Una voz de alarma que molestó al Gobierno
Por Mariano De Vedia | LA NACION
Como pocas veces en los últimos años, el kirchnerismo
respondió con duras voces y en cuestión de horas el duro documento del
Episcopado, que llamó a atender en forma dramática el flagelo de la
inseguridad. El grave diagnóstico de una "Argentina enferma de violencia" sorprendió
y molestó al Gobierno, mientras ultimaba detalles para rendir
homenaje hoy al padre Carlos Mugica, símbolo del compromiso con la
opción por los pobres, asesinado hace 40 años.
La aguda percepción de la Iglesia puso abruptamente al oficialismo de cara a la realidad,
pese a que no eran pocos quienes creían avanzar en un camino de
rosas y de coincidencias con el Vaticano, luego de que el papa Francisco
recibiera por tercera vez en un año a la presidenta Cristina Kirchner.
Pocos
días antes de la asamblea, el presidente de la Comisión de Pastoral
Social, monseñor Jorge Lozano, llevó tranquilidad a sus compañeros en el
Episcopado sobre el rumbo que debían tomar para analizar la situación
social. "El papa Francisco está al tanto de todo lo que pasa en el
país", dijo públicamente, cuando desde el Gobierno se intentó
relativizar las mediciones que reflejaban un leve crecimiento de la
pobreza, que a fines de 2013 llegaba al 27,5% de la población, según el
registro del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Los
obispos venían advirtiendo que las condiciones de seguridad en el país
no son las mejores. Así lo dejaron en evidencia cuando hace seis meses
denunciaron el creciente avance del narcotráfico y la "complicidad y
corrupción de algunos dirigentes". En ese documento -en la última
asamblea plenaria- señalaron que el país estaba corriendo "el riesgo de
pasar a una situación de difícil retorno".
La respuesta del
Gobierno a ese pronunciamiento fue más política que efectiva, al nombrar
al frente de la Sedronar al padre Juan Carlos Molina, un sacerdote con
indisimulados lazos con el kirchnerismo y muy pocos vínculos con la
conducción de la Iglesia.
Los obispos llegaron el lunes último a
la asamblea episcopal con las dramáticas descripciones de las
situaciones de violencia y de inseguridad que perciben, a través de
distintos testimonios, en sus diócesis. El propio presidente del
Episcopado, el moderado y dialoguista José María Arancedo, convive
diariamente en Santa Fe con las secuelas del negocio del narcotráfico. A
ello sumaban los datos del Observatorio de la UCA, cuyas mediciones
también señalan un agravamiento de los problemas de inseguridad. El año
pasado, el 30,3% de la población había sufrido un hecho de delincuencia.
El
propio Arancedo reclamó el lunes, en la apertura de la asamblea, una
"actitud decidida frente al delito". Y recordó que el padre Carlos
Mugica, reivindicado por el propio kirchnerismo, fue víctima de la
violencia, por lo que pidió avanzar "en el camino de la concordia y la
reconciliación".