Lijo, que cite a declaración indagatoria a la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, y también otros directivos que tuvo ese organismo. Daura es una funcionaria que responde al principal procesado en el expediente, el vice Amado Boudou.
Para Di Lello, hay suficientes “pruebas” que muestran que Daura y algunos de sus subalternos “intervinieron en la maniobra consistente en dejar sin efecto la licitación pública 58/2009 que tenía como objetivo la renovación de máquinas” de la Casa de Moneda, una proceso que culminó con la contratación estatal de Ciccone para que imprima 410 millones de billetes de cien pesos.
Lijo procesó a Boudou porque consideró que mediante The Old Fund se adueñó de esa empresa gráfica junto a su socio, el millonario José María Núñez Carmona.
El fiscal también pidió ayer la indagatoria para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, algo que ya había requerido hace unos meses, una sugerencia que no fue tomada en cuenta hasta ahora por Lijo, quien considera que no hay elementos suficientes para involucrar a ese funcionario en hechos delictivos cometidos en esta trama.
En su escrito elevado al juez, el fiscal dejó asentado que tiene especial interés en se que avance en la pesquisa sobre el origen de la “ruta del dinero” que se utilizó para hacer funcionar Ciccone, tal como había adelantado Clarín.
Es por eso que pidió que se citen como testigos, entre otros protagonistas del mercado de las finanzas, al titular del banco Macro, Jorge Brito, cercano a Boudou, y al empresario Raúl Moneta, quien aseguró en la Justicia que tuvo participación en el manejo de los fondos de The Old Fund.
Brito tuvo una estrecha relación con Boudou durante su gestión como ministro de Economía. La sociedad The Old Fund usó cuentas de su entidad para operar en Ciccone Calcográfica. Y a eso se suma que un ex gerente del Macro, Máximo Lanusse, fue vicedirector de la empresa gráfica y ex gerente del banco Macro, entre otros trabajos. Di Lello le dijo a Lijo que cree que hay pruebas suficientes para imputar a Lanusse en la causa.
El fiscal sumó a su pedido de medidas que se llame a declarar como testigos a los titular de los bancos Finansur, Mariva, Industrial y BST. Y a los integrantes de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, quien transfirió varias decenas de millones de pesos a The Old Fund.
Y solicitó además que declaren en calidad de imputados uno de los integrantes de la familia Ciccone, Pablo Amato. Y dos ex integrantes de The Old Fund que son viejos conocidos de Boudou: Jorge Capirone, ex integrante del directorio de esa sociedad; y uno de los accionistas minoritarios que tuvo la firma, Sergio Gustavo Martínez.
Di Lello explicó que busca “agotar la recolección de elementos que permitan poner fin a esta etapa de instrucción en función de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
Mientras tanto, la Cámara Federal deberá decidir si ratifica el procesamiento de Boudou.